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Secretarías, estados y municipios incumplen en su obligación de transparentar información

Amedi
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junio02/ 2016

Animal Político. Tania L. Montalvo

Tuvieron un año para cumplir con la obligación de transparentar información pública, pero ante el retraso en el que incurrieron poderes de gobierno, secretarías de estado, municipios y entidades federativas recibieron seis meses más para acatar la orden de garantizar el derecho de acceso a la información.

Aún así, los sujetos obligados a entregar datos bajo la Ley General de Transparencia —que se puso en marcha el pasado 4 de mayo— no han avanzado en el mandato de transparentar información vinculada a sus funciones.

De 161 sujetos obligados revisados, entre los que se incluye los poderes ejecutivo y legislativo de los estados (64 en total), los 47 municipios más poblados del país y las principales 50 instancias de gobierno de la Administración Pública Federal, sólo 10 han cumplido en transparentar información en su sitio web, tal como indica la ley.

Cinco sujetos obligados han comenzado a hacer los cambios (están en proceso de armonización), y el resto continúa ignorando el mandato legal, según una evaluación de la organización Iniciativas Humanas y Sociales A.C. realizada con apoyo de la Red por la Transparencia Activa.

El artículo 70 de la Ley General de Transparencia indica que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno —más de 800 sujetos obligados— deberán publicar (y actualizar) en su sitio web información sobre sus funciones y operación.

Entre la información que deberán publicar están los reglamentos, directorios, contratos, total de plazas y salarios, prestaciones, bonos entregados, viáticos, declaraciones patrimoniales o datos curriculares.

También se deberá incluir información sobre deuda pública, listado de licitaciones y adjudicaciones directas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, entre otros.

El límite legal para cumplir con estas obligaciones era el 5 de mayo, un día después de que entrara en vigor la Ley General de Transparencia. Sin embargo, ante el retraso de los sujetos obligados el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió ampliar seis meses más el plazo, hasta el 5 de noviembre próximo.

“Para el 5 de mayo los sujetos obligados debieron estar listos para cumplir con estas obligaciones. El límite legal no se cumplió y se amplió pero estamos viendo como la mayoría sigue sin avanzar y negándose a que la transparencia suceda lo más pronto posible. Tenemos qué evaluar cómo se da este avance y evitar que vuelva a ocurrir que llegue el plazo y los sujetos obligados no cumplan”, dijo en entrevista Pedro Carta, director general de Iniciativas Humanas y Sociales A.C.

Quién cumple y quién no

En la evaluación hecha entre el 29 y 30 de mayo se encontró que ningún estado tiene disponible la información pública según lo establecido en la Ley General de Transparencia. Sólo dos gobiernos estatales (Hidalgo y Tamaulipas) registran avances y el resto no ha empezado.

En la Administración Pública Federal, el Senado de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral, ya cumplieron con su obligación.

De los partidos políticos, que con esta legislación ya están obligados a transparentar y entregar información, sólo el Partido Acción Nacional (PAN) cumple con lo establecido en la Ley sobre la publicación de datos en su sitio web.

Para Pedro Carta, la evaluación ciudadana es importante para garantizar que los sujetos obligados no sólo cumplan con el mandato y plazo legal, si no que se de “un paso mayor hacia la transparencia con todos los sujetos publicando su información en los mismos términos, con la misma lógica y que cualquier ciudadano pueda consultarla”.

El INAI publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la publicación, homologación y estandarización de la información para los sitios web y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Éstos indican de qué forma debe publicarse la información con el objetivo de que todos los datos se presenten en los mismos formatos y términos.

La información deberá actualizarse cada tres meses pero conservando versiones históricas que también estarán disponibles, ser gratuitos y con el “máximo desglose posible”. También se indica que se debe entregar en formatos abiertos para su consulta y procesamiento digital.

Hasta ahora, el avance entre los sujetos obligados es prácticamente nulo, según la evaluación ciudadana.