México es el país de América Latina con el Internet más rápido con 7.4 Mbps a junio de 2016, superando por primera vez a Chile. Según la medición de Akamai en su informe State of Internet de abril-junio de 2016, México registró el mejor promedio de velocidad en Internet, equivalente a 7.368 Mbps, por encima del país que en los trimestres anteriores había sido el líder en la región, Chile, que en junio de 2016 reportó una velocidad promedio de conexión a Internet de 6.980 Mbps. Doce meses atrás, México era superado por Uruguay (5.9 Mbps) y Chile (5.6 Mbps).
¿Así o más claro? Quienes sienten pudor por reconocer sus éxitos, no hay razón, los felicito, deben sentirse satisfechos. La reforma telecom sigue generando indicadores demoledores. A los apologistas del desastre les obsequio una razón más para padecer el éxito de todos, subrayando el impacto económico e incalculable beneficio social.
La competencia efectiva es incuestionable y demoledora, ya generó respuestas a las causas que dieron origen a la más compleja reforma, no de telecom, sino de la economía digital. Mientras el mercado sigue dando muestras de solvencia, algunos perseveran en la búsqueda del cisne negro regulatorio que afecta a las empresas y que los usuarios son incapaces de ver ad absurdum.
¿De qué sirve tanto ancho de banda? Todo lo que pueda ser digital será digital, incluida la política pública. El gobierno que no diseñe política pública para el acceso a servicios públicos y para la administración en el universo digital será ineficiente, poco transparente y cercano a lo corrupto.
El universo digital tiene la habilidad de mostrar ineficiencias en la cadena de valor de empresas, pero también de la acción pública. El uso eficiente de las TIC en la acción pública habilita otros derechos fundamentales como educación, salud, cultura, seguridad; fortalece la economía nacional, de las ciudades y las instituciones democráticas. Hay que poner en el más alto nivel de prioridad el diseño de política digital. Debemos hablar de política digital para la educación, para la salud, para la cultura, para las ciudades, para la transparencia y acceso a la información pública, para el proceso electoral…
Es simple comprender la necesidad de diseñar política digital y sus beneficios, pero resulta una pesadilla saber por qué no se realiza con vigor, urgencia y orden. Dos casos positivos. Secretaría de Cultura: Rafael Tovar y de Teresa es de los pocos que se emociona, maneja el lenguaje y diseña política digital para la cultura, incluso acaba de crear un órgano para el diseño y seguimiento de la agenda digital para la cultura. Ahora promueve el espacio digital de la cultura en Iberoamérica. SEP: presentará una estrategia digital que dará orden a la monotemática idea de obsequiar tabletas. Ahora busca alinear la conexión a la escuela, infraestructura digital en el aula, dispositivos y contenidos. Excelente.
Ciudades digitales. Más de 20 eventos en América Latina y verdaderas iniciativas de ciudades digitales; Brasil comenzó un proyecto de más de 80 ciudades digitales y en México no hay una sola iniciativa seria. Solo eventos frívolos, manidas declaraciones, lugares comunes y asociaciones de oportunidad como la Mexicana de Ciudades Inteligentes que pide presupuesto al Congreso, eventos pretenciosos de Smart Cities como el organizado en Puebla el año pasado y recientemente en la Ciudad de México.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha tenido los últimos 4 años a su lado a la directora general de la UNESCO, al presidente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como a la Comisión Mundial de Banda Ancha y ha sido incapaz de comprender la relevancia del tema.
Recientemente organizó un foro donde, como en los otros casos, faltó lo primordial: pensar en el diseño de política pública en la forma de una agenda digital. No son primero las aplicaciones ni las compras, ni la tecnología, ni el presupuesto. Primero es la hoja de ruta, la política pública. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué servicios en línea? Seguridad, productividad, derechos digitales de los ciudadanos en las urbes y consignados en la nueva Constitución. Primero política pública, después política pública y al final tecnología, presupuesto y proveedores. Es un llamado al reto de diseñar e imaginar la nueva política pública del siglo XXI, la digital.
@fernegretep
Analista de telecomunicaciones