Especialistas y académicos advirtieron que presiones políticas, económicas y la violencia provocan autocensura y restricciones a la libertad de expresión de medios y periodistas en México.
De acuerdo con un comunicado de la CDHDF, en el marco del “II Coloquio sobre el Derecho a la Información, Voces de la Ciudad: Hacia el Reconocimiento de su Derecho en el Marco del Constituyente”, la representante en México de Freedom House, Mariclaire Acosta, destacó que los más recientes indicadores del organismo internacional ubican a México como un “país no libre en materia de prensa”,en el cual existe un alto peligro para el ejercicio periodístico, donde además se registran graves ataques a defensores de derechos humanos que asumen casos de comunicadores.
Acosta advirtió que la libertad de expresión está amenazada por la corrupción, la impunidad, el poder político, económico y la complacencia de la autoridad frente a las agresiones del crimen organizado contra los periodistas, lo que calificó como lo más peligroso, además de que los comunicadores sólo se pueden proteger con la autocensura.
Agregó que mientras antes solo se reportaban ataques en el interior de la República, ahora también se registran en la Ciudad de México, lo que impide una democracia plena en un Estado de Derecho.
Por su parte, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, estudioso de la comunicación desde los medios, la academia y el servicio público, consideró que distinto a algunas garantías que tienen los periodistas para ejercer su labor en la Ciudad de México, no hay comparación con los comunicadores que informan en el interior del país, quienes enfrentan carencias económicas, presiones del poder público y político, además de violencia e incluso agresiones y atentados del crimen organizado que indudablemente inhiben su trabajo.
Guerrero Chiprés mencionó la existencia de casos de ataques y presiones contra comunicadores que son “muy mediáticos y ocupan reflectores”, pero se han soslayado las agresiones al resto de los casi 26 mil comunicadores que trabajan en el país, quienes en mayor o menor medida han sido víctimas de presiones de todo tipo, incluso hasta han perdido la vida por su labor.
Añadió que pareciera que la violencia, la inseguridad y la corrupción “ya es un gasto fijo que inversionistas nacionales y extranjeros contemplan en sus presupuestos de operación, lo cual impacta a la democracia y Estado de Derecho, abonado por la limitada libertad de expresión de medios y comunicadores, temas que ocupan el último lugar en la agenda política”.
A su vez, Mauricio Gabriel Romero, colaborador de la revista “Contralínea”, acusó la indefensión de los comunicadores que trabajan tanto en los llamados “medios formales” como en los alternativos: “Cuántos periodistas tienen salario fijo, seguridad social, herramientas de trabajo y horarios cuantificados para realizar su labor, entre otras necesidades sin cubrir”, se preguntó. En ese sentido, afirmó que esta situación limita su libertad de expresión y la calidad de su información.