Especialistas en derecho a la información y defensores de la libertad de expresión coincidieron en que la sentencia en contra de la periodista Carmen Aristegui en el juicio por daño moral que emprendió el empresario Joaquín Vargas en su contra tiene un “tufo de censura”. Reunidos en el marco del quince aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, manifestaron su preocupación por la utilización de la vía judicial para inhibir el ejercicio periodístico.
“Es lamentable, puede haber en un Estado de Derecho sentencias que sean perfectamente legales pero no legítimas, el caso de una censura como a la que invita esta sentencia es muy lamentable en un Estado de Derecho que reclama, debate”, dijo Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente del Consejo Directivo de la AMEDI.
“Carmen sin duda alguna ha demostrado que investiga, que ejerce su libertad de expresión, que es una mujer ponderada y responsable pero que además le genera a buena parte de la sociedad, le transmite información vital para construir una opinión pública la voz de Carmen es una voz que construye opinión pública y que se vuelve colectiva y que además se vuelve parte del debate de los grandes temas nacionales, la sentencia me parece que no es legítima, podrá ser legal pero tiene un tufo de censura inevitable”, agregó.
Aleida Calleja, ex presidenta del Consejo Directivo de la Amedi y actual coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, opinó que la resolución del juez es “errada y cuestionable, porque no puede castigarse la opinión, es decir lo que hace la periodista Carmen Aristegui es manifestar su punto de vista respecto de lo que cree que sucedió por su salida de MVS y no hay en ningún momento, no veo en el texto elemento que insulte al empresario, todo lo contrario, lo que ella reconoce es la capacidad del empresario y que ella asume y cree que se vio sumamente presionado por el poder político para hacer lo que hizo”.
Y aclaró que “solamente hay un agravio cuando esa información te causa un daño o es una información inexacta o es una información falsa, en estos casos en la opinión no puedes plantear eso, incluso ni siquiera aplica el criterio mínimo de la real malicia que es un criterio muy importante en los juicios sobre libertad de expresión especialmente los que tienen que ver contra el honor”.
Finalmente, Calleja confió en que la resolución del juez se apele y llegue al Máximo Tribunal del país. “Debería llegar a la Corte, a mí me parece que es un asunto que pone también a prueba el poder judicial nuevamente”.
Por su parte, Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se dijo “realmente preocupada” por lo que calificó como “una nueva pelea igualmente absurda como las que ha tenido que enfrentar Carmen”.
Consideró que este caso “nos obliga a formarnos una opinión y a aprender mejores maneras para luchar contra estas acciones totalmente absurdas y llenas de soberbia y de poder; y yo le diría que no tiene por qué preocuparse porque todo el gremio de sus amigos, de sus colegas y de los otros periodistas cada día se sorprenden más, pensamos que ya no habría más sorpresas y nos encontramos con esta que es todavía más absurda. Me parece que es absolutamente cuestionable pero lo único que han logrado es fortalecerla”.
Gabriel Sosa Plata, ex ombudsman de MVS, y actual defensor de la audiencia en el Canal 22, respaldó las posturas de organizaciones como Artículo 19. “Esta sentencia sienta un mal precedente en materia de libertad de expresión porque lo que hizo la periodista Carmen Aristegui fue emitir una opinión, un diagnóstico sobre la situación que ella vivió y finalmente una presentación; también una interpretación del significado y la importancia que tiene este reportaje sobre la denominada Casa Blanca. Una de las consideraciones para que se pueda argumentar un daño moral es de que exista una real malicia“.
Cuestionó la congruencia con la que se conduce MVS Radio, propiedad de la familia Vargas, que por un lado acusa daño moral por parte de Carmen Aristegui, pero en su momento también montó una campaña de desprestigio en contra “de su periodista estrella”, o también cuando desde su emisora se divulgaron conversaciones privadas del periodista Pedro Ferríz de Con.
“Se transmitieron conversaciones íntimas, privadas que tuvo el periodista con una mujer, una mujer periodista también por cierto y se utilizó esta información como para señalarlo en cuanto a su honor, en cuanto a su dignidad y sin embargo, Pedro Ferriz de Con, en una actitud quizá también de respeto a la libertad de expresión, cuando tenía todas las posibilidades de presentar una demanda por daño moral no lo hizo; entonces como que no predican con el ejemplo cuando en sus propias empresas pues no precisamente llevan a cabo las mejores prácticas en materia de respeto al honor, dignidad e imagen de las personas”, abundó.
Al recibir un reconocimiento por su su ejercicio periodístico en materia de derecho a la información, el periodista Jenaro Villamil lamentó el intento de judicializar la labor informativa y dijo que el derecho de réplica se ha usado como un instrumento de presión.
“Está el ejemplo clarísimo de la demanda por daño moral que Joaquín Vargas interpuso en contra de Carmen Aristegui por escribir su punto de vista en un prólogo o está la damanda de Grupo Televisa contra Proceso y contra un servidor por derecho de réplica”, expresó, “en fin, se vienen batallas todavía muy duras“.