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Jueces vasallos

Amedi
Amedi
marzo16/ 2016

Sergio Aguayo. Reforma.

 

A la memoria de Manuel Ruiz Figueroa, maestro primero, amigo después.

Para el magistrado federal Óscar Germán Cendejas el despido de Carmen Aristegui de MVS tenía “aroma de censura”. Lástima, añadió, que el marco legal le impedía proteger a los afectados. En el último año otros 19 jueces hicieron lo mismo. Muchos legalismos, poquísima justicia.

El 15 de marzo de 2015 MVS despidió a Carmen y su equipo. Fue un año de litigios. El magistrado Cendejas (tribunal federal especializado en telecomunicaciones) reconoció la censura cuando se discutían los amparos interpuestos por tres integrantes de la mesa política (Dresser, Meyer y Aguayo) y tres radioescuchas (Luis Zambrano, Manuel Gil y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., ODI) que llevó el asunto gratuitamente. Los seis jueces que vieron nuestro asunto desecharon los amparos (lo mismo hicieron 15 de los que abordaron los recursos de Carmen).

Ocasionalmente reconocían que teníamos la razón pero siempre encontraron la forma de escabullirse e ignorar las reformas a la Constitución del 10 de junio de 2011 y la ley de amparo de 2013. Hubo una excepción. El juez Fernando Silva García llegó al fondo del asunto y aseguró que las radios y televisoras son servicios públicos de interés general y que el Estado debe garantizar la pluralidad y la veracidad de la información. La conclusión lógica era que MVS fue una autoridad responsable que había violado derechos. Silva García fue una voz aislada que rápidamente silenciaron las togas vasallas.

Las discusiones que tuvieron y los fallos que emitieron esos 20 jueces permiten asegurar que la justicia mexicana tiene favoritos y evade los temas de fondo cuando atiende asuntos vitales para los poderosos. Se dice con frecuencia que en el despido de Carmen influyó el rencor que le tiene la pareja presidencial por la difusión sobre la Casa Blanca. Sin descontar la dimensión personal tras la expulsión, en tribunales se jugaba el sistema de privilegios construido en torno a las concesiones. Aceptar que una empresa radiofónica era autoridad responsable abría las puertas para una lluvia de amparos contra empresas concesionadas.

En el trasfondo está una realidad: la mayoría de los abogados son pretorianos de la impunidad. En 2009 la UNAM publicó un libro de Luis Fernando Pérez Hurtado, quien entrevistó a 21 mil 798 estudiantes de 45 escuelas de Derecho. Encontró que uno de cada cinco entró a estudiar leyes para combatir injusticias, corrupciones e impunidades. Cuando terminaban la carrera se les había escapado el compromiso. Cito un par de entrevistas incluidas en el libro: “tenía la idea de [que era posible la] justicia, ahora no” o “creí encontrar [en el derecho] la solución de algunos problemas, hoy me doy cuenta que me equivoqué”. Hay abogados que preservan la congruencia y son fundamentales para un futuro de legalidad con justicia.

El amansamiento de los licenciados aparece en una frase pronunciada por otro, Patricio González Loyola, magistrado del Tribunal mencionado. Aceptó que era un asunto de derechos humanos y por tanto susceptible de ser protegido por el Tribunal Federal. Por un instante se puso soñador y dijo que “como idea de país sería conveniente avanzar” en esa dirección; inmediatamente se corrigió y sentenció que “nuestro sistema de justicia todavía no está a ese nivel”. Se atrincheran en legalismos para disimular su falta de consistencia.

El resultado está a la vista. La Suprema Corte a veces nos deslumbra con su autonomía, pero ninguno de los ministros quiso atraer el caso Aristegui para una discusión a fondo sobre el asunto. La autonomía del Poder Judicial termina cuando está en juego la impunidad de los poderosos. El Estado concesiona bienes públicos, los empresarios los usan a su antojo y, en el caso de los medios de comunicación, censuran cuando así conviene a sus intereses y los jueces se convierten en súbditos del poder.

No extraña, por tanto, la reversión generalizada en avances logrados en nuestra incompleta transición a la democracia. Desde el poder intentan silenciar las voces incómodas. Esta semana, por ejemplo, Maite Azuela fue despedida de El Universal sin explicaciones, la revista Proceso sigue padeciendo un boicot publicitario y ejercer el periodismo de investigación es un oficio cargado de peligros. Hay, por supuesto, focos de resistencia alimentando la libertad de expresión. Ni los jueces vasallos ni sus amos nos callarán.

Colaboró Maura Álvarez Roldán.

www.sergioaguayo.org