La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió “celeridad” a la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados así como de la Ley General de Archivos, al advertir que filtraciones como las del padrón electoral con información de 93 millones de mexicanos “evidencian la necesidad de contar con una legislación robusta que proteja la privacidad y los datos personales, así como sancione las violaciones que sobre ellos se cometan”.
No obstante, también sostuvo que la protección a la privacidad no debe impedir el conocimiento de asuntos de interés público como ocurrió con otra filtración, la de los Papeles de Panamá.
La ley, enfatizó, debe reforzar los llamados derechos ARCO, referidos a “acceso, rectificación, cancelación y oposición”, a fin de evitar la intervención arbitraria de la autoridad así como informar y notificar a los afectados sobre sus datos.
Si bien la Amedi hizo un reconocimiento a ambas cámaras por haber aprobado en el plazo establecido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues consideró que así se complementa el proceso de consolidación de la reforma constitucional en la materia, hizo notar que “varios puntos a discusión ya no fueron incluidos en la redacción final”.
Con las sociedades cada vez más conectadas y digitales, se potencian los derechos fundamentales pero también se pone en riesgo la información que circula en las redes o almacenan gobiernos, empresas e instituciones, así que la Amedi insistió que sería deseable que, como ha ocurrido en otras naciones, se contemplara el factor tecnológico en la nueva ley, aplicable al ámbito público pero que inevitablemente se relaciona con el privado a partir de las relaciones o transacciones entre ambos.
Sólo 12 estados han homologado sus normas con la ley de transparencia
A los gobiernos estatales, la asociación les hizo un enérgico llamado para que armonicen su normatividad local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo quinto transitorio estableció un plazo de hasta un año para que lo hagan pero que concluye el próximo 5 de mayo.
La Amedi precisó que 20 estados no han cumplido y fustigó que “en algunos Congresos locales ha prevalecido el desinterés, la opacidad, la resistencia e incluso el rechazo para que organizaciones de la sociedad civil participen del debate, discusión y elaboración de las leyes de transparencia locales” y entre ellos destacó el caso del congreso de Puebla.
Los otros 19 estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En cambio las siguientes 12 entidades ya homologaron su legislación con la Ley General de Transparencia: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
La asociación también exhortó al Congreso de la Unión a aprobar la legislación para el combate a la corrupción al sostener que está íntimamente ligada con la transparencia, toda vez que la sociedad demanda honestidad, rendición de cuentas y sanciones para las autoridades, funcionarios y representantes políticos que incurran en actos de corrupción así como de particulares y empresas que la fomenten o se beneficien. El Congreso, dijo, está obligado a tomar en cuenta la iniciativa 3 de 3.