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Coincidencias en derechos, convergencia y pluralidad

Jorge Fernando Negrete
abril18/ 2016
Reforma
Hace un par de semanas publiqué una reflexión desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Sostuve que las libertades comunicativas, de expresión, de pensamiento y el libre flujo de ideas son universales y se ejercen en el mundo digital.
Estos derechos no se ejercen sin infraestructura y su ejercicio pleno es directamente proporcional a la frontera tecnológica vigente. A mayor innovación tecnológica y de modelos de negocios, mejores oportunidades para el ejercicio del derecho a la información.
Estos días he encontrado 2 hechos relevantes. El primero fue el relanzamiento de la antigua OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica). Emilio Azcárraga, flamante presidente, destacó que “la transformación de la OTI atiende la necesidad de no permanecer indiferente ante los retos y oportunidades que ofrece el nuevo mundo convergente” y que  “velará por la defensa de la libertad de expresión”.
Coincido con él y con su vocación por comprender que la libertad de expresión y los derechos fundamentales se ejercen hoy a través de las TIC y en un ecosistema convergente.
El segundo hecho fue la audiencia pública “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de abril.
Los peticionarios denunciaron los efectos al acceso, la diversidad y el pluralismo del decreto de necesidad y urgencia aprobado por el nuevo gobierno argentino. Reclamaron a la CIDH que solicite al Estado el “apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual”; que “repare los derechos a la comunicación vulnerados”; que “acepte el asesoramiento técnico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial”; y que “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
Un día antes, el 5 de abril, el diario Clarín expresó: “en torno a la comunicación audiovisual y las telecom, existe un futuro muy cercano que estamos viviendo en el presente. Debido a los avances tecnológicos, a diario observamos cómo la estricta división entre el conjunto integrado por radio-televisión y telefonía se va difuminando lentamente. Cada vez más Internet se ofrece como un ámbito de convergencia de la radio, la televisión, la telefonía y la prensa escrita”.
El desafío consiste en visualizar el derecho fundamental de acceso a Internet como una precondición de la democracia, la neutralidad de la red como un contenido esencial  de este derecho y la convergencia como una garantía de un derecho a la comunicación resignificado.
Clarín concluyó: “una ley que regule la convergencia audiovisual y comunicacional en el presente es necesaria para disfrutar adecuadamente ese futuro tecnológico”. Nuevamente coincido. Durante la audiencia, el presidente del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, manifestó que “si no se piensa una política de convergencia, se limita la libertad de expresión”. Sigo de acuerdo.
Las nuevas normas “obstaculizan la competencia y potencian la concentración”, señaló durante la audiencia el investigador Martín Becerra, quien indicó que 83% de los hogares argentinos reciben TV de pago, de los cuales 70% está controlado por dos grupos”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, manifestó su “preocupación por determinados aspectos de los decretos”. Sobre el Enacom, afirmó que por “su composición y atribuciones (…), no cumpliría con los estándares (de libertad de expresión), debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza refirió que “la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa y una obligación de los Estados”.
Concluyó en forma estelar: “nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean comerciales, públicos o comunitarios”.
Fantástico. Lanza presupone que el Estado necesita un regulador que garantice el acceso a todas las plataformas (convergentes) y simultáneamente la pluralidad y la diversidad, en todos los medios comerciales, públicos o comunitarios. Imposible no coincidir con tan relevantes afirmaciones.
En otro tema, mi amigo Gerardo Soria me buscó y mencionó en su artículo. Atendí su generosa y valiente invitación. Pensé que el abogado notable me invitaba a un dialogo inteligente, producto de su talento. Sería un privilegio construir un diálogo de argumentos, posiciones tan justas como lesivas, válidas y cuestionables, oportunas e impertinentes, viables como imposibles.
La respuesta fue un ataque de varias plumas reconocidas por actuar sincronizadas. Un legislador, analistas y periodistas fueron transparentes en su intención de denostar. Finalmente, una interpretación libre de Gerardo  emite el juicio de que mi opinión, producto de mi libertad privada de expresión, es institucional, la de Amedi. El dialogo se volvió un desilusionante espectáculo. Qué pena. Huyeron del debate dejando una estela maloliente de sorna, agresión y amenaza. Típica reacción de miedo ante el argumento serio.. Como diría Octavio Paz, en el examen de conciencia Gerardo es juez, víctima y testigo. Somos tan distintos como las sílabas que forman nuestro nombre.