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diciembre05/ 2016

4 de marzo de 2013

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Reformas y principios necesarios para el desarrollo democrático de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México

Desde hace años se ha señalado la necesidad de reformar en su integridad las leyes federales de Radio y Televisión, y Telecomunicaciones, así como otras legislaciones secundarias, para que garanticen principios de pluralidad, diversidad y competencia en un entorno de servicios convergentes, a fin de alcanzar la democratización del sistema de medios de comunicación y se creen los debidos contrapesos a los llamados “poderes fácticos”.

Exígele a tu legislador que apruebe un marco normativo en medios que tenga como mínimo los siguientes puntos:

  1. Que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos
  2. Que tenga una perspectiva convergente, es decir, que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha.
  3. Que cree un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional, para prevenir riesgos de captura regulatoria y lograr su gestión transparente e independiente de asuntos e instancias alejadas del interés público. Que el Instituto tenga una integración multidisciplinaria que evite los conflictos de interés, con amplias atribuciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, con un Consejo Consultivo vinculante y con comités técnicos que tomen en cuenta la opinión de especialistas.
  4. Que defina las telecomunicaciones como servicio público, incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha. El Estado debe proteger, vigilar, fomentar y asegurar su máxima cobertura entre la población, la eficacia en su prestación y su utilidad social, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público (como ya lo establece el art. 28 constitucional).
  5. Que fije sanciones que disuadan a los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de cometer o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que atenten contra los derechos de las audiencias y los usuarios. Los montos recaudados por concepto de multas deben etiquetarse y destinarse a fondos que promuevan el acceso universal a las telecomunicaciones, el apoyo a los medios públicos y el estímulo a la producción nacional independiente.
  6. Que asegure el fomento a la producción nacional independiente; al menos 20% de la programación de los medios de radiodifusión comerciales debe ser contratada a productores independientes con la finalidad de estimular la pluralidad de puntos de vista y la diversidad de contenidos. Debe ser obligación del Estado crear y mantener un fondo de apoyo integrado a través de diversas fuentes de financiamiento para el estímulo a la producción nacional independiente.
  7. Que cree una Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine una Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha de calidad (velocidad). Tanto la Comisión como la Agenda Digital no sólo deben procurar el acceso a las tecnologías y los servicios, sino fomentar una auténtica alfabetización y cultura digitales que permitan a los usuarios mejores y más productivos usos y apropiaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incrementar el conocimiento y niveles educativos de la población, así como al Estado proveer mejores servicios públicos.
  8. Que homologue concesiones y genere licencias únicas para la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones. Sólo debe existir la figura de concesión para tres tipos de uso: comercial, público-estatal y social y/o comunitario sin fines de lucro. Debe desaparecer la figura de “permiso” que genera tratos discriminatorios.
  9. Que establezca reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. La digitalización de la radiodifusión es una gran oportunidad para romper con su actual concentración.
  10. Que otorgue pleno reconocimiento legal a los medios comunitarios y sociales a través de la figura de la concesión de uso social sin fines de lucro. Lo anterior implica incorporar un procedimiento simplificado y expedito de otorgamiento de frecuencias para grupos sociales y comunidades, para fomentar la diversidad. Para 2018 debe lograrse que al menos cada municipio del país cuente con una emisora comunitaria. Con ese propósito debe establecerse una reserva de espectro de al menos 30% para estas concesiones.
  11. Que asegure el fomento y reconocimiento a los medios públicos de Estado a través de su definición, funciones y responsabilidades específicas para prestar el servicio público de radiodifusión. La legislación debe asegurar su autonomía de gestión, subsistencia financiera, independencia editorial y la conformación de órganos de gobierno y consultivos colegiados que garanticen la participación social plural e incluyente.Los consejos consultivos designarán al defensor de la audiencia y publicar los códigos de ética correspondientes. Es necesario que las frecuencias disponibles para televisión abierta también se destinen para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un organismo con autonomía respecto del gobierno.
  12. Que otorgue a medios públicos, comunitarios y sociales el derecho de obtener ingresos adicionales, patrocinios y donativos para la operación y el eficiente cumplimiento de la función social.
  13. Que establezca reglas de dominancia en todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil, televisión restringida, banda ancha y radiodifusión. Deben establecerse regulaciones específicas que impidan la comisión de conductas anticompetitivas y colusivas, así como límites a la propiedad cruzada de medios cuando exista un operador dominante en una región o localidad. En caso necesario las empresas dominantes deben llevar a cabo procesos de desinversión.
  14. Que asegure publicidad equilibrada y respeto a contenidos audiovisuales. La autoridad en materia de radiodifusión debe vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la ley señale para la transmisión de espacios comerciales. Se debe evitar la publicidad engañosa y/u oculta. Se debe respetar la integridad de películas, eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos, con reglas para impedir que los anuncios e inserciones publicitarias alteren esos contenidos.
  15. Que fije cuotas de pantalla para la transmisión de contenidos nacionales de calidad, con el fin de promover temáticas, valores y principios de la identidad nacional y estimular la participación de productores y contenidos locales.
  16. Que establezca una regulación de la programación y publicidad destinada al público infantil, para que procure su sano desenvolvimiento físico y mental, no promueva malos hábitos alimenticios ni conductas consumistas, ni fomente contenidos sexistas, discriminatorios o violentos. El Estado tiene la obligación de implementar una política pública orientada a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes; así como garantizar espacios para el ejercicio de su libertad de expresión.
  17. Que garantice los derechos de periodistas y profesionales de la información que respeten su libertad de conciencia y puedan negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio. Los medios deben estar obligados a respetar cabalmente los derechos laborales de sus trabajadores.
  18. Que establezca la salvaguarda del derecho de réplica para que las personas afectadas en su honor, imagen o integridad moral por datos o información falsa, errónea, calumniosa o difamatoria, pueda solicitar la corrección a través de procedimientos eficientes y una institución encargada de velar por el cabal cumplimiento del derecho de réplica.
  19. Que garantice el servicio público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su plataforma de transmisión. Las señales radiodifundidas (televisión abierta) deberán distribuirse de forma libre y gratuita a través de todos los sistemas de televisión de paga. Debe respetarse plenamente el derecho de la sociedad a recibir en los sistemas de televisión codificada las señales abiertas de radiodifusión (must carry y must offer).
  20. Que permita la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y radiodifusión, con porcentajes claramente definidos, y obligaciones para el cumplimiento de inversión en infraestructura y principio de reciprocidad.
  21. Que asegure transparencia y eficiencia en la administración y explotación del espectro radioeléctrico, con la obligación de que la autoridad publique un Programa Anual con la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, los servicios que pueden prestarse, usos y coberturas geográficas.

Una reforma integral y convergente de la radiodifusión y las telecomunicaciones que no contemple al menos los principios básicos enumerados, estaría lejos de contribuir a la función social y democratización de medios de comunicación en México. Las reformas parciales soslayan el hecho de que el sistema de comunicaciones es convergente y se halla integrado. Cualquier acción u omisión impacta en el resto de las dinámicas de comunicación y el atraso que presenta México en la materia no admite mayores demoras. Consideramos que la salvaguarda de los derechos humanos debiera atravesar integralmente la iniciativa de reformas al sistema normativo, en particular el derecho a la información y la libertad de expresión. Las autoridades y los legisladores deben sacudirse la presión de los poderes fácticos mediáticos y comprender que ninguna reforma del Estado será completa ni viable sin la reforma de medios.

México, D.F., 4 de marzo de 2013
Coalición Ciudadana Democracia y Medios