Miguel Ángel Granados Chapa / Proceso, 29 de agosto.-  Lo sabíamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagación institucional en México: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión”.

Miguel Ángel Granados Chapa

En un solo día, el Congreso de la Unión y la justicia federal asumieron posiciones contrarias a que prospere la licitación número 21, de la que resultaría beneficiaria Televisa (y su socio Nextel). No obstante el peso y la trascendencia de esas determinaciones, el Ejecutivo parece resuelto a ir adelante, pues más le interesa satisfacer el interés del monopolio televisivo, en su incursión en el servicio telefónico y de internet, que atender las decisiones del Poder Legislativo y de los jueces federales.

Miguel Ángel Granados Chapa

Quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar

Un chisme palaciego de carácter zoológico asegura que un Cordero se ha metamorfoseado en delfín. Es decir, se rumora en los corrillos políticos y periodísticos, que se alimentan de hablillas que brotan de Los Pinos o de la sede central panista, que el presidente Calderón ha resuelto prohijar la aspiración presidencial del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Pero quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar.

Miguel Ángel Granados Chapa / El ambiente administrativo y político contrario a la transparencia ha encontrado su principal exponente, su campeón, en la Procuraduría General de la República, que hasta consiguió una reforma al código procesal penal para eludir la acción inquisitiva del IFAI. Adicionalmente insiste en presentar demandas de nulidad que solían ser desechadas hasta que encontraron la buena voluntad de la décima sala regional metropolitana [del Tribunal Federal de Justicia Fiscal] . La posición de este órgano, ha denunciado el IFAI ante la opinión pública, "es un gravísimo retroceso en (el) esfuerzo de la sociedad mexicana para lograr la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública, resultado de una larga lucha por la consolidación de nuestra democracia".

Miguel Ángel Granados Chapa

25 Abr. 10.- El Ejército, por su parte, está pudiendo sacar provecho de la situación en que lo dejaría la ley sobre seguridad nacional, en proceso de reforma a petición del mismísimo secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván

Miguel Ángel Granados Chapa. Reforma, 19 de abril de 2010

Desahogada la de mañana, faltarán sólo tres sesiones para que termine este periodo, el segundo de la LXI Legislatura. La agenda de las Cámaras está saturada de grandes asuntos, no todos los cuales podrán ser abordados por diputados y senadores. A pesar de una sorpresiva evolución en su curso, esperemos que antes del 30 de abril sea atendida en el pleno de Xicoténcatl y de San Lázaro la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada simultáneamente en sus respectivas Cámaras por las bancadas del Partido Acción Nacional, que ya se estudia en comisiones al comenzar esta penúltima semana de la temporada legislativa.

Miguel Ángel Granados Chapa

Reforma, 14 de abril de 2010

En diciembre de 2008, Manlio Fabio Beltrones y senadores cercanos -políticos afortunados algunos de ellos, pues uno ya es gobernador de Querétaro y otro lo será de Aguascalientes- iniciaron una reforma a la Ley de radio y televisión con el propósito, dijo el propio líder senatorial que personalmente leyó en tribuna la iniciativa, de otorgar certidumbre jurídica a cientos de concesionarios de radio a los que se refrendaría su autorización y se les completaría su posibilidad de transmitir en Amplitud Modulada con la entrega de concesiones en Frecuencia Modulada.

El jueves 8 el Congreso de la Unión vivió una jornada singularísima en materia de telecomunicaciones y radio y televisión, que súbitamente ese día se avivó en contraste con el letargo que el tema ha solido padecer. Casi al mismo tiempo, las bancadas de Acción Nacional en cada cámara presentaron una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Lo hicieron en el Senado el líder de la fracción albiazul Gustavo Madero, y en la Cámara el diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación. Minutos después, se reunió en Xicoténcatl la Comisión de radio, televisión y cinematografía, encabezada por el senador perredista Carlos Sotelo para cumplir, con cuatro meses de retraso, una cita para dictaminar un proyecto de reforma a la ley de radio y televisión iniciado en diciembre de 2008 por Manlio Fabio Beltrones. Si en el Congreso se legislara en el vacío, no atenidos sus miembros a presiones e intereses sino que respetuosos de la formalidad se limitaran a cumplir la ley, la sesión de la Comisión debía haberse suspendido pues acababa de iniciar su trayecto un colosal insumo que no podía ser ignorado por ninguna dictaminadora que pretendiera realizar responsablemente sus labores.

Miguel Ángel Granados Chapa

Reforma, 25 de marzo de 2010

El Senado está explícitamente en deuda con la sociedad en materia de radio y televisión. Su más reciente aproximación al tema, ocurrida en diciembre pasado, y que implicaba el torcimiento de una oferta senatorial a los ciudadanos, aplazó a febrero el tratamiento de una reforma a la legislación respectiva. Transcurrió ese mes completo y prácticamente ha concluido el marzo legislativo sin que siquiera los promotores de las enmiendas diferidas parecieran recordar el asunto pendiente.

Ayer se presentó en el patio central de la sede de esa Cámara el libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México, con la presencia de algunos de los protagonistas de los aplazamientos y omisiones que constituyen parte de la gran deuda senatorial en materia de radio y televisión. La ocasión fue propicia para recordar ese adeudo y apremiar su pago.

Esa Cámara adoptó en diciembre de 2002 una actitud promisoria que se frustró y luego se convirtió en su contrario. El Senado hizo suyo entonces un anteproyecto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión nacido de la decepción y el desencanto vueltos sensaciones productivas. Veintiún meses atrás, el 5 de marzo de 2001 la Secretaría de Gobernación del primer gobierno panista convocó a un amplio número de organizaciones civiles interesadas en el tema a discutir dicha reforma. Durante casi dos años, animadas por un entusiasmo acicateado por la promesa a que dio lugar la alternancia, se discutieron ponencias que abarcaban todo el dilatado territorio de la radiodifusión. Sin embargo, como si nada de eso estuviera ocurriendo, en octubre de 2002 el presidente Fox entregó, como anticipo de la Ley Televisa, dos magníficos regalos a los concesionarios de radio y televisión: un nuevo reglamento y una voluminosa disminución de sus obligaciones fiscales, las pagaderas en especie.

En vez de refugiarse en la desolación ante el engaño, las agrupaciones civiles convocadas, ahora se veía que en falso, dieron el paso que se esperaba diera el gobierno y configuraron un proyecto de reforma que, como queda dicho, fue asumido por senadores en diciembre de 2002. Resistencias interiores en esa Cámara impidieron que el proyecto se dictaminara, y ni siquiera fue tenido en consideración cuando en diciembre de 2005 llegó sorpresivamente de la Cámara de Diputados una minuta con una reforma que veloz y eficazmente se había aprobado allí sin disenso. Se trataba de una reforma que consagraba los intereses de los grandes concesionarios, principalmente los de la televisión, es decir los integrantes del duopolio. Se pretendió que igual premura en ese mismo diciembre el Senado completara el proceso legislativo. Algunos miembros de esa Cámara consiguieron aplazarlo para el siguiente periodo de sesiones. La noche del 30 y las primeras horas del 31 de marzo de 2006 la reforma fue aprobada en una de las sesiones que ilustran el peor parlamentarismo, donde se produjo una discusión contra el silencio.

En efecto, senadores priistas como Dulce María Sauri y Manuel Bartlett y panistas como Javier Corral y Felipe Vicencio expusieron argumentos contra el sistema de privilegios que se acumulaban en la reforma a debate. Nadie opuso argumentos a los suyos, y sin embargo una mayoría de senadores del PAN y del PRI aprobó la que ya para entonces era conocida como "Ley Televisa". El mote implicaba una inexactitud formal, porque no se trataba de una nueva ley sino de una reforma a dos ya existentes, la de telecomunicaciones y la de radio y televisión. Suponía también una simplificación injusta porque no sólo Televisa era beneficiaria de las enmiendas y adiciones sino también TV Azteca y los grupos que concentran en sus manos la radiodifusión.

La minoría de senadores derrotada en marzo consiguió iniciar en mayo de 2006 una acción de inconstitucionalidad que en junio del año siguiente fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia dándole la razón. Fueron declarados contrarios a la Constitución varios de los preceptos que concentraban las prebendas cuya garantía era el propósito central de la reforma. El Senado quedó así con la obligación de reponer el proceso legislativo para, por un lado, dictar nuevas normas apegadas a la Constitución en los puntos tachados por la Corte, y para adecuar el cuerpo entero de las dos leyes modificadas a tenor de la sentencia del tribunal constitucional.

El Senado ha sido omiso frente a esa exigencia del Poder Judicial, y en realidad ha desacatado la sentencia. Si bien en 2007 aprobó una reforma constitucional en materia electoral con transformadoras medidas en materia de radiodifusión, no ha acometido la vasta tarea de reformar a fondo, de refundar en realidad como hace falta, el sistema mexicano de los medios audiovisuales. En febrero de 2008 refrendó su compromiso de hacerlo al recibir, minutos después de su creación, a los organizadores del Frente nacional por una nueva ley de medios, que creyeron posible abordar esa tarea en el periodo de sesiones que entonces se iniciaba. Pero ni en ése ni en tres más que han corrido desde entonces se esbozó siquiera un intento por hacerlo. A menos que se tome como tal un movimiento para una reforma parcial y favorable a los concesionarios que se buscó aprobar en diciembre pasado. Sus impulsores la difirieron para febrero y no reiniciaron su tarea, que podría dar lugar al debate necesario para la rehechura legislativa que se requiere. Hoy queda claro, por lo demás, que sin esa reforma al sistema de medios no habrá cabal reforma política.

 
Cajón de Sastre
 
En la presentación del libro mencionado líneas arriba el senador Carlos Sotelo refutó los argumentos que desarrollé conforme a lo dicho en el cuerpo principal de esta columna. Defendió el dictamen de diciembre, que finalmente no prosperó, contra mi señalamiento de que encerraba una contrarreforma pues pretende dar nueva vigencia al refrendo automático considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que, por lo tanto, debe ser modificado en la dirección indicada por la sentencia judicial. Tras señalar logros que el dictamen hubiera traído consigo para los medios alternativos (públicos y comunitarios), admitió que la propuesta de refrendar una vez más concesiones largamente aprovechadas es un punto polémico, y me invitó a discutir el punto. Lo haré con mucho gusto, ya sea en privado o en público, como le resulte pertinente.

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Miguel Ángel Granados Chapa. El gobierno federal alega que actúa con equidad: que persigue por igual a todas las bandas de narcotraficantes; y que en radiodifusión y telecomunicaciones decide sin preferencias por alguno de los participantes. Conviene revisar el modo en que se entiende y practica la equidad en la administración panista, pues apenas se ahonda en los datos aparecen rasgos de inequidad y de parcialidad.