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Autoridades y académicos reflexionan los retos del derecho a la información

Amedi
noviembre16/ 2016

La  Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) celebró su quinceavo aniversario en la Facultad de Ciencias Políticas (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se dialogó acerca de la historia, los cambios, la importancia y los retos que enfrenta el derecho a la información y la autonomía de las instituciones encargadas de garantizar dicho derecho fundamental consagrado en el artículo sexto de la Constitución.

Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la FCPyS, inauguró el evento en conjunto con Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente de la Amedi. Cuéllar Vázquez señaló que “al ser un derecho fundamental, el de la información es un derecho que debe ser objeto de tutela y de observancia por la acción pública, es decir, por el gobierno y los órganos del Estado. El de la información es un derecho que debe ser instrumentado y se encuentra más en el territorio del esfuerzo público, de la acción regulatoria, de la política pública y, por lo tanto, de una acción programática constitucional”.

Jorge Fernando Negrete, presidente de la Amedi recordó que en México la Constitución crea cuatro grandes instituciones dotadas de plena autonomía constitucional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

“En un evento inédito, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información celebra su quinceavo aniversario reuniendo a los presidentes de estos cuatro organismos autónomos del Estado mexicano, para discutir y plantear los históricos y los nuevos retos del derecho a la información”, señaló.

Recordó que diversos instrumentos del derecho nacional e internacional constituyen el marco básico para la arquitectura jurídica del derecho a la información, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en Europa, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por diversos Estados y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

Principios del derecho a la información

Durante la conferencia magistral inaugural sobre “El nuevo derecho a la información. Integración y principios fundamentales”, José de Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), destacó que el derecho a la información es una garantía esencial para la consolidación de la democracia. Mencionó que el sistema mexicano fue uno de los primeros en reconocerlo como un derecho.

En el país cualquier ciudadano puede solicitar información a un organismo y tiene derecho a la divulgación de la misma, en materia de derechos humanos es uno de los avances más grandes. “El acceso a la información es una pieza clave para que sectores como los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la consulta previa”, expresó Orozco. No obstante, recordó que ningún derecho o libertad son absolutos y que pueden tener ciertas restricciones plasmadas claramente en la ley. A pesar de ello, debe privar el principio de máxima publicidad.   

Una sociedad desinformada es una sociedad menos democrática y menos transparente, indicó Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la sesión de los organismos reguladores autónomos y la mesa “Derechos humanos y libertad de expresión”.

“La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales por los que se rige todo Estado democrático, ya que privilegian la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos humanitarios”, dijo Juárez. Al igual que Orozco, comentó que no existen derechos ilimitados y es necesario establecer restricciones que logren un equilibrio, pero estos límites deben ser excepcionales y estar justificados.

Mencionó que las personas deben tener pleno acceso a la información para que les permita tomar decisiones razonadas; ante ello los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al ser la principal fuente de información. No obstante, Juárez aseguró que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que el porcentaje de impunidad es de 100 por ciento.

Cifras de la CNDH arrojan que desde el 2000 han sido asesinados 119 periodistas en México, desde el 2005 han desaparecido 20 periodistas y se han cometido 50 atentados contra instalaciones a medios de comunicación desde 2006.

Juárez calificó como fundamental el trabajo de asociaciones como la Amedi, para continuar encausando las batallas a favor de la libertad de expresión e información.

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Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

 

El presidente del Consejo Consultivo de la Amedi, Raúl Trejo Delarbre, aseguró que se es necesario establecer más medidas concretas de políticas públicas para proteger a los periodistas. Habló de los comunicadores a quienes se les retira el micrófono como una forma de censura. También recordó el actual debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho de réplica. Varios medios de comunicación han orquestado una campaña en contra de que las personas ejerzan su derecho de réplica no sólo en casos de información falsa o inexacta, sino también agraviante.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ex presidente de la Amedi señaló que en muchas ocasiones la garantía del derecho a la información queda en manos de las empresas, y que son ellas las que apelan a él para salvaguardar sus intereses pero no el interés público. “El derecho de réplica no sólo es un derecho individual sino también colectivo”, recordó.

Rezagos en transparencia y datos personales

Jacqueline Peschard Mariscal, profesora del Centro de Estudios Políticos de la FCPyS, explicó que en México la normativa de transparencia y acceso a la información cumple con los estándares internacionales. “Tenemos una estructura en materia de transparencia y acceso a la información, fuerte y robusta”, señaló en la mesa “Transparencia, acceso a la información, datos personales y Sociedad de la Información”.

Añadió que en México el acceso a la información es para todos, a diferencia del caso de Canadá, donde es necesario tener la calidad de ciudadano para poder solicitar la información, porque en México no es importante quién la solicite sino el carácter de la información.

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Lilia Vélez, integrante de Amedi Puebla, y Jacqueline Peschard, ex presidenta comisionada del INAI.

 

Peschard advirtió que la actual estructura organizacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) puede dificultar la operación del Sistema Nacional de Transparencia, ya que fija como un problema el exceso de responsabilidades y facultades del organismo.

La protección de datos personales y el robo de identidad son temas que han quedado rezagados, ya que no se encuentran claros en la agenda pública, por lo que es fundamental avanzar en la legislación en la materia.

Lilia Vélez, integrante de Amedi Puebla, habló acerca de las asimetrías entre la transparencia a nivel federal, la Ciudad de México y las entidades federativas. En los estados existen organismos de transparencia que, en conjunto con la falta de información digitalizada, obstaculizan el acceso de los ciudadanos a la información, quienes tienen que acudir a las oficinas para realizar la solicitud y la respuesta de las autoridades puede tardar más de seis meses. “En ocasiones las autoridades litigan contra el ciudadano” en materia de transparencia, reveló Vélez.

Retos de los medios públicos

Armando Carrillo Lavat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano (SPR), señaló que la autonomía de los medios públicos debe ser un compromiso de todos. Recordó que el SPR ya cuenta con un consejo ciudadano y con una defensoría de las audiencias. Lo anterior durante la reflexión sobre los “Retos y oportunidades de los medios públicos”.

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Armando Carrillo Lavat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano y Néstor García Canclini, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa.

 

Néstor García Canclini, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa, expresó que en una época en la cual todo ha cambiado, es difícil seguir con las antiguas nociones de cultura, de política o de medios. Reconoció que las audiencias jóvenes han dejado de ver la televisión abierta y han migrado a otras plataformas digitales.

Derecho de acceso a las TIC y derechos de las audiencias

Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), enfatizó el papel de las telecomunicaciones como un instrumento de desarrollo social y como una herramienta para ejercer derechos como a la libertad de expresión y a la información. Recalcó que también reducen la desigualdad: “las telecomunicaciones tienen un poder transformador”.

Ante el desarrollo y avance tecnológicos, Contreras señaló que como autoridad y como sociedad se enfrentarán a un aumento en el número de personas conectadas, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, debido a que el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha, es un derecho fundamental.

Gabriel Contreras, presidente del IFT, y Guillermo Orozco, responsable de la Cátedra de la UNESCO sobre Alfabetización Mediática Informacional de la Universidad de Guadalajara

Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT y Guillermo Orozco, responsable de la Cátedra de la UNESCO sobre Alfabetización Mediática Informacional de la Universidad de Guadalajara.

 

Para el presidente del IFT, la ciberseguridad, la neutralidad de la red, la protección de datos, el Internet de las cosas (todos los objetos conectados) y las plataformas Over the top (sobre la infraestructura de telecomunicaciones) son los retos del futuro, planteados en la mesa “Derecho de acceso a las TIC: acceso universal, libertad de expresión y derechos de las audiencias”.

El presidente del IFT anunció que en los próximos días se aprobarán las bases para la nueva licitación de frecuencias para canales de televisión abierta. También se licitarán frecuencias para estaciones de radio AM y FM por primera vez en 21 años, y que el IFT trabaja en los lineamientos para las defensorías de las audiencias.

“Ser audiencia hoy es la forma de ser ciudadanos”, recalcó Guillermo Orozco, responsable de la Cátedra de la UNESCO sobre Alfabetización Mediática Informacional de la Universidad de Guadalajara. Defendió que las audiencias ya no deben ser vistas como consumidores sino escalar su estatus a ciudadanos, con plenos derechos a la información y contenidos de calidad.

Orozco enumeró cinco derechos a la información desde las audiencias que aún faltan por definir:

  1. Derecho a la alfabetización mediática.
  2. Derecho a una conectividad sustantiva.
  3. Derecho de interpelación desde las pantallas.  
  4. Derecho a la interlocución libre, que empieza por garantizar la posibilidad de interactuar.
  5. Derecho a no ser molestado.

La Amedi celebró sus 15 años con la entrega de los Premios Amedi al Derecho a la Información. Beatriz Solís Leree, fundadora de la Amedi, recibió el galardón en la categoría de Trayectoria en Derecho a la Información; el defensor de las audiencias Gabriel Sosa Plata en Divulgación del Derecho a la Información; la académica Alma Rosa Alva de la Selva fue reconocida en la categoría de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación; el periodista Jenaro Villamil se hizo merecedor a la categoría de Ejercicio Periodístico en Derecho a la Información; finalmente, la comunicadora Carmen Aristegui fue galardonada en Defensa de la Libertad de Expresión.