El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) nace contrahecho. La mayor parte de los comisionados que lo encabezan no cumplen con los requisitos de experiencia y/o independencia que exige la Constitución. La decisión del Senado para aprobar la lista que envió el Presidente de la República ratificó un procedimiento irregular, que inició con una selección oscura e irresponsable y culmina ahora sin que los legisladores examinen con escrupulosidad los perfiles de quienes encabezarán al importante órgano regulador de las telecomunicaciones.

Como resultado de esa inopinada decisión, cuatro de los siete nuevos comisionados del Ifetel –entre ellos su presidente– carecen de experiencia en materia de telecomunicaciones. Otro, ex directivo de una empresa asociada a Telmex, incumple con el plazo que la Constitución señala para comisionados que trabajaron en empresas a las que deberán regular. Una más, tiene un claro conflicto de interés al haber brindado asesoría a una empresa de telecomunicaciones en un litigio en contra del Gobierno Mexicano ante la OMC, como se divulgó ampliamente en los medios de comunicación.

Todo eso lo sabían los senadores. Nada de ello valió porque, a excepción de unos cuantos legisladores, la mayoría se subordinó a una decisión política tomada con precipitación y forzada por consideraciones ajenas a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Algunos legisladores votaron por la abstención, pero también se abstuvieron de ofrecer razones para impugnar a los comisionados que no cumplen los requisitos. Solamente los comisionados Adriana Labardini y Fernando Borjón cumplen con tales requerimientos. Saludamos su designación.

Esta claudicación del Senado es lamentable y resultará costosa. Con esa actitud es poca la confianza que se puede tener en el desempeño de dichos legisladores cuando diseñen y aprueben la legislación secundaria que debe reglamentar la importante reforma constitucional para las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Aún así, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información insistirá para que esa legislación sea congruente con los lineamientos constitucionales que propician el servicio público y auspician una diversidad que hasta ahora no han tenido las telecomunicaciones ni los medios de radiodifusión en nuestro país.

El Ifetel tiene responsabilidades tan relevantes y atribuciones tan amplias que sería insensato dejar de exigir que cumpla con ellas con estricto apego a las normas constitucionales que le dan origen. Nuestra Asociación se propone crear un Observatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones que dará seguimiento a las decisiones del Ifetel, exigirá que sus comisionados se desempeñen con escrupulosidad y demandará plena transparencia en su actuación, pues se corre el riesgo de que el nuevo órgano regulador inicie sus tareas al amparo de una notoria debilidad institucional que propicie su captura por parte de los concesionarios.

México, D. F. 10 de septiembre de 2013.