• Sábado, septiembre 22, 2018

Desafíos en la Agenda para la Libertad de Expresión 2018-2024

Amedi
Amedi
agosto30/ 2018

AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

AL PRÓXIMO GOBIERNO FEDERAL

 

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), saluda la entrada de los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo, producto de un proceso electoral que reflejó la voluntad mayoritaria de la sociedad para impulsar un cambio sustancial y democrático en el destino del país. Nos congratulamos por las propuestas que en materia de conectividad ha planteado el que será el nuevo Ejecutivo a partir del 1º de diciembre de 2018, pues consideramos que son acciones necesarias para conectar a millones de mexicanos a la banda ancha, mitigar así la actual brecha digital y habilitar derechos informativos y otras prerrogativas fundamentales.

 

Sin embargo, nos preocupa que ni el titular del próximo Poder Ejecutivo, ni las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en especial la mayoritaria que es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), han planteado una ruta crítica para abordar – más allá de lo referente a la conectividad- “Los desafíos en la Agenda para la Libertad de Expresión” que enfrenta nuestro país en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

 

Aunque la reforma constitucional respectiva representó para los derechos informativos y la libertad de expresión un gran avance en nuestro país, la legislación secundaria traicionó muchos de los puntos del mandato de nuestra Norma Fundamental con las consecuentes distorsiones en el ámbito regulatorio y de política pública que constituyen serias afectaciones a los derechos de millones de personas. Por lo anterior, hacemos un llamado a tender puentes de diálogo y de trabajo para abordar estos desafíos en los rubros siguientes:

 

En el nivel legislativo.

 

  1. Es indispensable hacer los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para armonizarla con el mandato constitucional de garantía de derechos para: restituir y ampliar los derechos de las audiencias; eliminar medidas discriminatorias a medios comunitarios e indígenas para su desarrollo; establecer la competencia plena en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a fin de que la preponderancia sea considerada por servicios y no por sectores; fijar límites a la concentración nacional y regional, con medidas específicas y efectivas de propiedad cruzada, vertical y horizontal.

 

Asimismo, es necesario fortalecer la autonomía y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para la regulación de los servicios públicos de radiodifusión, entre ellas, las atribuciones sobre contenidos que fueron indebidamente dejadas en el ámbito de la Secretaría de Gobernación. Además, es urgente fortalecer el servicio público de la radiodifusión, con especial atención en las concesiones de uso público a fin de garantizar la independencia editorial y financiera de los medios públicos.

 

Respecto a la producción independiente, aunque la Constitución determinó que se deberían de establecer mecanismos concretos para fomentar la producción audiovisual nacional independiente, ni la LFTR ni otro instrumento regulatorio por parte del Ejecutivo, cumplieron con este mandato.

 

Aunado a lo anterior, la legislación debe modificarse en lo concerniente  a la “Colaboración con la Justicia” (Título Octavo Capítulo Único), para evitar el uso indebido de la intervención de las comunicaciones y la geolocalización en tiempo real que hasta ahora ha permitido el espionaje ilícito a defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores opositores; en lugar de ser herramientas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad pública.

 

  1. Revisar el funcionamiento del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para que, tal y como lo establece la Ley que lo crea, funcione cabalmente como la Televisión y Radio Pública Nacional y no solo como un canal de TV y un compartidor de infraestructura como ha ocurrido hasta ahora. Es importante señalar que en el Consejo Ciudadano del Sistema se han hecho planteamientos muy puntuales en este sentido.

 

No omitimos señalar que es urgente que el Sistema Público de Radiodifusión cuente con la infraestructura y los recursos necesarios, tanto de radio como de televisión, para que cubra el territorio nacional y pueda cumplir con las funciones que están establecidas en el marco jurídico que lo crea.

 

Por otro lado, llamamos la atención sobre la necesidad de establecer una estrategia y un marco normativo que reorganice, integre y fortalezca de raíz a los distintos medios públicos, incluida la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), a fin de que se garantice el derecho de acceso a información plural que establece el artículo 6º constitucional.

 

  1. Si bien el IFT es un organismo con autonomía constitucional, la composición de su Pleno depende del Poder Ejecutivo al tener este la facultad de escoger a sus integrantes para ser ratificados por la Cámara de Senadores. Entre 2019 y 2022, la nueva gestión federal tendrá que proponer a cuatro nuevos integrantes del órgano regulador para reemplazar a los que saldrán de manera escalonada, con lo cual podrá cambiar de manera importante la composición del Pleno que hasta ahora se ha caracterizado por posiciones tibias o ambiguas en los asuntos más álgidos del sector.

 

Por lo anterior, consideramos que, en este rubro, la agenda deberá tener como objetivo prioritario garantizar la autonomía del órgano regulador a partir de la integración de perfiles idóneos y de que haya voluntad política para que el IFT cumpla con las atribuciones que tiene claramente establecidas en la Constitución y en la legislación.

 

Sobre lo primero, es importante señalar que la aplicación de un examen altamente técnico como el que hasta ahora ha efectuado el Comité de Evaluación a quienes aspiran integrarse al organismo, ha demostrado serias limitaciones para garantizar al IFT la llegada de perfiles idóneos dada la complejidad del sector, en el que privan problemas que en efecto requieren de conocimientos especializados, pero que a la par demandan la comprensión sobre el ejercicio y la tutela de derechos humanos fundamentales y su relación con los servicios públicos que se deben regular.

 

  1. Es prioritario que se reviertan los efectos de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 31 de octubre de 2017 que acota y deja en manos de los propios concesionarios la garantía de los derechos de las audiencias, convirtiéndolos así en derechos inexistentes y sin mecanismos para su tutela efectiva. No omitimos recordar que existe una acción de inconstitucionalidad promovida por el Senado de la República y que hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no ha resuelto.

 

  1. La Secretaría de Gobernación no debería tener más injerencia en la regulación de los contenidos de medios de comunicación, pues tal como lo establecen los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, la regulación de los medios debe darse por autoridades autónomas del poder político o económico para evitar injerencias indebidas en el ejercicio de ese derecho fundamental. La participación de esta instancia en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario, por lo que debe cesar de inmediato.

 

En los niveles regulatorio y de política pública.

 

Si bien el IFT es un órgano autónomo del Estado mexicano, también debe rendir cuentas ante el Congreso de la Unión, por lo que llamamos al nuevo Congreso a mantener una puntual vigilancia para que el regulador cumpla con su mandato legal y constitucional, así como al Ejecutivo para que se establezca una eficaz coordinación en aras del bien común.

 

Hasta ahora el IFT ha sido omiso en varios mandatos de ley o bien ha evadido sus responsabilidades regulatorias en:

 

  1. Establecer criterios específicos para cumplir el mandato del artículo 6º constitucional a fin de garantizar a la población el acceso a información plural en el sector de la radiodifusión, pues hasta el momento no existe mecanismo o política alguna que permita medir los niveles de pluralismo y diversidad en los medios y con ello, hacer efectiva la garantía del derecho a la información de la sociedad mexicana.

 

  1. Los Lineamientos que emitió para garantizar que los medios de servicio público tengan independencia editorial, autonomía de gestión, mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas son sumamente laxos, indefinidos y discrecionales, con lo cual se sigue permitiendo que los sistemas de medios públicos de radiodifusión en el país respondan a los intereses de los gobernantes en turno. En este contexto se requiere de una profunda revisión de esos Lineamientos.

 

  1. El IFT debe atender su obligación constitucional de establecer Lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias. Esta omisión regulatoria tiene que subsanarse de manera perentoria ya que todo derecho debe contar con una institución garante y con mecanismos para su materialización en los hechos.

 

  1. Hasta el momento el regulador ha incumplido la disposición legal de elaborar las métricas de eficiencia espectral para identificar el espectro no utilizado por los concesionarios tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, a fin de garantizar el uso eficiente de este recurso estratégico para la nación, que es escaso y limitado. Antes de licitar más espectro deberíamos saber con exactitud cuál es la eficiencia del ya adjudicado y a partir de ello, hacer una prospectiva regulatoria y de política pública más eficiente para próximas licitaciones.

 

Para que las tecnologías sean un verdadero instrumento del desarrollo económico y del ejercicio de derechos se debería contar con una política espectral de largo plazo (no sólo un Programa Anual de Bandas de Frecuencias Disponibles). Dicha política tendría que detallar todas las bandas que se pretende licitar, las bandas que se deben rescatar por uso ineficiente, las bandas que serán propicias de reacomodo, así como los objetivos que se persiguen en cada una, la cobertura que se logrará con las mismas, las decisiones que en materia de competencia conlleven y la forma en la que se fomentará un mayor despliegue de infraestructura que nos coloque en estándares internacionales.

 

  1. Aunque la Constitución y la ley reconocieron a los medios comunitarios e indígenas, además de establecer medidas para facilitar el acceso a las frecuencias y un mandato específico para promover emisoras en aquellas comunidades indígenas donde no existen, hasta el momento el IFT ha ignorado este mandato y a cinco años de la reforma legal tan sólo ha otorgado siete concesiones de uso social indígena. Enfatizamos la necesidad de que el Instituto explique cuáles han sido los criterios para otorgar las concesiones de uso social a medios comunitarios, pues se han entregado concesiones a medios que no tienen el perfil de uso social.

 

Asimismo, es importante subrayar que la asistencia técnica y legal que el IFT brinda a los grupos que quieren acceder a frecuencias es sumamente limitada y los trámites para resolver las solicitudes se prolongan hasta por dos años, lo que implica una carga desigual y discriminatoria para las comunidades más vulnerables del país, que limita seriamente su ejercicio de libertad de expresión.

 

  1. El regulador también ha sido omiso para establecer las reglas específicas para hacer cumplir la LFTR respecto a garantizar la neutralidad de la red, los límites a la publicidad comercial en los medios de comunicación y en una política pública de protección a la niñez. A pesar de que existen diferentes resoluciones judiciales que confirman que es facultad del IFT regular en materia de contenidos para la protección de derechos informativos de la población, el Instituto ha sido reticente para asumir esta facultad.

 

  1. A pesar de que la reforma en la materia tuvo como centro abatir la excesiva concentración en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, en algunos casos la concentración ha aumentado como en el mercado de la TV restringida. El último informe de los Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre México, confirma que todavía existe una excesiva concentración en el sistema de medios del país y recomienda al Estado mexicano abatir los niveles de concentración mediática en la medida que lastiman el pluralismo y la diversidad, parte esencial del ejercicio de la libertad de expresión.

 

Al mismo tiempo, los informes marcan las fallas en los instrumentos de transparencia para monitorear los niveles de concentración y ubicar a los Grupos de Interés Económico que son propietarios de los medios, por lo que recomiendan recopilar y hacer pública toda la información necesaria para identificar la titularidad de los medios de comunicación y garantizar que toda la información presentada a los registros nacionales de medios y telecomunicaciones, esté disponible para el público en formatos accesibles. Estas recomendaciones también han sido marcadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su evaluación sobre la implementación de la LFTR en el 2017.

 

  1. Aunque la Ley determina que el Consejo Consultivo del IFT debe fungir como su órgano asesor, en la práctica no es tomado en cuenta por el Pleno para el diseño y elaboración de la política pública del sector, nulificando por la vía de los hechos los mecanismos de participación ciudadana recomendados por organismo internacionales en la materia.

 

En el nivel de los nuevos desafíos.

 

En un entorno dinámico y convergente, México tendrá que responder a nuevas temáticas y fenómenos que implican respuestas regulatorias y de política pública para poder garantizar la protección de derechos fundamentales. Entre éstos se encuentran cuestiones como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, los servicios transfronterizos, los bienes digitales y el comercio electrónico.

 

Para dinamizar el desarrollo, la economía, el pluralismo y los derechos informativos de la población, también hay que revisar los mercados digitales con servicios de libre transmisión (OTT) y lo que implica la convergencia digital que está teniendo ya consecuencias sobre las industrias audiovisuales y cinematográficas en el país.

 

Las fusiones como la de AT&T y Warner que están creando megaempresas que combinan el audiovisual con la infraestructura de servicios, tendrán un impacto en las industrias nacionales, por lo que el nuevo gobierno debe diseñar una estrategia que permita fortalecer la economía nacional como parte de la competencia, pero también como parte del ejercicio de derechos en materia de pluralismo y diversidad en los contenidos audiovisuales, rubro completamente olvidado por el IFT.

 

Hacemos un llamado al nuevo gobierno federal, así como al Poder Legislativo y a los organismos reguladores a impulsar un robusto debate ante estos desafíos globales que imponen las necesarias respuestas nacionales y locales a nivel regulatorio y de política pública.

 

 

30 de agosto 2018

 

Lilia Vélez Iglesias

Presidenta

Beatriz Solís, Aleida Calleja, Agustín Pineda Ventura, Irma Ávila Pietrasanta, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, Juan S. Larrosa, Rafael Hernández García Cano, Patricia Ortega Ramírez, Rosalía Orozco Murillo, Héctor Pérez Pintor, Aurelio Collado Torres, Magdalena López Rocha

 

Gabriel Sosa Plata

Presidente del Consejo Consultivo

 

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