• Lunes, abril 24, 2017

Ciberviolencia contra mujeres y niñas en México y la imperativa intervención del Estado

Aimée Vega Montiel
Aimée Vega Montiel
abril28/ 2016

Andrea Noel, Daphne Fernández y Gabriella Nava son mujeres, algunas de ellas todavía menores de edad, que comparten una experiencia en común: haber sido víctimas de violencia de género física y virtualmente durante las semanas recientes en México. Estas mujeres se atrevieron a denunciar a través de redes sociales a los agresores que las victimaron sexualmente, poniéndolos en evidencia. En respuesta, todas ellas han sido revictimizadas por usuarios que las han acusado de haber creado las causas de la violencia que sufrieron. Algunas de ellas han recibido además amenazas de muerte y violación a través de Facebook y Twitter. El impacto de la ciberviolencia en la vida de todas ellas, es muy perjudicial: va del miedo a la depresión y el deseo de morir.

Watsapp es hoy también una de las herramientas más usadas por los agresores en este país para violentar a sus víctimas, haciendo circular por ejemplo contenidos pornográficos a través de la aplicación. El caso público más reciente es el de una joven de 19 años en Veracruz que fue violada por un hombre, mientras otro grababa el video y un tercero lo viralizaba a través de Watsapp y una página de Internet que oferta pornografía.

Otras mujeres, como Jovana Espinosa Orta, son víctimas de violencia de género por manifestarse en Internet, hoy espacio dominado por la misoginia. La activista denunció a través de la plataforma Change.org un video del cantante Gerardo Ortiz que hace apología de la violencia feminicida y a raíz de ello ha recibido amenazas en Facebook.

El ciberespacio se ha convertido en un escenario en el que la violencia que padecen niñas y mujeres en la vida cotidiana, se ha potenciado, pues “el carácter viral de la difusión es, con las nuevas tecnologías, explosivo”, de acuerdo con el grupo de trabajo de Banda Ancha y Género de la ONU.

La ciberviolencia contra mujeres y niñas incluye discurso de odio, hackeo, robo de identidad, acoso y violencia sexual en línea, difusión de fotografías y videos de carácter sexual que son viralizados en poco tiempo y que pueden quedar en línea a perpetuidad, acusar falsamente a la víctima y usar información privada para chantajearla. Incluye también, de acuerdo con Nancy Hafking, tráfico virtual, en la medida que la comunicación digital facilita a los traficantes operar impunemente en el anonimato: publicitar sus redes, contactar y reclutar a las víctimas, transferir dinero proveniente de este negocio criminal y organizar la transportación de víctimas (de acuerdo con la organización Save the Children, un groomer –corruptor de menores- tarda 12 minutos en convencer a una víctima y suele tener en su lista de ‘amigos’ en redes sociales hasta 200 menores). A través de la geolocalización, estas tecnologías facilitan la ubicación física de las víctimas.

De acuerdo con Networked Intelligence for Development, 73%  de mujeres usuarias de Internet han sido víctimas de violencia de género en línea. El reporte ‘Ciberviolencia contra mujeres y niñas’ de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital de la ONU, cita que en la Unión Europea 9 millones de mujeres han sido víctimas de violencia en Internet. 23% de mujeres víctimas de ciberviolencia dicen sentirse culpables. Al mismo tiempo, y dada la precariedad de los sistemas de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, difícilmente ellas se animan a denunciar: en India solamente el 35% de mujeres víctimas lo hacen, con el temor de recibir represalias por parte de los agresores y de la misma sociedad que responsabiliza a las mujeres de provocarlos. Pero a lo que más temen, es a que las autoridades dejen sus casos impunes.

Por ello, el análisis y las medidas para erradicar la ciberviolencia contra mujeres y niñas, merecen ser estudiadas en el marco más amplio de la violencia estructural de género. Ello significa apuntar a la responsabilidad del Estado y sus instituciones. No se trata aquí, como afirmó la Fiscalía del estado de Veracruz ante las recientes denuncias de los casos que hemos descrito, de deslindar al Estado mexicano de su gran responsabilidad. Decía la Fiscalía hace unos días a través de un comunicado: “El proceder de los jóvenes, cuando son menores de edad, es responsabilidad de sus padres o de quien tenga su tutela. En caso de ser mayores, es responsabilidad de cada quien actuar de conformidad con las normas establecidas, no del Gobierno del Estado”. De acuerdo al Artículo 1º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es responsabilidad del Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y municipios promover las medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, es tarea de esa Fiscalía restituir sus derechos a las víctimas, haciendo justicia.

Entre las medidas que el Estado mexicano debiera promover, a fin de hacer del ciberespacio un entorno seguro para las mujeres y las niñas, están:

  1. Invertir recursos en empoderar a las mujeres y las niñas en el uso de Internet y las TICs;
  2. Impulsar programas de educación para las TICs con perspectiva de género, que permitan que niñas y niños desarrollen una mirada crítica de los contenidos que hacen apología de la violencia de género, así como habilidades para la producción de contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
  3. Promover la sensibilización social. La violencia de género tiene su origen en la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Revictimizar a una mujer o niña víctima de violencia, es una expresión de la misoginia que prevalece en las instituciones del Estado y que es transferida a las personas desde la infancia;
  4. Destinar recursos para investigaciones académicas que nos permitan conocer las dimensiones de la ciberviolencia contras las mujeres y las niñas y, con esta base de conocimiento, impulsar políticas públicas acertadas;
  5. Comprometer a las empresas del sector a crear protocolos de seguridad efectivos para la protección de mujeres y niñas en Internet;
  6. Aplicar el marco jurídico vigente en México que promueve los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y
  7. Garantizar justicia a las víctimas, no dejando los casos en la impunidad.

Aimée Vega Montiel, Investigadora del CEIICH de la UNAM y coordinadora del Programa de Género de la Amedi

aimeevm@unam.mx