Al menos 18 de las poco más de 20 estaciones de radio comunitarias e indígenas que existen en México viven en medio de una crisis: funcionan en condiciones precarias y en un limbo legal.
Según expertos, no les han otorgado su cambio de título de permisionarios a concesionarios comunitarias o indígenas, lo cual las coloca en una seria desventaja.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció que los permisos de medios de uso social comunitario e indígenas debían transitar a la figura de concesiones para permitirles acceder, por primera vez, a recursos de publicidad oficial.
Sin embargo, eso no ha ocurrido desde hace casi 2 años que se dio la reforma.
Héctor Camero, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, donde se concentran la mayoría de radios comunitarias e indígenas, aseguró que durante 2 años se han encontrado con trámites burocráticos que les ha impedido a sus 18 estaciones agremiadas realizar el cambio de título.
“Son varios aspectos que nos afectan, uno de ellos es la seguridad jurídica, pues ya desapareció el permiso y estamos en el limbo jurídico”.
En el aspecto económico, esta situación también les afecta.
El artículo 89 de la Ley, permite que los medios sociales que no tienen autorización para comercializar sus espacios, puedan aliviar sus problemas económicos a través de acceder al uno por ciento de los presupuestos de comunicación social de entidades públicas federales.
“(Sin embargo) resulta que no podemos acceder a estos recursos porque no somos reconocidos como concesionarios comunitarios indígenas”, añadió.
Pero estos no son sus únicos problemas.
Camero agregó que una vez que reciban el cambio de título de permisionario a concesionarios, se enfrentarán a que no existe una ventanilla única para realizar la solicitud del presupuesto.
“Las organizaciones indígenas y comunitarias deberán salir de su comunidad, lo que les cuesta dinero, y acudir a cada una de las dependencias federales para solicitar las asignaciones presupuestales”, dijo.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, reconoció que el órgano regulador tomó en cuenta las consultas públicas para realizar los lineamientos para el otorgamiento de concesiones, sin embargo, éstos no se han puesto en práctica.
Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (AMEDI), aceptó que es necesario que el órgano regulador agilice los trámites debido a las condiciones de supervivencia en la que operan y se organizan dichas estaciones.