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Televisión Digital, Declaración De La AMEDI

Amedi
Amedi
diciembre04/ 2016

23 de agosto de 2010

Televisión digital: más corporativismo electrónico,
o camino a la diversidad y calidad audiovisuales

El tránsito a la televisión digital ha sido anunciado por el gobierno federal como si de manera indefectible fuera a traer pluralidad y calidad a la televisión mexicana. Al adelantar seis años el plazo para que toda la televisión en nuestro país sea digital, el gobierno ha pretendido ocultar el desmedido obsequio de casi 5 mil millones de pesos que hizo a las empresas Televisa y Nextel al otorgarles un amplio segmento de espectro radioeléctrico, que será utilizado para telefonía celular, por un precio 28 veces menor a su valor en el mercado.

Las expectativas que con notorio entusiasmo pero quizá con inexcusable ignorancia ha propagado el presidente Felipe Calderón acerca de la televisión digital, solamente podrán cumplirse si su gobierno pone en práctica, pronto y de manera clara, las siguientes medidas.

1. Con la digitalización, en cada una de las frecuencias en donde actualmente se difunde un canal de televisión podrán transmitirse varios más. Si no hay precisiones a las actuales reglas, la consecuencia principal del proceso de digitalización será que las empresas que ya tienen muchos canales, ahora tendrán muchos más.

Es indispensable que el gobierno regule el uso de los canales que resultarán de la digitalización y que asigne los nuevos espacios a instituciones y empresas que hasta ahora han estado marginadas de la televisión abierta. Para ello, existen dos opciones. Una, sería que la autoridad establezca las normas técnicas necesarias para que en los canales adicionales se difundan señales de operadores distintos a la empresa que hasta ahora ha sido concesionaria única de cada frecuencia. Por ejemplo, en la frecuencia del actual Canal 2, además de la señal en alta definición de ese canal, podrán transmitirse dos o tres señales digitales en definición estándar. Una de esas señales adicionales podría ser asignada a la empresa actualmente concesionaria del Canal 2 y las otras, a nuevos competidores.

Otra opción sería que la autoridad reasignara el uso de las frecuencias garantizando la adjudicación de espacios a los actuales concesionarios pero también, y sobre todo, a nuevos competidores. Si hoy en día Televisa tiene cuatro canales de televisión en el Valle de México, podría quedarse con dos de ellos (por ejemplo, el 2 y el 4) y difundir en esos espacios, de manera digital, las señales que actualmente transmite de manera analógica. Los dos canales que quedarían libres (en este ejemplo, el 5 y el 9) conducirían señales de instituciones y empresas que actualmente no cuentan con espacios en televisión abierta.

2. Es preciso que los espacios que resulten de esa reasignación de frecuencias sean adjudicados o licitados a la mayor brevedad, a fin de que los interesados y la sociedad toda conozcan cuál será el panorama de la televisión mexicana en pocos años más. De manera paralela a la transición digital el gobierno puede licitar, ahora mismo, frecuencias suficientes para crear una o dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta. Si lo que busca es que haya “mayor número de proveedores de señal de televisión”, como ha dicho el presidente Calderón, allí se encuentra la vía más segura y pronta para lograr esa diversidad. Dejar de convocar a esas licitaciones indicará que en este asunto no hay auténtico propósito de renovación sino, únicamente, nueva demagogia con pretexto de la transición digital.

3. El Decreto del 2 de septiembre deja muchos temas en blanco. Aún antes de que se instalara la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, se informó que el gobierno otorgará un subsidio para que las familias que aún no cuentan con televisor digital, puedan adquirirlo  o en su defecto comprar un decodificador para adaptarlo a su TV analógica. Esa medida será pertinente si contribuye a que todos los mexicanos reciban las nuevas señales de televisión y especialmente si promueve la distribución de televisores y decodificadores que les permitan a todos disponer de imágenes de mejor calidad. Pero puede convertirse en un condenable recurso de clientelismo político. A fin de evitar que esos respaldos a las familias de menores ingresos sean un instrumento de chantaje político, proponemos que las subvenciones para adquirir televisores y decodificadores se distribuyan después de julio de 2012.

Además, para impulsar el empleo y la inversión, como tanto predica el gobierno, convendría que la Secretaría de Economía acordara con instituciones de educación superior y empresas, sin propiciar prácticas monopólicas, la fabricación de los decodificadores con materia prima y mano de obra nacionales. De esta manera se impulsaría un sector de la industria manufacturera en México.

Se ha dicho que el subsidio para facilitar el tránsito a la televisión digital será de 60 dólares por familia. Sin embargo no se ha explicado a partir de qué estudios, o qué cotizaciones, se hace tal estimación. Este asunto es demasiado serio y costoso para que dependa de ocurrencias o compromisos personales de algunos funcionarios públicos.

4. El Decreto presidencial no establece mecanismos y reglas claras a fin de que los concesionarios que actualmente utilizan un canal “espejo” –que les fue adjudicado para que replicasen en él la señal digital que difunden en cada canal analógico– regresen al Estado esa frecuencia. Ese es un defecto que ya tenía el Acuerdo del 2 de julio de 2004 del presidente Vicente Fox. Resulta apremiante que se establezcan tales reglas.

5. Aunque no ha definido cómo y cuándo van a ser regresados los canales “espejo”, el gobierno ya hace cuentas demasiado alegres acerca de los recursos que recibirá cuando sean puestos a licitación. Es posible que, como ocurrió en Estados Unidos, esas frecuencias sean utilizadas para servicios de transmisión de datos, entre ellos señales de Internet. Sin embargo, antes que el rendimiento financiero, la decisión sobre esas frecuencias tendría que tomar en cuenta una distribución racional, con criterios sociales, del espectro radioeléctrico. Debe abrirse una consulta pública en la que participen especialistas de las principales universidades del país, a fin de resolver cuál será la organización del espectro radioeléctrico, tanto para servicios de radiodifusión como de telefonía y de transmisión de datos, y tanto para empresas privadas como, de manera prioritaria, para instituciones educativas, culturales y grupos sociales.

6. La Comisión Intersecretarial para la Transición Digital está facultada para convocar a “representantes de asociaciones o personas de reconocido prestigio” en estos temas. Esas invitaciones deberían enriquecer la hasta ahora insuficiente propuesta del gobierno y no servir para una consulta de oropel. Con representación social, dicha Comisión podría tomar medidas para incentivar la producción de contenidos nacionales e independientes y ofrecer garantías a fin de que los medios públicos y comunitarios transiten a la televisión digital, pues son esos sectores los que más aportan a la pluralidad y la diversidad.

7. Además de televisión, en las frecuencias digitalizadas podrán difundirse otras aplicaciones. Actualmente la legislación no establece procedimientos para que el concesionario de una frecuencia de radiodifusión transmita, junto con esa señal, servicios adicionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta a las arbitrarias reformas que entregaban el uso discrecional de las frecuencias a las empresas concesionarias, estableció en 2007 que toda utilización adicional debe estar sometida a licitación. Este mandato del Máximo Tribunal no se especifica en el decreto presidencial.

Esa resolución ha constituido un candado para evitar nuevos abusos, pero también significa limitaciones a un pleno aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Proponemos una discusión, sin dilaciones y con fines muy específicos, a partir de la cual el Poder Legislativo emprenda reformas para una utilización racional y plena del espectro destinado a la radiodifusión.

8. Mientras no haya reformas que permitan a los concesionarios el uso de las frecuencias para servicios distintos a la señal cuya transmisión les ha sido autorizada, todo uso adicional a ese propósito es ilegal. Desde hace año y medio, Televisión Azteca difunde varios canales agregados en las frecuencias que tiene concesionadas. Esa utilización constituye un ilícito, según ha definido la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Exhortamos al Poder Judicial para que castigue ese abuso (otro más, entre los que perpetra con tanta frecuencia) de Televisión Azteca.

9. Ninguno de estos problemas existiría si tuviéramos una legislación completa para las telecomunicaciones y la radiodifusión. La indolencia de la mayoría de los legisladores, de todos los partidos, mantiene estancada la reforma legal que el país necesita en ese aspecto. En ambas cámaras del Congreso se encuentra, aún sin dictaminar, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales presentada en abril pasado.

10. Mientras el gobierno se confunde y a su vez confunde a la sociedad ufanándose de una televisión digital que todavía no construye, se ensancha la cascada de privilegios de quienes han acaparado la televisión mexicana. La Comisión Federal de Telecomunicaciones resolvió de manera irregular la Licitación 21, que significó la adjudicación a Televisa y Nextel de una franja de 30 MHz por un enganche de 180 millones de pesos (en contraste con los 5068 millones de pesos que otras empresas estuvieron dispuestas a pagar por un segmento de espectro radioeléctrico de las mismas dimensiones). Ahora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está demorando la entrega formal de esas frecuencias pero no por respeto a las inconformidades judiciales de algunas empresas afectadas con esa licitación.

La tardanza de la SCT se debe a la artimaña que contiene la Ley Federal de Derechos aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores entre octubre y noviembre del año pasado y que estableció una controvertida exención a las empresas que resultasen ganadoras de la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía celular. En el primer transitorio de dicha Ley se indica que los concesionarios de esas bandas estarán exentos del pago de los derechos correspondiente, durante todo 2011, en caso de que las concesiones les sean entregadas a más tardar el 30 de noviembre de 2010. Pero si esas concesiones se otorgan a partir del 1 de diciembre de 2010, la exención se extenderá durante 2011 y 2012.

La postergación en la entrega de esos títulos de concesión significaría para Televisa y Nextel un ahorro adicional de casi mil millones de pesos, y otro tanto para Telcel y Telefónica que reciben otro segmento de 30MHz como resultado de la Licitación 21.

En otras palabras: si el secretario de Comunicaciones y Transportes firma dichos títulos de concesión después del 30 de noviembre, ese aplazamiento le costará a la Nación cerca de 2 mil millones de pesos. La firma de Juan Molinar Horcasitas se puede convertir en una de las rúbricas más costosas para el país en nuestra ya bicentenaria historia. La demora de ese funcionario, constituiría un motivo más para que se le fincaran responsabilidades judiciales.

La transición digital será vía a una diversidad que México no ha tenido en la televisión, siempre y cuando el gobierno federal ponga en práctica decisiones como las que aquí sugerimos. A juzgar por algunas de sus declaraciones sobre el tema, el presidente Calderón no ha entendido las características ni los alcances de esa transformación tecnológica. Estamos en la mejor disposición para explicarle, a él o a los funcionarios que designe, cómo puede transitarse a un sistema de telecomunicaciones con más actores en vez de que se fortalezcan las empresas que ya tienen demasiados recursos comunicacionales. Podemos tener una transición digital para adentrarnos en el siglo XXI, con beneficios reales para la población. Pero sin medidas como las que mencionamos, lo único que se conseguirá será estancarnos aún más en el corporativismo electrónico que tanto atropelló a nuestra sociedad durante toda la segunda mitad del siglo XX.

México D.F., 23 de septiembre de 2010

Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.

Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente 

Mtro. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial. Lic. Aleida Calleja Gutiérrez, Comité de Relaciones Internacionales. Lic. Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional. Mtro. José Luis Domínguez Castro, presidente del Capítulo Yucatán. Mtro. Rafael Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla. Lic. Juan Sebastián Larrosa Fuentes, presidente del Capítulo Jalisco. Lic. José Agustín Pineda Ventura, Comité Jurídico. Mtra. Beatriz Solís Leree, Comité Académico. Mtro. Gabriel Sosa Plata, Comité de Investigación. Dra. Aimée Vega Montiel, Directora.