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Tarifa cero o capitulación del IFT

Jorge Fernando Negrete
Jorge Fernando Negrete
julio03/ 2017

Publicado en Reforma el 3 de julio de 2017

Me encantan la mentira y la difamación porque son transparentes como el agua y tarde o temprano se conocen. Tomo en serio los ataques al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que son, por definición, el ataque a la institucionalidad. ¿La estrategia? Amputarle sus facultades, bien en derecho de las audiencias, bien en interconexión. Creyéndose alumnos de Filipo de Macedonia estos sarracenos piensan: “si entro en Laconia, arrasaré Esparta”.

Atacan, por un lado, un amplio sector de la radiodifusión y, por el otro, un sector relevante de las telecomunicaciones. Los sofismas son: se caerán las inversiones si desaparece la tarifa cero; los beneficios de la reforma telecom se vendrán abajo y habrá monumentales daños económicos retroactivos para los operadores.

Tales afirmaciones buscan engañar al gobierno, confundir a la opinión pública y presionar al tribunal superior. En suma, construir un argumento público y político de pánico para garantizar su única obsesión: el secuestro del órgano regulador autónomo en materia de telecomunicaciones, su capitulación.

Antecedentes. El artículo sexto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 señala que “las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

El artículo 28 de la Constitución ordena al IFT a regular “de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia”. La reforma le otorga al IFT la facultad de regular de forma asimétrica a los operadores. Adicionalmente, el artículo 15 fracción IX de la LFTR fortalece las atribuciones del IFT al señalar que debe “emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia y concurrencia en el mercado”.

Conclusión: el IFT es la autoridad competente para resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión, así como fijar tarifas, con base en un modelo de costos sometido a consulta pública.

Interconexión. Cuando en 1920 nace la Radio Communication Comission, fue con la intención de regular los derechos de los consumidores y la interconexión de redes. Esta facultad fue ratificada para la naciente Federal Communication Commision (FCC) en 1934 y vuelta a establecer en la reforma de 1996 y de 2013. En Europa, las directivas de interconexión exigen la existencia de órganos regulatorios competentes para la regulación de la interconexión. Todos los reguladores del mundo cuentan con esta facultad esencial.

No es la tarifa cero, es la autonomía del regulador. No obstante la autonomía técnica y regulatoria del IFT, cabilderos y legisladores amputaron sus facultades vía el artículo 131 de la LFTR, para que el agente económico preponderante en telecomunicaciones no cobre a los demás operadores por las llamadas que terminen en su red, subsidiando rentas a otras redes.

La tarifa cero de interconexión vulnera la autonomía del IFT, porque impide el análisis de las condiciones de mercado y de competencia, la determinación de tarifas de interconexión con base en un modelo de costos; impide la revisión de las medidas asimétricas, la política regulatoria para ajustarla a la evolución del mercado e impide que el regulador sea transparente y predecible.

El secuestro regulatorio es inconstitucional por cuanto vulnera la autonomía del IFT para regular de forma asimétrica y resolver en materia de interconexión. Defender la tarifa cero es un ataque a las instituciones del Estado mexicano, así como una provocación a la autonomía de la Suprema Corte, pero engañar diciendo que los beneficios de la reforma telecom se acabarán, y amenazar al gobierno con desinversión, es una insolencia mayúscula.

La tarifa móvil más baja de América Latina ya no la tiene México: Costa Rica con 6 millones de habitantes y una tarifa de interconexión de 0.0309 dólares nos ganó ese privilegio. Más pequeños, con pago de interconexión y más baratos. ¿Que van a dejar de invertir? Una de las empresas quejosas tiene varios años sin invertir y ni siquiera participó en la licitación de espectro por falta de recursos.

¿Vamos a ratificar un acuerdo de libre comercio donde FCC pueda regular tarifas y el IFT no? Valiente asimetría regulatoria entre reguladores. Quieren todo para ellos, incluida la claudicación de las instituciones del Estado.