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Sustituir al regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión atenta contra los derechos de acceso a las TIC, de las audiencias, la libertad de expresión y la autonomía

Amedi
Amedi
junio10/ 2020
  • El regulador de telecomunicaciones y la radiodifusión tutela derechos fundamentales y no debe ser fusionado con la Cofece y la CRE
  • La iniciativa es un retroceso porque acabaría con la autonomía del regulador
  • Las nuevas designaciones serían políticas y no técnicas

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El senador Ricardo Monreal (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 28 constitucional para extinguir los reguladores de competencia económica (Cofece), telecomunicaciones, radiodifusión (IFT) y energía (CRE) y crear un nuevo regulador único que se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

La fusión de reguladores pretende quitarle autonomía y capacidad de gestión al IFT, atenta contra derechos fundamentales y busca un control político sobre los consejeros y los sectores regulados.

La reforma constitucional de 2013 creó un organismo regulador sólido, autónomo, especializado, porque sólo con esos atributos se podrían normar los mercados y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. La significativa capacidad de influencia que tienen las corporaciones privadas en tales sectores, así como la necesidad de salvaguardar los derechos de las audiencias y de los usuarios, hacían indispensable crear un organismo con esas características. Las reglas que se establecieron para designar a los comisionados del IFT, para que tuvieran un desempeño abierto al escrutinio público, buscaron afianzar esa autonomía y especialidad. 

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) expone las siguientes implicaciones de la propuesta.

1.     La eficiencia y el ahorro regulatorios son objetivos loables y necesarios, pero en la iniciativa sólo sirven de pretexto para cometer el grave error de fusionar los reguladores de competencia y energía con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A diferencia de los dos anteriores, el IFT tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (incluida la banda ancha e Internet), los derechos de las audiencias, de los usuarios y la libertad de expresión que requieren un tratamiento regulatorio específico.

2.   La tutela, protección, promoción, difusión y garantía de los derechos fundamentales no deben estar sometidos a criterios de austeridad, máxime cuando no existe un pleno cumplimiento y ejercicio de los mismos. En México existe una marcada brecha digital que impide a los habitantes desconectados y más desfavorecidos ejercer otros derechos humanos como salud, educación, trabajo o acceso a la información. En el país 40 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. La iniciativa no menciona cómo la fusión de los reguladores va a contribuir al pleno derecho de acceso a las TIC, a abatir la desigualdad digital o el impacto que tendrá en el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

3.  En el tema presupuestal, que es una de las principales motivaciones de la iniciativa, no se garantiza dicha suficiencia presupuestal para el Inmecob, pues la propuesta señala que la Cámara de Diputados lo hará “en la medida de lo posible”. Este defecto en la redacción compromete el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y, por lo tanto, los derechos fundamentales asociados a dicho desarrollo. En 2019 y 2020 la Cámara de Diputados redujo el presupuesto del IFT.

4.     Es un retroceso que la iniciativa desprofesionalice la regulación de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. En lugar de que las y los aspirantes pasen por un proceso de selección organizado y convocado por instituciones autónomas como el Inegi y el Banco de México, el Senado de la República se atribuye la facultad de convocar, entrevistar y proponer al Presidente de la República las ternas o quintetas para la designación de las y los consejeros que ocupen cada vacante. Todo lo anterior con carácter irrevocable e inatacable.

5.     Debido al punto anterior, la iniciativa degrada la autonomía del llamado Inmecob porque el nombramiento de los futuros consejeros-reguladores del Inmecob no sería autónomo sino político. En lugar de que sea un proceso de selección técnico e imparcial como establece actualmente el artículo 28 de la Constitución, se convierte en un procedimiento político-legislativo-partidista que le restaría autonomía a la nueva institución.

6.   La iniciativa carece de una visión de Estado regulador al atribuirle al Instituto el adjetivo de “Bienestar”, que es un lema o slogan del actual gobierno. La propia denominación del Inmecob lo tiñe de ideología partidista-gubernamental-oficialista, cuando la regulación debiera ser técnica, especializada y autónoma de los actores políticos y los agentes regulados. En estricto sentido, todas las instituciones del Estado mexicano deben estar encaminadas al bienestar y prosperidad de los habitantes de la nación.

Debido a que la garantía de los derechos fundamentales de acceso a las TIC, de las audiencias, los usuarios y la libertad de expresión, la autonomía, la profesionalidad y el carácter técnico y especializado de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no se salvaguardan ni se fortalecen con la propuesta, además de que dichos sectores no ameritan ahorros sino más inversiones, la Amedi hace un llamado a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la iniciativa, por ser contraria a los objetivos y aspiraciones consagrados en los artículos sexto, séptimo y vigésimo octavo constitucionales.

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Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

Presidente

Dr. Jorge Bravo

Presidente del Capítulo Jalisco

Mtro. José Rubén Alonso González

Presidente del Capítulo Puebla

Mtro. Rafael Gustavo Hernández García Cano

Presidente del Capítulo Nuevo León

Dr. Aurelio Collado Torres

Capítulo Oaxaca

Comité de vinculación institucional

Mtra. Beatriz Solís Leree

Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui

Lic. Carla Martínez Guillén

Dra. Adriana Reynaga Morales

Comité jurídico

Lic. Fabiola Peña

Lic. Andrea González Verde

Comité de medios públicos e industrias culturales

Dra. Patricia Ortega Ramírez

Mtra. Ma. Magdalena López Rocha

Dr. Rodrigo Gómez García

Comité de inclusión y alfabetización digital

Dra. Delia Crovi Druetta

Mtro. Servando Vargas Pérez

Mtro. Gustavo Ríos Alcázar

Comité de comunicación y difusión

Lic. Margarita Cruz Vicente

Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera

Lic. Violeta Contreras García

Tesorera

Lic. Elizabeth Salazar Sánchez

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