• Jueves, noviembre 23, 2017

Sismos urgen a conectar a todos los mexicanos y a tener un Protocolo de Comunicaciones de Emergencia

Amedi
Amedi
septiembre24/ 2017

El terremoto del 19 de septiembre, las tristes consecuencias que ha tenido y la amplia y solidaria respuesta de la sociedad mexicana, hacen más necesario que nunca el desarrollo de una política que lleve los servicios de telecomunicaciones a toda la población. En la capital del país, donde se han concentrado las labores de rescate, ha quedado demostrado que estos servicios contribuyen a la localización de las personas ocultas bajo los escombros, pueden llegar a salvar vidas y, sobre todo, permiten enlazar a los ciudadanos que de esa manera se organizan en las acciones de salvamento.

No todo el país cuenta con los enlaces telefónicos y de transmisión de datos que existen en las grandes ciudades. Una amplia cantidad de mexicanos sigue al margen del ejercicio pleno del derecho a comunicarse a través de dichos servicios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que, a 72 horas del sismo, 144 sitios de telefonía móvil continuaban afectados en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, equivalentes a 3 por ciento del total de las afectaciones sufridas después del terremoto.

Sin embargo, en tres de las entidades con los índices de bienestar más bajos (Oaxaca, Chiapas y Tabasco) en donde golpeó el sismo del 7 de septiembre, y ahora además en Morelos, Puebla, Estado de México y en las zonas más pobres de la Ciudad de México, a donde llegaron los estragos del terremoto del día 19, la insuficiencia de la telefonía móvil es mucho mayor.

Así como en 1985 la radio desempeñó una relevante función pública durante la emergencia y la tragedia, 32 años después la telefonía móvil, las redes sociodigitales e Internet permitieron a la población comunicarse, compartir tecnologías como el teléfono inteligente y planes de datos para saber el paradero de los seres queridos. Los servicios públicos de telecomunicaciones y las señales que irradian los teléfonos móviles hicieron posible la ubicación e identificación de damnificados bajo los escombros.

Aunque ya lo sabíamos, la emergencia y la posterior tragedia evidenciaron la importancia de que todos los mexicanos estén conectados a las redes y servicios de telecomunicaciones, sin distinciones entre zonas urbanas o rurales. La tragedia en la Ciudad de México –y la solidaridad que despertó– fue aún más evidente y notoria dentro y fuera del país porque de inmediato comenzaron a circular imágenes, videos y muestras espontáneas de solidaridad, dolor y heroísmo gracias a la conectividad, las redes sociodigitales y la enorme capacidad de compartir mensajes relevantes y aglutinar a la sociedad.

Lamentablemente, el IFT sigue sin avanzar en el proceso de consulta pública del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia. Es por ello que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) insiste y reitera lo expresado en un comunicado previo, y ahora lo hace con la indignación que significa constatar que diversas autoridades no actúen a tiempo, ya sea por lentitud, desidia o negligencia:

El IFT no ha cumplido con varias de sus obligaciones para asegurar que las redes de telecomunicaciones se encuentren en las mejores condiciones posibles en casos de emergencia como las que han ocurrido. En países con riesgo de ser afectados por desastres naturales como sismos o huracanes, como es el caso de México, se requieren inversiones adicionales para que las redes y la infraestructura resistan ese tipo de fenómenos naturales y los servicios sean restablecidos lo más pronto posible, pues son un derecho fundamental.

Ambos episodios sísmicos permiten confirmar las enormes deficiencias de la Estrategia Digital Nacional a cargo del gobierno federal. Ambos movimientos telúricos y los fuertes huracanes que enfrenta el territorio nacional cada año, evidencian una vez más la brecha digital y la falta de conectividad de los mexicanos más desfavorecidos, así como las indiscutibles ventajas de estar plenamente conectados.

Esas carencias son tan evidentes que el reciente Estudio de la OCDE de telecomunicaciones en México 2017 recomendó que la Estrategia Digital Nacional se actualice y establezca metas específicas. En vez de informar cómo atenderá esas recomendaciones, las dependencias del gobierno federal encargadas de la Estrategia Digital Nacional han aprovechado el documento de la OCDE para hacerse promoción, pero durante el terremoto en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México han guardado silencio.

El artículo sexto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2016 señala con claridad que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que deben prestarse en condiciones de cobertura universal. Asimismo, el artículo décimo cuarto transitorio de la reforma dice que el IFT “deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal”.

El IFT debió someter a consulta pública el Protocolo de Comunicaciones de Emergencia en el primer trimestre de 2017 (según consta en el Programa Anual de Trabajo 2017 del IFT), pero se ha pospuesto; el objetivo es regular la transmisión de mensajes en situaciones de emergencia de forma ordenada y homogeneizada por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión en coordinación con las instituciones y autoridades de protección civil. El IFT no es el único responsable en la emisión oportuna de dicho Protocolo; otras entidades del Gobierno Federal también deben de coordinarse y aportar su experiencia para la inmediata aplicación del instrumento.

Pero para que cualquier Protocolo de Comunicaciones de Emergencia sea eficiente y funcione, la población primero debe estar conectada y recibir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que la política de inclusión digital universal del gobierno federal sigue siendo una asignatura pendiente, ya iniciado el proceso electoral y a 15 meses de que concluya el actual sexenio. Ha quedado demostrado que las telecomunicaciones pueden ayudar a salvar vidas.

La Amedi reitera su exigencia para que el organismo regulador de las telecomunicaciones cumpla con las obligaciones legales que hasta ahora ha desatendido en ese y otros temas. De manera específica, exhortamos al IFT para que de inmediato convoque la consulta pública para la emisión del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia, pues seguir demorándolo pone en riesgo la vida, integridad y patrimonio de millones de mexicanos.

También debe existir una fiscalización y evaluación permanentes de la infraestructura de telecomunicaciones para enfrentar situaciones de emergencia, y emitir un informe detallado de lo acontecido tras el siniestro (tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión privada, pública y comunitaria), en todas las entidades del país donde impactó. Asimismo, urge establecer un mecanismo de coordinación con la oficina de la Estrategia Digital Nacional, para que ambas instancias cumplan con su obligación constitucional de contribuir a la inclusión digital universal.

                                                                   .

Lic. Jorge Fernando Negrete P.

Presidente del Consejo Directivo de la Amedi

 

Dr. Raúl Trejo Delarbre

Presidente del Consejo Consultivo

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Presidencias de los capítulos de la Amedi

Amedi Jalisco

Dr. Bernardo Masini

Amedi Oaxaca

Mtra. Magdalena López Rocha

Amedi Puebla

Mtro. Rafael Hernández García Cano

Amedi Michoacán

Dr. Héctor Pérez Pintor

Amedi Nuevo León

Mtro. Aurelio Collado Torres

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Consejo Directivo

Mtro. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Mtro. Efrén Páez, Mariana Torres, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Ismene Flores Guadarrama.