El Pleno del Senado de la República aprobó el martes por 94 votos a favor y 23 en contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El artículo 29, que aborda la Ley 3 de 3, expone que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de la alta burocracia serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, lo cual será determinado por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta especificación, de acuerdo con expertos en transparencia, fue una forma de “ignorar” y “fallar” a los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa por el nivel de hartazgo hacia la corrupción. Con tal de “protegerse” y no explicar el origen de sus bienes, los legisladores demostraron su falta de compromiso con la ciudadanía y desperdiciaron la “oportunidad histórica” de avalar un referente a nivel internacional.
Sin embargo, subrayaron expertos consultados, la ley también contiene puntos favorables, como la lista negra que impide a funcionarios sancionados por corrupción seguir brincando a otros cargos y la creación de una Fiscalía Anticorrupción especializada e independiente, el nacimiento de un Tribunal de Justicia Administrativa especializado y ordena la coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una política integral.
Durante la madrugada, 59 senadores votaron en contra de que sea obligatorio que las declaraciones se publiquen de acuerdo con el formato de la Ley 3 de 3 apoyado por más de 634 mil firmas ciudadanas: 52 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un independiente. En contraste, 51 senadores votaron a favor sobre la máxima publicidad de las declaraciones: 34 miembros del Partido Acción Nacional (PAN), 16 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un independiente.
Además, 17 senadores no votaron ese punto y un Senador del Partido del Trabajo (PT) se abstuvo.
“Lo que quedó en el dictamen aprobado es que sea el Comité Ciudadano, que se instalará como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, quien decida qué va a ver en esos formatos públicos. Es desafortunado porque no es lo que pedimos los miles de ciudadanos que estamos a favor de esta iniciativa”, declaró en entrevista Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto 3 de 3 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). La ciudadanía pidió “que se establecieran formatos [para publicar declaraciones] directamente en la legislación, que no estuvieran susceptibles a interpretaciones de un Comité –que aún no sabemos cómo estará integrado– ni a presiones de la clase política en un futuro. Ahí está centrado el enojo ciudadano, la frustración y la tristeza con la falta de compromiso que vimos ayer”.
Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), aclaró a este medio que al no haber consenso entre las fuerzas políticas sobre el tema de la publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos, dejaron que sea el Comité Ciudadano el que defina los campos específicos que cada uno tiene que llenar al presentar su declaración.
“Si esto hubiera pasado tal y como habían planteado los ciudadanos, hay políticos que en este momento, al hacerlo público, no podrían explicar sus bienes. Muchos de ellos han acumulado bienes que provienen de actos de corrupción. Obviamente muchos de ellos prefirieron protegerse; no fueron abiertos y sensibles en ese tema en particular”, explicó.
“No es el mejor escenario ni lo ideal en función de cómo había avanzando la iniciativa”, reconoció González Arreola. Pero enfatizó que aunque “la información de las declaraciones no va a ser pública necesariamente, sí la va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción de manera que va a poder identificar situaciones particulares a partir de inteligencia financiera. Este Sistema tiene un secretariado ejecutivo que integra a las diferentes áreas responsables de combate a la corrupción presidido por un consejo ciudadano, lo cual le da mayor fortaleza […] Aún cuando no se hacen públicas, obliga a los funcionarios a entregarlas a la secretaría ejecutiva del sistema que podrá monitorear investigar, y eventualmente dar pista a la instancia independiente de procuración de justicia”, dijo.
Zapata, del IMCO, acusó que los senadores del PRI y del Partido Verde tuvieron la oportunidad histórica de poner al país como un referente de lucha anticorrupción, pero “literalmente ignoraron a la ciudadanía” y “decidieron patear el bote y fallarle a los cientos de miles de ciudadanos que confiaron en esta vía institucional. Queda claro que estos senadores no escuchan a los ciudadanos, no les importa el nivel de hartazgo tan grande que tenemos los ciudadanos contra la corrupción […] Muchos de los senadores que ayer votaron en contra mostraron un nivel de hipocresía enorme porque ellos ya presentaron su 3 de 3”.
Sin embargo, expuso que los otros artículos “dan dientes” al Sistema Nacional Anticorrupción para detectar y sancionar la corrupción en todos sus niveles.
“Un avance muy importante es la creación de la lista negra de funcionarios sancionados: un funcionario que sea sancionado por un acto de corrupción a nivel federal ya no podrá brincar a un puesto de un estado o municipio. También es fundamental que se integren mecanismos de denuncia y que se proteja a los denunciantes, se tipifican los tipos de corrupción […]. No fue un fracaso, pero hubo una oportunidad histórica que se dejó perder”, concluyó.
El director de Gesoc también cree que el resto de la legislación es “muy buena, muy robusta y es un precedente importante en el combate contra la corrupción”.
El Sistema Nacional Anticorrupción, justificó, ya no va a estar en manos de funcionarios públicos, sino vigilado por un comité de participación ciudadana.
Asimismo, se crea una fiscalía anticorrupción especializada e independiente, nace un Tribunal de Justicia Administrativa especializado y mandata a la coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una política integral.
Habrá una serie de modificaciones a las penas a las cuales se pueden someter quienes sean encontrados culpables, añadió. Hay una diferencia entre faltas administrativas y faltas penales. Así es más sencillo que no atiborren a los tribunales con casos administrativos y quite tiempo y espacio para casos donde sí hay corrupción.
Posicionamiento de senadores
Durante la discusión y aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, algunos senadores del PRD y PAN expusieron su posicionamiento sobre hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
El Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que el proyecto de decreto quedó sumamente corto, porque el tema de las declaraciones “es limitado” al no hacerse un requisito obligatorio ya que, dijo, la entrega queda a voluntad de los servidores públicos.
“El PRD está en contra de que no se quiera avanzar en este esquema. Si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, lo que debemos hacer es restituir el pacto de confianza con la ciudadanía”, declaró.
La senadora panista Marcela Torres Peimbert propuso cambiar la redacción para usar el formato de las versiones públicas que fueron establecidas para la Ley 3 de 3. Las declaraciones patrimoniales, afirmó, no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México.
Raúl Morón Orozco, del PRD, aseguró que por encima del derecho a la privacidad en la información personal, debe prevalecer la supremacía del interés social y el interés público, por lo cual es necesario generar un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el combate a la corrupción.
El Senador perredista Mario Delgado Carrillo expresó que la Ley 3 de 3 no es la solución única, pero es importante por lo que tiene que haber “una medida radical” que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos y de las empresas privadas, “ya que cualquier gradualismo es simulación”.
En contraste, este día organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Red por la Rendición de Cuentas y México Evalúa exhibieron a través de sus cuentas en redes sociales a los senadores que no votaron en la discusión de Ley de Responsabilidades el tema del formato de declaraciones.
PAN:
• Adriana Dávila Fernández.
• José María Martínez Martínez.
• Jorge Luis Preciado Rodríguez.
• Hector Larios Córdova.
PT:
• Manuel Bartlett Díaz.
• Marco A. Blasquez Salinas.
• Hector Adrián Menchaca Medrano.
• Carlos Manuel Merino Campos.
• Martha Palafox Gutiérrez.
• Layda Sansores San Román.
PRD:
• Luz María Beristain Navarrete.
• Fidel Demedecis
• Benjamín Robles Montoya.
• Alejandra Roldán Benítez.
PVEM:
• Ninfa Salinas Sada.
PRI:
• Manuel Humberto Cota Jimenez.
• Diva Gastelum Bajo.
• Teofilo Torres Corzo.
La publicidad facilita el monitoreo: Fundar
634 mil mexicanos –organizaciones, universidades, empresas y la sociedad civil– solicitaron mediante su firma que los servidores públicos hicieran pública su declaración fiscal, de intereses y patrimonial para evitar actos de corrupción.
“La iniciativa tocó una herida abierta en el cuerpo social de nuestra república: el hartazgo por la corrupción”, aseguró ayer Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en comparecencia ante las Comisiones Unidas encargadas de la dictaminación de las Leyes Anticorrupción en el Senado de la República.
La iniciativa Ley 3 de 3 busca también que tanto los servidores públicos como los particulares sean sancionados cuando participen de actos de corrupción; una política de prevención y corrección de actos de corrupción; y sanciones por falsedad de declaraciones.
“Creemos en la protección de datos personales y en la privacía de las personas. Demandar versiones públicas de las tres declaraciones no es un intento por ridiculizar o llamar al escarnio a la clase política y a los funcionarios públicos. Nada más lejos de nuestro propósito. Nos mueve la conciencia de que hasta ahora, las declaraciones patrimoniales sólo han servido para ampliar el catálogo de obligaciones de los servidores públicos y no constituyen un mecanismo que prevenga la corrupción, mediante el uso de instrumentos de inteligencia, análisis de datos y cruce estadístico de la información en poder del Estado”, dijo a los senadores antes de la aprobación.
Fundar pidió ayer a los senadores que debía establecerse la publicidad obligatoria, en formato de versión pública, de las declaraciones patrimoniales y de intereses, para acceder a la información necesaria para prevenir y detectar posibles faltas administrativas y hechos de corrupción sin dejar de proteger los datos personales susceptibles de vulnerar la privacidad de los servidores públicos.
“La publicidad de las declaraciones es una solución multifactorial pues facilita la revisión y verificación del contenido de las declaraciones, y habilita el monitoreo ciudadano. Lo anterior tiene como beneficios una mayor participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción (pueden revisar el contenido y denunciar si se detecta alguna irregularidad), así como generar mecanismos de rendición de cuentas directa”, argumentó en una carta.
Por ningún motivo, añadió, debe ser incluido en la versión pública de las declaraciones: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP), domicilio particular, teléfono particular, números de cuentas bancarias o valores, datos de ubicación de los bienes muebles e inmuebles, datos concretos de identificación respecto de los bienes muebles e inmuebles, y placas de automóviles.