• Martes, febrero 21, 2017
Respuesta a preocupaciones

Cronología de los hechos

Lunes 25 de enero de 2016, 13.33 pm. El presidente de la Amedi, Jorge Fernando Negrete, recibe un correo de Luis Miguel Carriedo donde le comparte una carta abierta con preocupaciones sobre posturas recientes de la Amedi. Al final la carta apela a discutir por escrito o en persona los asuntos planteados.

25 de enero de 2016, 14.19 pm. El presidente de la Amedi, Jorge Fernando Negrete, responde a  Luis Miguel Carriedo (con copia a los demás destinatarios del correo original) que acepta el diálogo interno “con todos los firmantes, en virtud de la seriedad y preocupación de sus aseveraciones”, solicitando hora y lugar para realizar el diálogo.

25 de enero de 2016, 14.39 pm. Luis Miguel Carriedo responde y se compromete a buscar fechas.

Viernes 29 de enero de 2016. El presidente de la Amedi no recibe respuesta a su oferta de diálogo interno y decide responder por escrito a la carta abierta como un acto de eficiencia administrativa y transparencia, dejando constancia de que aceptó el diálogo con absolutamente todos los firmantes, pero por alguna circunstancia no han logrado concretar un encuentro para plantear personalmente sus preocupaciones.

 

Respuesta abierta a preocupaciones infundadas

En respuesta a la “Carta abierta. Preocupaciones sobre posturas recientes de la Amedi” (ver Anexo), los comunicados de la asociación son discutidos y enriquecidos por los 17 integrantes que conforman el actual Consejo Directivo. Nueve de ellos tienen doctorado, cuatro son maestros, dos son licenciados y dos más profesionistas que van desde el derecho, la sociología, la ingeniería y la comunicación.

En varias ocasiones han sido más los especialistas quienes intervienen en la elaboración y contenido de los comunicados, porque hemos consultado a los capítulos de la Amedi, a expertos asociados y externos, quienes generosamente aportan su conocimiento y experiencia.

Salvo cuando se consultaba al Consejo Consultivo de la Amedi en temas muy específicos, ninguna otra presidencia de la asociación ha sometido los comunicados a tantas personas, resultado de una deliberación democrática, colegiada y eficiente, porque ciertamente las posturas de la Amedi han sido oportunas. Lo anterior significa que los comunicados de la Amedi son resultado de un trabajo colectivo y, por lo tanto, no representan la posición personal de alguien en particular (ni siquiera de su presidente), sino que salvaguardan los principios de la asociación y el interés público.

 

1. Beneficios de la TDT, multiprogramación y comunicación estratégica

Los beneficios que menciona el comunicado del 9 de noviembre de 2015 y que se reproducen en la carta no son un invento de la Amedi; son beneficios reales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) no sólo en México, sino en todos los países donde han ocurrido apagones analógicos. La actual directiva conoce y ha analizado más de 20 transiciones a la TDT en el mundo, la mayoría ocurridas en países desarrollados, por lo que ya existe suficiente experiencia y literatura acumuladas.

Aunque estrechamente relacionada, la multiprogramación (mejor dicho, la multiplexación) es un tema distinto en el contexto específico en el cual se formuló el comunicado: el intento de varios senadores por modificar la Constitución y aplazar un año el fin de las señales analógicas, y el llamado de la Amedi a hacer cumplir la Carta Magna y concretar el “apagón analógico” el 31 de diciembre de 2015.

Toda postura debe ser concreta y estratégica para que logre sus objetivos de comunicación con las audiencias correctas. Incorporar temas distintos quizá haga los documentos más extensos, pero también extravían el objetivo central de su comunicación y mensaje.

En ningún momento la postura de la Amedi confunde competencia (más cadenas de televisión, de suyo positivo) o desconoce la falta de diversidad que priva en la televisión abierta mexicana. Por el contrario, el mismo comunicado señala con claridad que “retrasar el ‘apagón analógico’ también implicaría demorar la competencia en TV abierta, la pluralidad y la diversidad de contenidos”.

Tanto la nueva cadena de televisión abierta que operará Cadena Tres, las futuras que se liciten en 2016 y el proceso de multiprogramación para incorporar contenidos distintos a los actuales, dependen de que las señales de televisión sean digitales. Es decir, sin digitalización la multiprogramación no es posible.

En 2012, durante la presidencia de Aleida Calleja en la Amedi, el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Noveno en Materia Administrativa, admitió la demanda de amparo que interpuso la Amedi en contra del proyecto de multiprogramación aprobado por el Pleno de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) el 12 de junio de 2012, por incrementar la concentración y violentar los artículos 6, 7, 27 y 28 constitucionales. Tres años después, la actual presidencia sigue defendiendo esos mismos principios que motivaron y fundamentaron la demanda de amparo, pues incluso participé en su discusión y redacción. Cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en marzo de 2013, también durante la gestión de Aleida Calleja, la Amedi manifestó su preocupación porque la multiprogramación no fuera obligatoria para las televisoras.

Ahora, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala en su artículo 158 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación a los concesionarios que lo soliciten. Es decir, la multiprogramación es voluntaria en el nuevo ordenamiento legal aprobado en 2014, además de que no se cobra la contraprestación correspondiente.

Cabe destacar que el IFT aprobó someter a consulta pública el Anteproyecto de Lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación el 14 de enero de 2014, en la cual pudo participar la Amedi pero no lo hizo. Los Lineamientos se aprobaron en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2015. En el momento procesal oportuno la Amedi no emitió algún comentario sobre la multiprogramación. Hago propia la preocupación que se expresa en la carta abierta sobre las razones por las cuales la Amedi no participó en un tema tan importante para fomentar la diversidad y la pluralidad, además de la competencia, a través de un proceso técnico como la multiprogramación.

En lo que respecta a la licitación de frecuencias para televisión abierta, el 7 de marzo de 2014 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó las bases de licitación para canales de televisión digital abierta, publicadas ese mismo día en el portal del IFT. Asimismo, el 16 de julio de 2014 el Pleno del IFT aprobó el acuerdo para someter a consulta pública la Política para la transición a la Televisión Digital Terrestre. En ambos procesos, la Amedi tuvo la oportunidad de participar o de hacer pública su postura, preocupaciones y propuestas. No lo hizo.

 

2. 48 minutos de tiempos oficiales o coger el rábano por las hojas

No existe contradicción alguna en el posicionamiento de la Amedi del 26 de noviembre de 2016 y coincide plenamente con la posición que defienden en la carta abierta. En ningún momento el comunicado de la Amedi propone o sugiere reducir o eliminar los 48 minutos de tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los procesos electorales.

Como la Amedi es una asociación plural, el del tiempo para propaganda electoral es un tema en el cual existen varias opiniones. No por ello el Estado debe dejar de ejercer los tiempos oficiales para diversos fines.

La interpretación de ustedes adopta un sentido equivocado o un alcance que no tiene la postura institucional de la Amedi. La esencia del manifiesto es la defensa de la gratuidad de los espacios en radio y televisión, la prohibición de la compra-venta de tiempos y la necesidad de ampliar los espacios de deliberación dentro de los mismos 48 minutos que administra el INE desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral. El propósito es acabar con el proceso de “spotización” de las campañas políticas que ha generado una sensación de saturación y hartazgo en el electorado. Ese, y no otro, es el sentido del comunicado.

Como el artículo 41 constitucional ordena que los 48 minutos diarios “serán distribuidos en dos y hasta tres minutos”, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que las unidades de medida para los mensajes de los partidos serán treinta segundos, uno y dos minutos (artículo 167-6), los 48 minutos de tiempos oficiales resultan demasiados si sólo se utilizan –como ocurre hasta ahora– para spots de 30 segundos.

Con base en la Numeralia proceso electoral 2014-2015 del INE, los 48 minutos redundaron en 40 millones 993 mil 632 spots pautados en precampañas, intercampañas y campañas a nivel federal y local (del 8 de octubre de 2014 al 4 de junio de 2015) en todas las emisoras del país. De esa cifra, 27 millones fueron spots de los partidos y 13.4 millones de las autoridades electorales. Esa cantidad son demasiados spots. Son demasiados porque también lo son los 48 minutos que sólo pueden utilizarse para esas octavillas de 30 segundos, la mayoría de ellas repetitivas.

No hay lugar a confusión. Los 48 minutos de tiempos oficiales deben destinarse para formatos distintos a los del spot de 30 segundos, uno o dos minutos; en cambio, deben utilizarse para cápsulas o segmentos más amplios, donde se privilegie la deliberación y el intercambio de ideas de los partidos, candidatos o especialistas que deseen participar de la discusión pública durante el proceso electoral. Al anular el debate político, la “spotización” de las campañas restringe la libertad de expresión y el derecho a la información de la población.

Esa es la postura de la Amedi, no acortar ni reducir o eliminar los tiempos oficiales, para lo cual se requiere una reforma constitucional. De ahí el riesgo de que los radiodifusores, a través de los partidos y sus legisladores, pretendan una contrarreforma electoral. La Amedi estará atenta para defender el modelo de comunicación político-electoral sustentado en la gratuidad de los espacios en radio y TV, pero también para propiciar más debate, más discusión, más deliberación y menos mensajes triviales e insustanciales a través de spots de 30 segundos. Todo dentro de los 48 minutos de los tiempos oficiales que debe seguir administrando el INE.

A la actual directiva de la Amedi también le preocupa que los consejeros del INE no adopten una posición clara y contundente en defensa de la gratuidad y la calidad democrática mediante la deliberación pública y el uso de los tiempos oficiales para ese fin. También le preocupa que algunos consejeros se plieguen a los intereses de ciertos partidos, como el Partido Verde, que en todo momento ha cuestionado el modelo de comunicación político-electoral, respaldando los intereses de las televisoras y socavando las resoluciones de la autoridad electoral en ese y otros temas.

 

3. Derecho de réplica: ¿es mejor no tener ley?

A través de su comunicado del 11 de noviembre de 2015, la actual directiva de la Amedi no contradice la postura del comité anterior en materia de derecho de réplica.

El derecho de réplica no había sido reglamentado desde que fue incorporado en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión de 2002 y, posteriormente, en la reforma electoral de 2007. El Poder Legislativo fue claramente omiso y la Amedi siempre llamó a reglamentar el derecho de réplica. Es insostenible y contradictorio afirmar que es mejor no tener ley reglamentaria.

El texto de la Amedi es claro al señalar que la Ley reglamentaria en materia de derecho de réplica llena un vacío legislativo, pero de inmediato se advierte que es insuficiente, deja indefensa a la persona porque los costos afectan la gratuidad del derecho y judicializa el procedimiento para solicitar la rectificación. Al final del comunicado la Amedi adelanta que “promoverá adecuar la legislación para que simplifique el derecho de réplica, evitando la judicialización del proceso y buscando otras alternativas más accesibles para las personas”. Es decir, en ningún momento la Amedi queda conforme con los términos de la ley reglamentaria porque sostiene que no es adecuado que el derecho de réplica se traslade a los tribunales.

Históricamente, la Amedi nunca ha dejado de reconocer insuficiencias en el régimen legal de la comunicación, al tiempo que ha reconocido avances. El 22 de marzo de 2013 la Amedi emitió un comunicado titulado “Celebramos la aprobación de las reformas para telecomunicaciones”. La Amedi planteó frases como “algunos detalles que preocupan”, “añadidos que resultan innecesarios”, “preocupa la modificación final” o estamos “preocupados ante la posibilidad de que la reforma sea desfigurada”; pero también se pueden leer en el mismo texto que “la Amedi saluda que haya salido adelante la reforma”, “estaremos muy atentos al desarrollo de ese proceso legislativo”, “tenemos motivos de sobra para congratularnos con la decisión que tomaron los diputados” y “celebramos este paso adelante”. Todo ello en un mismo posicionamiento.

Si la reflexión siempre va a ser en términos absolutos, descalificatorios o maniqueos, en 2013 la Amedi hubiera optado porque no se aprobara la reforma en materia de telecomunicaciones porque los “detalles”, los “añadidos” o la “modificación final” resultaban “preocupantes”.

En el caso del derecho de réplica, tampoco debe soslayarse el nuevo contexto digital. Cuando surge el derecho de rectificar informaciones erróneas en los medios de comunicación, no existían otras plataformas de comunicación para hacerlo. La persona agraviada estaba a merced del medio que había difundido información inexacta o errónea para que su réplica pudiera ser recibida, procesada, aceptada y posteriormente leída o escuchada. El de réplica es un derecho predigital que busca garantizar la libertad de expresión ante estructuras verticales y monopólicas de los medios de comunicación impresos o electrónicos, pero en la actualidad viene a ser potenciado y redimensionado con las nuevas tecnologías digitales.

Ahora existen herramientas y plataformas que permiten ejercer el derecho de réplica sin ceñirse a los lentos procedimientos de los medios, administrativos o judiciales. Por ejemplo, si una revista impresa publica información errónea o mentiras que agravian a la persona, el ofendido no tiene que esperar ni limitarse a restricciones de espacio editorial, sino que puede difundir su postura a través de blogs o redes sociales, cuyo alcance puede ser incluso mayor al tiraje de una revista impresa, y su impacto más directo con sus seguidores, quienes además contribuyen a compartir el mensaje y crear redes de colaboración y solidaridad.

Desde luego, estas plataformas y herramientas digitales no sustituyen ni reemplazan el pleno derecho de réplica, pero tampoco se constriñen a él. Hoy existen reglas y procedimientos para el derecho de réplica, pero también otras opciones que posibilitan la libertad de expresión.

 

4. Caso Argentina y convergencia

La Amedi no ha emitido hasta el momento una postura al respecto.

Celebro que se reconozca la importancia de los procesos de cambio legislativo, regulatorio y de diseño institucional en América Latina. En el Plan de Trabajo que presenté en la Asamblea General de la Amedi el 28 de octubre, señalé con claridad la importancia de expandir el mensaje de la asociación para generar “liderazgo y diálogos constructivos a lo largo de nuestro país y América Latina”. La preocupación planteada en la carta abierta confirma la pertinencia de mi propuesta que fue aprobada por el Consejo Consultivo de la Amedi.

Aunque la actual directiva de la Amedi no se ha pronunciado sobre el caso argentino, en el Boletín Amedi 51 de 2015 se publicó una declaración conjunta de doce organizaciones defensoras de la libertad de expresión (denominada Coordinación Anticoncentración), incluida la Amedi, justo después del decreto de intervención de las autoridades federales de Servicios de Comunicación (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) de Argentina.

Entre otras cosas, se señala en la declaración conjunta que “los Estados deben cumplir con sus obligaciones de garantizar y proteger la libertad de expresión, haciendo el uso máximo de recursos institucionales para que el pluralismo y la diversidad sean una realidad material que permita el goce de este derecho y aseguren el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva y no sólo individual, para lo cual es necesario armonizar su legislación interna y adoptar políticas públicas activas de acuerdo a los estándares internacionales en la materia”.

Antes y durante la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la legislación secundaria, la Amedi siempre se pronunció a favor de una ley integral y un regulador convergentes. También debatió internamente, propuso y avaló la creación de un órgano constitucional autónomo robusto, capaz de enfrentar el cambio tecnológico y los factores reales de poder como empresas o gobiernos en turno. Lo anterior constituye una postura congruente, moderna y visionaria de la Amedi.

Es importante señalar que en los últimos años han ocurrido cambios legislativos y de diseño institucional no sólo en Argentina, también en Colombia, Brasil, España, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En todos estos países han existido avances y cuestionamientos a la política pública, el proceso parlamentario, la legislación y el diseño institucional. Es conveniente observar y analizar todos estos procesos y cambios en la región y el resto del mundo –no sólo uno aislado o de moda– para comprender las tendencias en el diseño de políticas públicas, legislativas, regulatorias y de integración de los organismos reguladores en un ecosistema digital cambiante. Todos los casos son importantes y aleccionadores para el estudioso serio de la comunicación desde una perspectiva multidimensional.

En el caso argentino, no deben confundirse el acto de autoridad de intervención, extinción y creación de un único Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con las modificaciones a la Ley de Medios y Argentina Conectada que emprendió el nuevo presidente Mauricio Macri. Una cosa es la creación de un organismo que fusione las telecomunicaciones y la radiodifusión y otra muy distinta el conflicto político entre las autoridades salientes y entrantes.

Tampoco debe creerse ingenuamente que la AFSCA y la AFTIC eran organismos reguladores autónomos, pues sus autoridades pertenecían al grupo político liderado por el kirchnerismo (La Cámpora). Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego la Amedi sostiene que la autonomía de los organismos reguladores de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las TIC debe ser plena respecto de gobiernos en turno, empresas e intereses partidistas. Sin embargo, en América Latina no existe una sola experiencia sino distintos modelos de diseño institucional, algunos muy eficientes en sus políticas y resultados.

Para mayor información, el especialista argentino Martín Becerra, miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Amedi, sostiene que “la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el principal grupo multimedios, Clarín, relegaron a un segundo plano la aplicación de la norma legal”. Amplio conocedor del tema, Becerra recuerda que “la historia del kirchnerismo y el Grupo Clarín es la de una alianza que duró casi cinco años y que al estallar se transformó en una guerra abierta con la política argentina como escenario bélico”.

El conocimiento amplio del caso argentino incluye reconocer que al principio el kirchnerismo y Grupo Clarín fueron aliados porque Néstor Kirchner accedió a la presidencia con 22 por ciento de los sufragios y necesitaba la legitimidad que Clarín le brindó. El último día de su mandato (¿no hemos criticado estos albazos en México?), Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal (Clarín). Fue la cobertura de la “crisis del campo” y las dificultades para que Clarín controlara Telecom Argentina, lo que rompió una relación política y de negocios que había sido muy cercana.

 

La Amedi celebra y siempre estará abierta al diálogo interno. Una vez resueltas con amplitud y apertura y agotadas las inquietudes planteadas, los firmantes de la carta abierta no deben sentirse preocupados, porque el sólido trabajo y la multidisciplinar integración de la nueva directiva de la Amedi ha logrado colocar, explicar, debatir, analizar y proponer los temas con base en los más altos principios de la libertad de expresión y el derecho a la información. La Amedi seguirá pronunciándose, participando del debate público y no será cómplice silente de los atentados al derecho a la información que cometan empresas, políticos, funcionarios o instituciones.

La Amedi está construyendo una nueva imagen alejada de descalificaciones y maniqueísmos fáciles, propios de quienes a falta de argumentos prefieren acusar. La Amedi está enfocada en el respeto absoluto entre pares y el trabajo colegiado con el Consejo Consultivo, sus capítulos en los estados, analistas independientes con sobrada credibilidad y la excepcional calidad profesional e integración multidisciplinaria del Consejo Directivo. Asimismo, la Amedi se apoya en el estudio, el conocimiento, la reflexión argumentada y técnica, el intercambio de puntos de vista, los datos empíricos, la experiencia internacional, las mejores prácticas y los valores de una comunicación democrática, plural e incluyente.

27 de enero de 2016.

 

Atentamente,

Lic. Jorge Fernando Negrete P.

Presidente de la Amedi

 

ANEXO

(La siguiente carta no fue editada ni apostillada, sólo se copió del correo original)

 

25 de enero de 2016

 

Carta abierta

 

Preocupaciones sobre posturas recientes de la AMEDI.

 

 

Jorge Fernando Negrete

 

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

 

Presente:

 

Los abajo firmantes hemos seguido con atención las posturas que la nueva directiva de la AMEDI ha difundido públicamente respecto a diversos temas, y sin duda reconocemos la solvencia y pertinencia de buena parte de los argumentos que se exponen en los comunicados presentados a nombre de la asociación, los cuales nutren el debate informado y la defensa del interés público en materia de derecho a la información.

 

Resaltamos sobre esas posturas, por ejemplo, los cuestionamientos precisos sobre la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos (la Ley Fayad), en la que había artículos claramente censores, con potencial riesgo para ejercer la libertad de expresión en internet, como lo dijo oportunamente la AMEDI; o la burla reciente que representa la medida ya avalada para posponer el apagón analógico en algunas emisoras, la cual utilizó como bandera una supuesta sensibilidad frente a la carencia de recursos por parte de los medios públicos, cuando en realidad se trataba de una decisión hecha a la medida y con un beneficio directo para las empresas de televisión privadas, particularmente para Televisa y sus señales complementarias.

 

Compartimos sin duda esos argumentos colocados en la arena pública a través de los comunicados institucionales de la asociación, salvo en cuatro casos concretos que nos preocupan:

 

  1. La TDT y sus “beneficios”.

 

Coincidimos tal y como lo señala el comunicado que difundió la AMEDI el 9 de noviembre, con la postura  relativa a que deben respetarse las atribuciones del órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los plazos establecidos constitucionalmente para el apagón analógico, pero en un segmento de ese mismo comunicado, se manifestó una primer postura que nos preocupa, porque sin el contexto adecuado es francamente contraria a los criterios que desde la reforma constitucional de 2013, sostuvo la asociación a propósito de la multiprogramación que permite la TDT.

 

Al sostener que “la transición a la TDT tiene diversos beneficios para la población: mejor calidad de imagen y sonido, mayor competencia y diversidad de contenidos y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico”, la AMEDI asume los usos y efectos de la multiprogramación en los mismos términos que los defienden los concesionarios privados de televisión abierta, porque contrario a ese listado de “beneficios”, en realidad la multiplicación de los canales de programación para las mismas empresas, con o sin calidad de imagen, no implica ni ha implicado mayor pluralidad, y consideramos que no debe dejar de mencionarse que la multiprogramación no tendrá un efecto favorable para la diversidad de los contenidos audiovisuales con el modelo actual, por lo que, señalar que el beneficio es la diversidad, confunde cantidad de señales con pluralidad. Sí serán muchas más señales pero de las mismas empresas y eso consideramos debe seguir siendo un señalamiento de la AMEDI frente a la política que se adoptó para la multiprogramación.

 

  1. El modelo de comunicación política y afirmar que 48 minutos diarios “son demasiados”.

 

Coincidimos con casi todo el comunicado que emitió la nueva directiva de nuestra asociación el 26 de noviembre, ya que significaría un retroceso enorme abrir la puerta a la compra venta de tiempo aire para propaganda política como sucedía antes de la reforma electoral de 2007, y aunque ciertamente el formato de spot corto no permite exponer ideas con amplitud y debatirlas con profundidad durante los periodos electorales (porque es muy corto), no estamos de acuerdo con sugerir que lo que debe reducirse es el tiempo de Estado destinado a las elecciones. El tema que consideramos debe modificarse es el formato, no el tiempo del Estado destinado a comicios y por ello no podemos coincidir con la postura que se ha expresado a nombre de la asociación, en el sentido de que 48 minutos diarios para comicios “son demasiados”.

 

Nos parece contradictorio y preocupante que la directiva de la AMEDI haga primero una defensa sólida del modelo de comunicación política en su comunicado, señalando que se debe mantener la gratuidad de los tiempos para contiendas y fomentarse mayor debate y deliberación, pero luego diga que 48 minutos a disposición de los partidos “son demasiados” sin mayor argumento que la afirmación lisa y llana.

 

En realidad no hay 48 minutos a disposición de los partidos en ninguna etapa electoral con el actual modelo (lo más que se destina por día son 41 minutos en campañas para todas las fuerzas políticas en conjunto) y es ilógico por un lado pedir más debate y deliberación pero por otro sugerir que eso se logra con menos tiempo del que ya tenemos.

 

Señala el comunicado: “Si bien el esquema de ´spotización´ de la política merece una discusión más amplia sobre la mejor manera de fomentar el debate y la deliberación de ideas durante los procesos electorales, el actual modelo de comunicación política que prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión sigue siendo vigente y debe conservarse en los términos como está previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales”, e inmediatamente después dice sin mayor soporte, ni argumentos, que “en efecto, los 48 minutos diarios a disposición de los partidos en cada estación de radio y televisión son demasiados”.

 

Nos sorprende que una postura tan contundente y basada en cifras y gráficas cuando explica por qué no debemos volver a la compra de espacios propagandísticos, pierda ese rigor al señalar que 48 minutos son “demasiados”, así nada más, sin ninguna explicación que respalde ese dicho con el que no podemos coincidir, porque como ustedes saben, los tiempos del Estado ya se recortaron sensiblemente en 2002, por un decreto presidencial a modo de las televisoras que primero se justificó con el argumento de que era “demasiado” tiempo fiscal el 12.5 por ciento del total de transmisión por señal.

 

Luego supimos que el tiempo que supuestamente era demasiado en 2002, ya en 2003, un año después de aquél decreto, y hasta el día de hoy, lo compran las instituciones públicas con cargo al erario a razón de miles de millones de pesos. Primero se regaló el tiempo del Estado que era gratuito y luego se compró. No queremos que eso se repita y por ello no estamos de acuerdo con sugerir que debe disminuir el tiempo.

 

Si ese tiempo se le vuelve a regalar a la industria de la radio y la televisión, claramente irá en detrimento de las audiencias, porque en el último de los casos, si no se usa para informar de las campañas electorales, será utilizado para vender publicidad.

 

Cuando el comunicado afirma que los 48 minutos“son demasiados” y no se argumentan los motivos o qué base tiene para sostener tal cosa, en nuestra opinión, se genera una enorme confusión; porque da la impresión de que en el fondo coinciden en ese aspecto con las voces que ya promueven desde hace años y también recientemente, en favor de las televisoras, mutilar el uso de los tiempos de Estado para campañas electorales, reducir incluso los 48 minutos a la mitad o menos, lo que sería otro retroceso enorme, incompatible con el discurso de que lo que se requieren son más espacios de debate, menos spots cortos pero más segmentos largos y eso no significa menos tiempo.

 

  1. Derecho de réplica.

 

En relación con la Ley Reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política en materia de derecho de réplica, nos parece que la nueva visión de la AMEDI contradice la postura previa y ahora está a favor de una ley que fue considerada por la propia asociación y varios de sus integrantes como un retroceso, por ser instrumento a modo de las televisoras, con un catálogo de excepciones que la convierte prácticamente en norma de aplicación voluntaria y con criterios que favorecen la difusión de versiones “oficiales” sin aclaración pese a que sean falsas. Es peor que lo que había antes de su aprobación cuando no existía para radio y televisión ninguna dispensa para aclarar mentiras si éstas las citaba de “fuentes oficiales” o “agencias” informativas.

 

El anterior Comité Directivo de la AMEDI y  la Asociación  Mexicana de Defensorías de las Audiencias, donde participan Beatriz Solís Leree (fundadora de la Amedi) y también Gabriel Sosa Plata, se habían pronunciado en contra del proyecto, calificándolo como un retroceso, no como un avance.

 

Parecía existir una coincidencia respecto de eso, que era un retroceso. Se sumó incluso el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) al reclamo, pero ahora, la nueva directiva ignora el comunicado original y sin dar mayor explicación emitió un nuevo comunicado en el que llega al extremo de extender un reconocimiento a quienes hicieron esa ley por considerar que es un avance, aunque se enlistan algunos elementos que llama “insuficiencias”.

 

  1. Caso Argentina ¿Postura personal o de la AMEDI?  .

 

Nos llama la atención que el escandaloso golpe vía decreto que dio el gobierno argentino a los reguladores de medios y TICS en aquél país, no haya merecido opinión formal de la AMEDI pero sí varias expresiones que suponemos son a título personal del presidente de la asociación, en donde se considera públicamente lo sucedido como algo inevitable, “nos guste o no”, sugiriendo que lo relevante tiene que ver con que una sola autoridad se haga cargo de las actividades convergentes y no dos. Resulta extraño y también algo contradictorio con la histórica postura de la AMEDI para cuestionar la concentración y los monopolios en México y el mundo, poner acento en si es más eficiente una sola autoridad convergente que dos e ignorar o minimizar el atropello autoritario favorable a la concentración que es en nuestra opinión el fondo de este caso. Para nosotros (as) es gravísimo que un gobierno destruya la autonomía de reguladores y en los hechos, sea con un golpe de mano la forma de revertir medidas legítimas y legales en contra de la concentración mediática, particularmente de Grupo Clarín.

 

Exponemos estas reflexiones no con ánimo de descalificar, sino de construir puentes de diálogo que permitan hacerte llegar respetuosamente nuestra visión sobre los temas que aquí mencionamos y otros que nos preocupan como asociados, y fomentar con ello una deliberación interna e incluyente en la AMEDI, sin dejar de reconocer el trabajo que han realizado y el esfuerzo que en lo personal has llevado a cabo como presidente en algunos momentos para conciliar, pese a la visión crítica que hemos expresado públicamente sobre aspectos de tu programa de trabajo y posturas incluidas ahí que señalamos que representan una agenda que coincide con la agenda empresarial de Carlos Slim. Lo que decimos y hemos dicho es lo que pensamos sobre los temas concretos aquí expuestos quienes firmamos esta carta. Son nuestras convicciones.

 

Creemos que durante su existencia, la AMEDI ha defendido principios y propósitos en favor del derecho a la información y la pluralidad. Ha combatido la concentración y los monopolios, objetivos que no deben ni obviarse ni ser modificados.

 

Pese a las diferencias que pueda haber, nuestra carta es de buena fe y busca un intercambio que propicie discusión interna provechosa para asumir una postura más incluyente, que refleje nuestras preocupaciones o las rebata con argumentos, porque creemos que es necesario tomar en cuenta todas las voces al interior de nuestra organización, a partir de una interlocución franca y transparente.

 

Apelamos a esa buena fe para discutir estos puntos ya sea por escrito o en persona, con un ánimo genuino de fortalecer las posturas sobre los asuntos planteados.

 

Saludos cordiales.

 

 

 

Atentamente

 

Jaime Cárdenas

 

Luis Miguel Carriedo

 

Mariana de Lachica

 

Gerardo Israel Montes

 

Carlos Padilla Ríos

 

Agustín Ramírez

 

Carlos Sotelo

 

Primavera Téllez Girón

 

Fernando Vargas