Las TIC, las telecomunicaciones y la internet ya demostraron que son rectores del desarrollo económico, social y cultural. Cuando se garantiza el acceso a internet, a servicios telecom, a mejores dispositivos y se aprende a usarlos, accedemos a mejores oportunidades laborales, tenemos competitividad y desarrollo social.
Las libertades políticas que ofrece el derecho a la información en todas sus formas, se fortalecen en la dimensión digital. Podemos incluso hablar de nuevos derechos digitales dentro de las metrópolis a través de ciudades conectadas. El pago de servicios de transporte, luz, agua o gas, entre otros, es más transparente, económico y seguro cuando se realiza a través de una aplicación.
Estamos en el momento de exigir política pública digital para las ciudades. Garantizar el acceso a estos servicios ofrece una oportunidad de transformar la realidad de millones de personas en el corto plazo y promover la transparencia de los gobiernos, consolidando la democracia del Estado.
Basta con observar nuestro mundo conectado y el universo de servicios que facilitan nuestra vida: compras en línea, transferencias de dinero, interacción social, educación, datos médicos, comunicación familiar y con amigos, búsqueda de información para la empresa o el trabajo cotidiano…
México tiene 120 millones de personas, 104 millones de líneas móviles, 68 millones de smartphones, 13 millones de notebooks, escasamente 54 millones de usuarios de Internet y aunque estamos en el lugar 69, hemos mejorado posiciones en el índice del Fondo Económico Mundial. Aún somos una economía digital en desarrollo.
El Índice de Innovación de la Sociedad 2016 de Qualcomm indica que la penetración de smartphones en México aún es muy baja y que la inversión en educación es mayor al promedio de América Latina, pero las habilidades digitales no han sido ampliamente difundidas por las instituciones educativas. Ese es el mundo de los conectados, del cual somos privilegiados.
En el otro lado se encuentran los desconectados, quienes viven en lugares remotos y no conocen los beneficios y oportunidades de una sociedad digital porque no existe conectividad para más de 50 millones de mexicanos. La brecha entre conectados y desconectados es enorme y se llama sin ambages marginación y pobreza digital.
Dice Thomas Piketty: “la desigualdad no es necesariamente mala en sí: el tema central es saber si se justifica, si tiene razón de ser”. Y abunda Joseph Stiglitz: “el aumento de las desigualdades es la cara de la moneda; la cruz es la disminución de las oportunidades”. No podemos justificar la desigualdad digital ni disminuir las oportunidades de desarrollo de estos mexicanos.
La semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el IFT ofrecieron una lista de beneficios de la reforma telecom: competencia efectiva reflejada en la baja de tarifas al consumidor final e inversiones para 2016. Habrá licitación de espectro, compartición de infraestructura y beneficios adicionales para quienes tengan el privilegio de contar con una conexión fija o móvil.
Pasada la feria de la competencia, nos podemos concentrar en conectar al otro 50 por ciento de la población. Distintos países han diseñado política pública, leyes, regulaciones y procesos de licitación que garanticen el acceso universal a servicios telecom. Por sólo mencionar dos casos relevantes, en EU el plan Connecting America busca garantizar la universalidad de los servicios, incluidos los de telefonía móvil e internet. La Ley General de Telecomunicaciones de España incluye obligaciones de prestación del servicio universal para todos operadores según su tamaño, con calidad y precios asequibles. En América Latina, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay han asignado espectro radioeléctrico con obligaciones de cobertura social y plazos para el despliegue de la red.
En México el Congreso creó la red compartida en la banda de 700 MHz, el proyecto de inclusión digital y cobertura social más importante de la historia de las telecomunicaciones en México. También es uno de los proyectos más sobre regulados y contra la lógica demostrada de despliegue de redes, pero ya está en la Constitución y no existe otra alternativa para generar inversiones que garanticen cobertura social. Las bases del concurso y el cronograma reflejan un trabajo complejo, de formidable técnica y deseos de que el proyecto funcione, a pesar de los retos que enfrenta. No es momento de escatimar apoyo ni esperar una catástrofe del mismo. Estamos en presencia del nacimiento de un nuevo operador telecom con vocación social.
El IFT ha desahogado una enorme agenda regulatoria encaminada a generar competencia y acceso a infraestructura entre los 3 colosos globales que operan en México. Es momento que demuestren compromiso social con el País. En España Telefónica tiene obligaciones de servicio universal. En Estados Unidos AT&T contribuye al Fondo de Servicio Universal. En México Telmex ofrece telefonía rural en poblaciones de más de 500 habitantes. ¿La red compartida debe ser la única en generar cobertura universal? ¿Estos operadores globales deben quedar fuera del compromiso de conectar a los desconectados? ¿Deben ser testigos silentes del esfuerzo más grande de cobertura digital que el país enfrenta? Creo que no. El servicio público de telecomunicaciones no debe ser solo declarativo.