El Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE busca dar privilegios a las televisoras comerciales y criminalizar a radios comunitarias.

Este miércoles  el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutirá un nuevo Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, que pretende exentar a las televisoras que  tienen repetidoras en diversas regiones  del país de transmitir mensajes electorales congruentes con el territorio que cubren, pese a que técnicamente esto es posible, pues basta ver el comportamiento comercial de los concesionarios que promueven la venta de anuncios de forma individual en cada repetidora.

El INE busca, a través de un nuevo artículo 45, numeral 8 de su proyecto de Reglamento, que un mismo promocional de candidatos a cargos de elección popular se vea “encadenado” en todas las repetidoras de las empresas de televisión abierta ubicadas dentro de una misma entidad federativa, como si fueran una sola señal, cuando en realidad se trata de concesiones individuales que pueden transmitir, y que transmiten, anuncios comerciales y contenidos individuales  no “encadenados”.

La medida que está por aprobar la autoridad electoral, disfrazada de racional y justificada por una supuesta imposibilidad técnica, obstaculiza el derecho a la información de la ciudadanía a conocer ofertas políticas locales en cada región del país,  y fomenta con ello también el mercado de compra venta de entrevistas que el propio INE debería combatir.

Al cerrar la puerta para que partidos y candidatos coloquen mensajes de sus ofertas políticas en las repetidoras de las televisoras con mayor audiencia, que cubren el territorio por el que compiten, se incentiva la compra indebida de anuncios propagandísticos regionales como si se tratara de información periodística.

Basta con encender la televisión en las entidades federativas para corroborar que es falso que sea “imposible” técnicamente difundir contenidos o anuncios locales diferenciados en cada repetidora. Se sabe que incluso Televisión Azteca ya ha informado al INE que es técnicamente posible realizar “bloqueos” individuales en todas sus repetidoras; en contraste, Televisa, con absoluto desdén por la autoridad electoral, afirma que le es imposible hacerlo, ni siquiera en las señales que según el INE ya lo hace.

Las consecuencias de esta decisión injustificada implican, por ejemplo, que las 12 repetidoras que acorde al INE tiene el Canal 2 (el de mayor audiencia de Televisa) en un estado se consideren como una sola señal y no 12. ¿Cuál es la lógica para que un candidato a presidente municipal en determinada ciudad, difunda sus spots en una ciudad distinta, cuando  es perfectamente posible difundirlos  sólo en el municipio en donde compite?

Cada repetidora de los llamados canales nacionales puede  diferenciar mensajes  en cada territorio que cubre, y las dos principales televisoras lo hacen cuando se trata de anuncios comerciales, sin embargo, ahora que se trata de promocionales con ofertas políticas se niegan a difundir mensajes específicos de candidatos que compiten por un municipio o región a menos que éstos se vean en todas las repetidoras de la misma entidad. Se trata de un capricho de empresas que avala la autoridad que debería exigir el cumplimiento de las normas en materia electoral y no su destrucción.

Pese a que existen grabaciones y ofertas comerciales de las televisoras que demuestran que es absolutamente posible difundir versiones específicas en cada repetidora, el INE está por aprobar un Reglamento que dispensa el cumplimiento de esa obligación constitucional a las empresas dando un trato privilegiado.

La AMEDI fue consultada formalmente por el Secretario Ejecutivo del Instituto en el marco de los trabajos para reformar el Reglamento; sin embargo, las consideraciones que manifestamos por escrito han sido ignoradas. Las únicas opiniones que parecen importar en este asunto son las de las empresas y no las de  los ciudadanos.

En el mismo sentido, el avance significativo que ha representado el reconocimiento a emisoras comunitarias en el Reglamento del otrora IFE, y que se refrendaría en el proyecto que está por discutirse este miércoles, se verá opacado por una regla de último momento que pretende convertir a la autoridad electoral en una suerte de policía oficioso de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, denunciando ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones cualquier señal de radio que no tenga permiso o autorización para transmitir, aunque dicha señal sea operada por pequeñas comunidades o grupos sociales marginados y no lucre.

El INE no es una autoridad competente para perseguir de oficio a grupos sociales que transmiten señales de radio presuntamente sin la autorización del IFT. En México, la radiodifusión comunitaria y el otorgamiento de autorizaciones para este tipo de señales ha tenido buenos resultados cuando las autoridades se hacen cargo de los entornos sociales; promueven los cauces institucionales sin criminalizar con acciones de persecución desproporcionada.

Muchas de las emisoras que habían decidido transmitir sin autorización hace algunos años hoy cuentan con permiso y cumplen con sus obligaciones legales. Esto fue posible cuando las autoridades optaron por el diálogo y no por la persecución que históricamente han exigido los empresarios agrupados en la CIRT.

Es cierto que cualquier uso del espectro debe apostar por los cauces institucionales, pero también lo es que asumir faltas administrativas como si fueran delitos graves e involucrar al INE en una persecución de emisoras cuando la responsabilidad constitucional para administrar el espectro radioeléctrico es del IFT, es una medida fuera de proporción, un error que contrasta con la permanente propaganda personalizada de gobernantes que todos vemos, pero que el INE se declara incompetente para sancionar o perseguir de oficio, mientras que si pretende hacerlo con las emisoras comunitarias que no tengan permiso vigente del IFT.

Debido a lo anterior, la AMEDI hace un llamado respetuoso al Consejero Presidente del INE y a los integrantes de su Consejo General, para que rectifiquen estas disposiciones reglamentarias que no favorecen a la sociedad, sino a un par de empresas.

¿Cuál sería el interés de pedirnos opinión previa a la emisión del Reglamento, si desoyen nuestras propuestas y no dan explicación alguna? La colaboración de la sociedad civil, cuando es solicitada por la autoridad, debe pasar de ser un simple trámite para convertirse en una herramienta que fomente la rendición de cuentas.