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Pronunciamiento con relación a la convocatoria emitida por el Congreso del estado para la designación de nuevos comisionados (as) del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Puebla (IAIP)

Amedi
Amedi
diciembre06/ 2016

El Congreso del Estado desestimó la propuesta presentada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y ciudadanos para la conformación de un panel de expertos que contribuyera a la evaluación de los aspirantes a comisionados (as) del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Puebla (IAIP).

La propuesta presentada el pasado 12 de octubre, planteaba que el Panel de Expertos participara activamente en las siguientes actividades y etapas del procedimiento:

  • Valorara que los candidatos cumplieran los requisitos a los que se refiere el marco jurídico en la materia.  
  • Colaborara en el diseño de los instrumentos de evaluación y participara en las comparecencias. Es importante enfatizar que la fracción V del artículo 29 establece que: “(…) para realizar la evaluación a los candidatos, la Comisión Legislativa podrá solicitar el apoyo de instituciones académicas u organizaciones sociales”.
  • Contribuyera en la elaboración de una lista de los candidatos(as) que cuenten con el perfil idóneo para ocupar el cargo.   
  • A partir de este listado propuesto, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública contaría con información objetiva, oportuna y de calidad para elaborar un dictamen con las ternas propuestas para seleccionar a los comisionados(as).   

Dicha propuesta fue planteada a partir de la experiencia realizada por el Senado de la República para la designación de los comisionados que hoy conforman el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Sin embargo, la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, establece que las organizaciones sociales especializadas en la materia e instituciones académicas de carácter público y privado serán invitadas “a razón de una por cada Grupo Legislativo o Representación Legislativa” para realizar la evaluación de las propuestas respectivas.

Las organizaciones y ciudadanos firmantes lamentamos que el Congreso del Estado haya desestimado la propuesta planteada inicialmente, que tenía como objetivo contribuir a generar las condiciones para que los nombramientos que emanen de este proceso contaran con legitimidad de origen y generaran la confianza ciudadana.

Aunado a ello, manifestamos nuestra preocupación ante el proceso de designación que está desarrollando el Congreso del Estado ante diversos hechos que se han suscitado en las últimas semanas en torno a la designación de los comisionados y que a continuación presentamos de manera breve:

a) Renovación ordinaria de un comisionado y violación de la Ley de Transparencia.

 

El Congreso del Estado, durante la tercera semana del mes de octubre, debió emitir, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la convocatoria correspondiente para la renovación de un comisionado de la ahora extinta Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).

La omisión de dicho procedimiento bajo el argumento de que se estaba analizando una  iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que fue presentada la semana posterior al plazo establecido para la convocatoria, constituyó una violación a la Ley aprobada por el propio Congreso el pasado 4 de mayo

b) Reforma Constitucional: omisión legislativa para proteger el régimen de opacidad

 

La iniciativa para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sólo tuvo por objeto proteger el régimen de opacidad que ha existido durante la presente administración. Lo anterior, porque el alcance de la reforma es meramente formal a pesar de que el Congreso del Estado pretendiera hacerla ver como una reforma trascendental. No lo es por lo siguiente:

 a) Dicha reforma debió realizarse desde el 7 de febrero de 2014 y hasta el 8 de febrero de 2015, es decir el Congreso del Estado fue omiso en legislar la autonomía constitucional de la CAIP desde el 8 de febrero de 2015.

b) La iniciativa solamente es una armonización de lo que precisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general reglamentaria del artículo 6 Constitucional.  

c) La autonomía de la Comisión para el Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado existe desde el 2011, año en que se reformó el artículo 12 de la Constitución local.

A partir de la Reforma Constitucional se planteó la renovación total del Pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), y en el contexto que se vive al interior del órgano garante, tuvo el propósito de dejar fuera a la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez, quien se ha destacado por tener una postura crítica en las resoluciones en contra de los sujetos obligados, y quien pudo haber ocupado la presidencia de la CAIP.

c) Proceso legislativo fast track

El proceso legislativo para aprobar la iniciativa de Reforma Constitucional se dio dentro de un tiempo considerablemente rápido, no sólo al interior del Congreso entre la aprobación en comisiones y la correspondiente en el Pleno, sino también en la aprobación de los ayuntamientos.

Resalta que la Reforma Constitucional hubiera cumplido con el requisito establecido en el artículo 140 (la aprobación por la mayoría de los ayuntamientos del estado) en un plazo de cinco días hábiles. Tiempo que contrasta con el cumplimiento del mismo proceso para la reforma en materia anticorrupción.

d) Convocatoria: plazos insuficientes y designación

 

Sobre la convocatoria emitida por el Congreso del Estado el pasado viernes 25 de noviembre, consideramos que los plazos establecidos en la misma para la presentación de las candidaturas son insuficientes, a fin de dar oportunidad a que cualquier ciudadano pueda reunir la documentación solicitada.

Asimismo, los periodos establecidos para la evaluación de los perfiles son reducidos, lo que abre la posibilidad de que los candidatos no sólo carezcan de la experiencia requerida, sino que se eligen perfiles cercanos al gobierno del estado, como ha sucedido en los últimos tres procesos de designación.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones y ciudadanos firmantes expresamos nuestra preocupación ante la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente está viciado de origen y que no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de este cuenten con legitimidad de origen, generando desconfianza ciudadana y nulificando la posibilidad real de independencia de un órgano constitucionalmente autónomo.

En México, los organismos constitucionalmente autónomos han sido creados a partir de las demandas y luchas ciudadanas, porque los poderes públicos tradicionales han perdido credibilidad y legitimidad. Estos organismos requieren para su eficaz desempeño y sobre todo credibilidad base de la legitimidad; estar integrados por ciudadanos ajenos a toda vinculación político-partidista.

El proceso que se está llevando para la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Puebla, no abona a la confianza, por lo cual manifestamos que daremos seguimiento puntual a los trabajos que realizará el Congreso del Estado en las próximas semanas.

Atentamente

Nodo de Transparencia de Puebla, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla), Artículo 19, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, Centro de Estudios Espinosa Yglesias A.C., México Evalúa, Capítulo Puebla de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Lado B, Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), Integradora de Participación Ciudadana, Consejo Ciudadano a la Contraloría,  Puebla Vigila, Comisión Anticorrupción de COPARMEX-Puebla, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Renace Lagunaro A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Efecto Valores A.C., Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Roberto Ignacio Alonso Muñoz, Ernesto Aroche Aguilar, Maite Azuela, Enrique Cárdenas Sánchez, Miriam Carrillo Ruiz, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, Leobardo Espinosa Rodríguez, Rafael G. Hernández García Cano, Aurora C. Méndez M., Ángeles Navarro Rueda, Gerardo V. Navarro Montero, José Manuel Rodoreda Artasánchez, Juan Bosco Rosillo Martínez, Daniel Valdez Amaro, Lilia Vélez Iglesias, Alejandra Navarro Rueda, Luz Marcela Villalobos Andrade, Mara I. Hernández, Miguel de la Vega, Mayra Moreno Gutiérrez, Lorena Cortéz, Oscar Mondragón.