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Periodismo bajo asedio

Aleida Calleja
Aleida Calleja
agosto02/ 2016

La Silla Rota

En el crispado ambiente social en el que se encuentra el país, el periodismo se encuentra bajo asedio permanente, sistemático, a través de acciones violentas que implican asesinatos, desapariciones, ataques y la judicialización del ejercicio periodístico, con distintos niveles de gravedad (que más grave que perder la vida), su objetivo final es acallar a los comunicadores para evitar que la información llegue a la sociedad.

Casi todos los casos de agresiones se mantienen en la impunidad y se desconoce a los autores intelectuales y materiales. En cuanto a la judicialización, ésta es utilizada frecuentemente por personajes con poder económico y/ o político aduciendo un supuesto daño moral.

 

En las últimas semanas organizaciones civiles y organismos internacionales de distinta índole han manifestado su preocupación por la situación que atraviesa el periodismo que en los últimos meses ha acumulado más agravios.

Me refiero a los asesinatos de los Salvador Olmos García en el municipio de Huajuapan de León, de Oaxaca, el pasado domingo 26 de junio, Olmos era el presentador de ‘Pitaya Negra’, un programa en la emisora de radio local ‘Tu un Ñuu Savi’, previamente en el mes de febrero Anabel Flores Salazar, fue hallada muerta en Veracruz; en el mismo estado en la localidad de Tierra Blanca, Pedro Tamayo Rosas fue ultimado en julio; en el marco de los hechos de violencia por el conflicto entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el 19 de junio, los reporteros Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, quienes cubrían los hechos de violencia en Oaxaca fueron agredidos por desconocidos, perdiendo la vida el primero en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en un hospital como consecuencia de las heridas que recibió; en abril 25 Francisco Pacheco, fue asesinado en Taxco, Guerrero.

Estos asesinatos se acumulan a los ya existentes, de acuerdo al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha se han registrado 113 homicidios de periodistas, 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005 y se han registrado 49 atentados a medios de comunicación desde el año 2006, que insisto casi todos se encuentran en la impunidad, como el de la antropóloga y activista Nadia Dominique Vera Pérez y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, que el pasado 31 de julio cumplieron un año de haber sido asesinados con saña en la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Si esta situación ya marca una grave situación para el ejercicio periodístico, además hay que agregar lo que algunas organizaciones han denominado como el acoso judicial a periodistas, lo casos más sonados son las demandas que interpusieron políticos en contra de la periodista Sanjuana Martínez, Humberto Moreira en contra de Sergio Aguayo y la del empresario Joaquín Vargas en contra de Carmen Aristegui, a través de demandas por daño moral que implican millonarias sumas de dinero que tendrían que pagar para resarcir el supuesto daño.

 

Sanjuana Martínez fue demandada por el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, por un reportaje que reproduce uno de los testimonios de víctimas de trata de personas que lo señala como uno de los implicados en este delito, la defensa de la comunicadora lo asumió la organización internacional Artículo 19, quien acusa graves errores en el proceso que condena a su defendida y el proceso aún continua en tribunales.

El ex gobernador de Coahuila,  Humberto Moreira, acusado públicamente de actos de corrupción, inició una demanda en contra de Sergio Aguayo, por su artículo “Hay que esperar”, donde habla de la detención en España del político tras ser investigado por lavado de dinero y por lo que fue encarcelado una semana. Aguayo un académico de reconocida trayectoria, ha afirmado que la demanda tiene por objetivo intimidarlo porque está dirigiendo desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 cuando Moreira aún era gobernador, en la que desaparecieron unas 300 personas[1].

Por su parte Carmen Aristegui, fue demandada junto con la casa editorial Penguin Random House por el empresario dueño de MVS, Joaquín Vargas, por daño moral por el prólogo que escribió la periodista para el libro de la llamada casa blanca, el reportaje que cimbró a este gobierno y que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a pedir una disculpa pública. El empresario exige retirar el libro de la circulación y eliminar el prólogo de Aristegui, antes de volverlo a publicar y ponerlo en venta. Esta demanda se integra a otras más que se dirimen en tribunales entre la periodista y la empresa a raíz de su injustificado despido en marzo de 2015.

Así los periodistas se ven acotados para realizar su trabajo y deben de invertir tiempo y dinero, que afectan a su patrimonio, para defenderse. Tanto las acciones violentas como las constantes demandas judiciales en contra de periodistas lo que terminan produciendo es un efecto inhibitorio para realizar su trabajo informativo, lo cual tiene serias afectaciones en la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana en su conjunto.

Si el periodismo está bajo asedio también están bajo asedio las libertades civiles y políticas poniendo en serio riesgo la viabilidad democrática, eso debiera preocuparnos en serio.

@callejag

@OpinionLSR

[1] http://www.sergioaguayo.org/index.php/la-demanda-de-humberto-moreira