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¿Osorio Chong viola la ley?

Gabriel Sosa Plata
Gabriel Sosa Plata
octubre04/ 2016

Sin Embargo 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inició desde el pasado 21 de septiembre una campaña de propaganda personal en redes sociales. En los spots aparece con jóvenes, con mujeres, así como con niñas y niños. Los videos son acompañados de frases, música y fragmentos de sus discursos.

Más que informar o rendir cuentas sobre su función como servidor público, en algunos de esos mensajes el funcionario hace apología de sí mismo y de su propia imagen, hasta con logotipo propio. Ahí vemos a Osorio Chong tomándose selfies con jóvenes, caminando, saludando a sus interlocutores, recibiendo agradecimientos por la entrega de actas de nacimiento y más.

Los spots se parecen a los utilizados en cualquier campaña política. Sólo les faltaría agregar al final: “Vote por Osorio Chong”. Su intención es obvia: se busca posicionar aún más al funcionario ante la carrera por la candidatura del PRI a la presidencia y por lo visto lo hace con el aval del presidente de la República y del presidente de su partido.

La pregunta obligada es si esta campaña es legal.
El tema ya está en la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), donde el PAN y el PRD presentaron una queja por esta supuesta promoción personalizada, que vulnera la equidad hacia las elecciones de 2018. Es cierto que aún no tenemos proceso electoral en marcha y que quizás este factor, como lo ha dicho el PRI, no sea razón suficiente para detener la campaña de Osorio Chong, pero aun así hay elementos que podrían configurarse como contrarios a la ley.

El artículo 134 de la Constitución establece que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Si nos basamos en lo que estrictamente dice la Constitución, Osorio Chong incurre en un acto ilegal, pero habrá que matizar con lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, así como los diferentes criterios sostenidos en sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al artículo 134 constitucional. Por ejemplo, una de las tesis que el Tribunal Electoral ha sostenido en varios casos es que “el solo hecho de que la propaganda institucional contenga el nombre e imagen del servidor público no constituye propaganda personalizada”.

Dos puntos son clave en esta discusión. El primero es si esta campaña se hace con recursos públicos. El segundo es si se trata o no de un acto anticipado de campaña. Ya vendrá el análisis y la valoración a fondo (ojalá así sea), pero hay un dato evidente: en sus spots, Osorio Chong ha utilizado el logotipo de la Secretaría de Gobernación (y las cuentas institucionales), lo que en la práctica implica el uso de la imagen institucional en beneficio propio y el uso de recursos públicos para hacer apología de su imagen.

Al respecto, la Sala Superior también ha reconocido una característica esencial para que la propaganda se considere como promoción personalizada y vulnere la normatividad aplicable: “la propaganda deberá promocionar velada o explícitamente al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales” (expediente SUP-RAP-43/2007).

Además de las implicaciones legales, hay una valoración ética y política. ¿Por qué el funcionario lanza esta campaña, al saber de antemano que generará un conflicto político, especialmente con los partidos políticos de oposición, con los cuales el diálogo y el respeto a la ley son esenciales para la gobernabilidad? ¿qué se busca con esta provocación, lanzada desde una posición privilegiada?

De igual manera: más allá de sus aspiraciones personales -legítimas- para ganar la candidatura de su partido ¿qué gana Osorio Chong en evidenciar los vacíos (por ejemplo, en el uso de las redes sociales) de la legislación en materia política-electoral y saltarse una clara prohibición constitucional de utilizar su cargo para promocionarse ante las comunidades virtuales? ¿ganarse la simpatía de los empresarios de la radio y la televisión para modificar el modelo de comunicación política, tal como lo denunció la semana pasada el representante del PRD ante el Consejo General del INE, Guadalupe Acosta Naranjo?

Pedirle a Osorio Chong que respete estrictamente la ley y ejerza su función pública con ética y responsabilidad, es lo correcto, pero no dejan de ser palabras al aire, sin impacto alguno, ante un gobierno que se ha mostrado en muchas ocasiones impasible a los reclamos de la ciudadanía por la falta de resultados, los casos documentados de conflicto de interés y las denuncias de corrupción (una de las más recientes es sobre los “moches” en las licitaciones para la adquisición de más 10 millones de televisores).
El titular de la Segob va con todo para ganar la candidatura de su partido, como se advierte. Así que los señalamientos por el uso indebido de su imagen como funcionario público en las redes sociales sería lo de menos, porque como dicen los pragmáticos “en la lucha por el poder todo se vale”. En manos del INE y del Tribunal Electoral está la posibilidad de fungir como un verdadero contrapoder, que conduzca estas estrategias comunicacionales con sentido democrático y respeto a la Constitución. Si no lo hace desde ahora, las elecciones en el 2018 serán más inequitativas de lo esperado y generarán más conflictos políticos.