La periodista Carmen Aristegui denunció públicamente un “acoso judicial” contra ella, el equipo de reporteros que indagó el caso de la Casa Blanca (Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán) y la editorial Random House Mondadori (a través de Grijalbo) que editó y publicó esa investigación periodística titulada La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) se une y respalda la denuncia de Aristegui y llama a que cese de inmediato cualquier tipo de hostigamiento jurídico o de otra índole desde el gobierno o las empresas, con la intención de intimidar, perseguir y/o coartar la libertad de expresión de cualquier periodista, comunicador o empresa editorial.
El periodismo es una actividad que busca indagar en aquellos aspectos de actualidad que de otra manera el ciudadano no tendría conocimiento. Los periodistas tienen sobre sí la enorme responsabilidad y el deber de informar a la población hechos y acontecimientos que afectan el interés público o los derechos de las personas.
Cualquier arbitrariedad, abuso u ocultamiento de información, que por su naturaleza debiera ser pública –como el patrimonio, los conflictos de interés y las declaraciones fiscales de los personajes y funcionarios públicos–, son objeto legítimo de interés periodístico.
También lo son las operaciones de las empresas cuando hacen uso de bienes propiedad de la nación como el espectro radioeléctrico, reciben recursos públicos o firman contratos con los gobiernos, lo cual debe ser motivo de la mayor transparencia.
Carmen Aristegui y la casa editorial fueron notificadas de una demanda por daño moral que pide un resarcimiento económico no determinado. También exige la supresión o mutilación del prólogo del libro escrito por Carmen Aristegui, y que no se hable de dicha introducción en la radio, la televisión o en conferencias.
Pretendiendo suprimir ese prólogo a través de la vía judicial, la denuncia de Aristegui ha logrado que se difunda y conozca aún más, pero queda patente el intento por censurar una investigación de indiscutible interés público nacional e internacional.
Aristegui señala en el prólogo (que incluso se puede leer libremente en librerías digitales) que “el reportaje (de la Casa Blanca) causó polémica, indignó a una sociedad y mostró cuán endebles y sometidos pueden estar, en México, los sistemas de justicia y rendición de cuentas y cuán dócil y sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura contra periodistas independientes”.
La Amedi les recuerda a todos quienes ocupan un cargo público o explotan bienes de la nación que su desempeño se encuentra bajo escrutinio, que están obligados a rendir cuentas y a transparentar sus actividades, propiedades y el uso que hagan de los recursos públicos.
Los periodistas ejercen su derecho de acceso a la información y su libertad de expresión a través de los medios de comunicación para brindar un servicio público e informar a la población porque es la sociedad la que tiene el derecho inalienable a saber. Esta labor social de los periodistas no sólo debe ser fomentada sino salvaguardada y protegida por el Estado y las empresas, porque una democracia requiere medios y periodistas libres, independientes y críticos, capaces de indagar y exhibir cualquier abuso de poder, aunque termine molestando o incomodando a quienes aluda.
La Amedi hace un llamado para que cese de inmediato el hostigamiento judicial y se retire la demanda intimidatoria por daño moral en contra de Aristegui y la editorial. No existe daño sino beneficio social cuando un conjunto de periodistas indagan, documentan y publican temas que a todos nos interesan y que involucran a autoridades.
