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Informe de actividades 2011-2015 Amedi Puebla Lilia Vélez Iglesias

Amedi
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marzo10/ 2016

Asociación Mexicana de Derecho a la Información-Capítulo Puebla

Informe de actividades 2011-2015

Lilia Vélez Iglesias

 

Dr. Fernando Fernández Font, S.J. rector de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Lic. Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

Mtro. Rafael Hernández García Cano, presidente electo del capítulo Puebla de la AMEDI.

Distinguidos invitados que hoy nos acompañan.

 

Estoy convencida de que la participación libre, responsable y comprometida de la sociedad civil es el único camino para construir un futuro democrático y más justo y equitativo para este país.

El diagnóstico no es alentador: México enfrenta una gravísima crisis de derechos humanos y una violencia inédita de la que no se han salvado los periodistas, cuya labor diaria representa riesgos extremos que nos han llevado a ser catalogados como uno de los países más peligrosos para la prensa.

Al panorama anterior se suma la corrupción institucionalizada que,  según el Banco Mundial, le cuesta al país el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año (Alvarado, 2014) y la que tiene su origen en la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Asimismo, en este escenario es clara la presencia de una clase política más preocupada por defender sus intereses y mantener sus privilegios, que por impulsar políticas públicas que permitan una transformación profunda de nuestra nación y es evidente, además, que un sector de esa elite está empeñado en dar “una vuelta en U” hacia el pasado autoritario, como bien lo ha advertido el académico Sergio Aguayo.

En ese contexto, la posibilidad de contar con información sobre lo colectivo y lo público; de vigilar y exigir que rindan cuentas quienes ejercer un cargo público; de discutir libremente en espacios plurales y democráticos; de manifestar ideas y opiniones sin ser molestado o, peor aún, criminalizado; de acceder a tecnologías de comunicación e información, así como de que existan garantías para el ejercicio periodístico se constituyen en elementos esenciales para la supervivencia y el futuro de nuestra agobiada nación.

Así lo entendemos en la AMEDI y por esa razón nuestro esfuerzo colectivo se enfoca en la defensa, el ejercicio y la socialización de esta prerrogativa fundamental, que permite la defensa de otros derechos humanos y la construcción democrática.

Es importante puntualizar que en estos cuatro años, los miembros del Capítulo Puebla no hemos actuado solos. Gran parte de nuestras actividades, campañas, posicionamientos y estrategias han sido resultado del trabajo en red con otras organizaciones, instituciones académicas y colectivos tanto locales como nacionales, lo que nos ha permitido fortalecernos y ampliar nuestra capacidad de acción.

En este periodo, el trabajo del Capítulo Puebla se ha concentrado en las siguientes líneas:

  • La defensa, socialización y promoción del derecho de acceso a información pública y de las políticas de transparencia en Puebla y a nivel nacional. Este sin duda, ha sido el eje de acción en el que se ha concentrado el mayor número de nuestros esfuerzos.
  • El impulso de modificaciones al marco jurídico federal de la radiodifusión y las telecomunicaciones, así como a la democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento de los derechos que como audiencias tenemos.
  • La demanda de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad informativa que se encuentran severamente amenazados en México y también en nuestra entidad.

A continuación mencionaré las acciones más importantes emprendidas en cada uno de estos rubros en el periodo que estamos reportando:

  1. Transparencia y acceso a información pública

Las actividades realizadas en este eje se hicieron con AMEDI como parte de varias redes. La primera fue Actívate por Puebla que aglutinó a universidades, organismos empresariales y organizaciones sociales en 2010 y que impulsó y consiguió la aprobación y promulgación de la actual Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública de Puebla en diciembre de 2011, luego de un proceso de intensa participación social.

En octubre de 2012, todavía como parte de esa red y con el apoyo del Colectivo por la Transparencia pusimos en marcha la campaña denominada #CAIPCiudadana para demandar la elección de un comisionado del órgano garante local que reuniera el perfil idóneo para el puesto. Se realizó un ejercicio de seguimiento con base en el proceso de elección que establece la ley de transparencia local, el que se hizo público a través de internet.

Pese a las resistencias enormes que enfrentamos de los diputados de la LVIII Legislatura fue posible participar, por primera vez, como observadores de las comparecencias de los aspirantes al cargo de comisionado. En este ejercicio de observación estuvimos acompañados por representantes de Fundar, Alianza Cívica y México Infórmate.

El proceso concluyó con la designación de Federico González Magaña, un personaje con nula experiencia en el derecho a la información y con enorme cercanía al actual gobernador, Rafael Moreno Valle.  En nuestro posicionamiento final, sostuvimos que la decisión del Congreso ponía en riesgo la independencia de la CAIP, tal como ocurrió, y advertimos que estaríamos atentos al desempeño del nuevo comisionado.

Por pequeños que parezcan los resultados, lo cierto es que la campaña #CAIPCiudadana generó un “proceso inédito” de vigilancia de los ciudadanos a los diputados que se asumen como sus representantes, el que implicó nuevas prácticas “que representaron todo un reto” para el Congreso local, según reconoció la entonces legisladora Josefina Buxadé.

Tal como lo advertimos en el posicionamiento hecho público en ese momento, González Magaña, que hoy se ha incorporado al órgano electoral del estado, favoreció la opacidad del actual gobierno con resoluciones que violan el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6° de la Constitución.

Por esa razón, un año más tarde, en octubre de 2013, luego de que el comisionado González y su colega Javier Fregoso, confirmaran la negativa del gobierno del estado de hacer públicas las facturas de dos helicópteros Augusta comprados durante la actual administración, solicitamos formalmente al Congreso que llamara a comparecer al comisionado para que este explicara las razones de su actuación, en lo que consideramos debería ser un ejercicio de rendición de cuentas. Logramos que los diputados Rafael von Raesfeld Porras, Ana María Jiménez Ortiz y María Fernanda Huerta López del PAN, así como Gerardo Mejía Ramírez y Édgar Salomón Escorza del PRI apoyaran nuestra petición; no obstante, esta fue desechada por mayoría de votos.

Como parte de Actívate por Puebla y, más tarde, del Nodo de Transparencia hemos realizado en cinco ocasiones un ejercicio de acceso a la información pública con el fin de conocer el número y el contenido de los acuerdos de reserva de información pública suscritos por el gobierno de Rafael Moreno Valle.  Estos documentos nos permiten saber que información no se da a conocer y las razones para ello.

En 2014 documentamos que el gobierno estatal había emitido 56 acuerdos de reserva, desde su inicio hasta el 3 de marzo de 2014. En menos de un año, dicha cifra aumentó a 98, con corte al 24 de febrero de 2015. En días recientes hemos replicado el ejercicio para tener los datos actualizados.

Con esta actividad hemos constatado que el gobierno del estado ha clasificado como información reservada, entre otra: “la relativa a las auditorías  al gasto corriente, los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial; los expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que custodian al titular del Ejecutivo, así como todos los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal.”

Las secretarías con más acuerdos de reserva son Infraestructura con 13, Seguridad Pública con 9, Transportes con 8 y Finanzas con un total de 7 acuerdos.

Asimismo, este ejercicio nos ha permitido documentar fehacientemente que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha puesto en marcha una serie de estrategias para obstaculizar el acceso a información pública. La más utilizada es el cambio en la modalidad de entrega de la información solicitada, que es una clara violación al artículo 6° de la Constitución y que hace nugatorio el derecho pues impide que las personas obtengan datos de forma pronta y gratuita. Lo anterior con la silenciosa complicidad del órgano garante, la CAIP.

Durante 2013 y 2014 apoyamos las campañas a favor de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a información pública y la aprobación de la Ley General de Transparencia. En este aspecto, vale la pena destacar la invitación que el Senado de la República realizó a esta servidora, en noviembre de 2014 , participar como parte del grupo de expertos que revisó e hizo comentarios al proyecto de Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En octubre de 2015, Roberto Alonso y su servidora participamos en la reunión de la sociedad civil rumbo a la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto y en la redacción del  posicionamiento de la sociedad civil que ahí se difundió.

Finalmente, en noviembre pasado junto con el Nodo de Transparencia, Integradora de Participación Ciudadana y Puebla Vigila, en ejercicio de nuestro derecho de petición, solicitamos al Congreso del Estado que iniciara los trabajos para la armonización de la ley de transparencia local con la Ley General y que estos fueran públicos y abiertos a la sociedad. Ante la falta de respuesta interpusimos un amparo ante la justicia federal que en este momento está en proceso.

Junto con la petición, entregamos al Congreso un documento que identifica las áreas de oportunidad de la actual legislación y las modificaciones que deberían hacerse. El plazo para que se realice el proyecto vence el próximo 4 de mayo y continuamos en espera de que haya un proceso legislativo de cara a la sociedad.

2) Reforma al marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión y democratización de los medios.

En marzo de 2012 en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla presentamos el informe Los Medios Digitales: México con la participación de Aleida Calleja, entonces presidenta de la AMEDI, Gabriel Sosa Plata, uno de los autores y del académico Raúl Trejo Delabre.

Tres meses después, en junio de 2012, difundimos un análisis de las propuestas que en materia de democratización de los medios contenían las plataformas electorales de los partidos y las coaliciones que participaron en el proceso electoral 2012. A partir de las recomendaciones que formula el informe Los Medios Digitales: México, se le asignó a cada plataforma una calificación.

Constatamos en esa ocasión que con excepción de la coalición Movimiento Progresista que obtuvo una nota de 6.25, la mayoría de los partidos políticos no dieron importancia a este tema ni propusieron modificaciones al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Este análisis lo hicimos llegar a cada uno de los candidatos al Senado por Puebla y a los medios de comunicación.

En 2013 y 2014 nos sumamos a las campañas y acciones emprendidas desde AMEDI nacional a favor de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se discutía como parte de los acuerdos del Pacto por México. Apoyamos, por supuesto, la iniciativa ciudadana de Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además de sumarnos a los posicionamientos, a la campaña Más para Ver, a las tormentas tuiteras impulsadas a nivel nacional, el capítulo Puebla impulsó varias actividades propias. Por ejemplo, en febrero de 2013 impartimos la conferencia intitulada Reforma en materia de telecomunicaciones y medios: la democratización pendiente, ante diputados de la fracción parlamentaria del PRD por invitación de la entonces diputada federal Roxana Luna.

Otra actividad importante fue la integración del Frente por la Comunicación Democrática-Puebla en la que participamos a invitación del Ing. David Méndez y de la Dra. Rosa Márquez. En el acto constitutivo realizado el 9 de mayo de 2014, nos acompañaron el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el senador panista, Javier Corral; el periodista Virgilio Caballero y Antonio Zavaleta en representación del entonces presidente de AMEDI, Agustín Ramírez. No quisiera dejar de mencionar el hecho de que en el acto participaron representantes de diversos y plurales sectores de la sociedad. La página en Facebook del Frente se mantiene activa y a través de ella informamos cuestiones vinculadas con la democratización de los medios, las telecomunicaciones y los derechos informativos.

En los días siguientes al acto, enviamos nuestra postura a todos los senadores por Puebla e iniciamos una campaña a través de redes sociales para llamarlos a votar una legislación que realmente garantizara los derechos a la información y al acceso a tecnologías, la libertad informativa e incidiera en la construcción de un espacio público plural.

La posición del capítulo Puebla, en concordancia con AMEDI nacional, es que si bien el marco jurídico tiene aún áreas de oportunidad importantes, recogió buena parte de las demandas planteadas desde hace más de casi tres décadas por las distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios, el derecho de acceso a tecnologías de información; el reconocimiento de los medios comunitarios, el fortalecimiento del órgano regulador. Sin duda, el seguimiento a la puesta en marcha de las políticas derivadas de esta legislación será parte del trabajo que deberemos hacer en los próximos años.

Actividades de difusión y socialización.

El 1 de marzo de 2012 organizamos junto con Fundar y con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la conferencia “Transparencia y Proceso Electoral 2012”, impartida por Bob Biersack, del Center for Responsive Politics, que tuvo lugar aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Asimismo, varios de los miembros de AMEDI-Puebla hemos participado impartiendo cursos, conferencias y talleres sobre diversos temas vinculados con los derechos informativos. Por ejemplo, Roberto Alonso Cuauhtémoc Cruz y su servidora somos ponentes en la Cátedra de Transparencia impulsada por el Ayuntamiento de Puebla, la Fundación Konrad Adenauer, la UPAEP y la BUAP.

El 14 de agosto de 2014, junto con la El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta; el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la BUAP y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Iberoamericana  Puebla organizamos el Foro “Pensar, Decir y Manifestarse. Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Telecomunicaciones.”

En esta actividad, Roberto Alonso Muñoz participó en el panel “La Ley Bala un Recuento de los Daños” y Aleida Calleja impartió un taller sobre el nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

El 15 de abril del año pasado, Rafael Hernández y una servidora participamos la mesa  “Derechos de las audiencias. El caso Aristegui”, organizado por el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla y la BUAP.

Asimismo, en estos cuatro años hemos mantenido nuestra participación semanal en el espacio “Por una Puebla Transparente”, que generosamente nos han dado en el noticiario de Ultra 92.5. Nuestro agradecimiento a su director, Fernando Canales, por el interés en difundir los temas vinculados con nuestro derecho a la información. Y hemos respondido a las invitaciones que diversos medios nos han extendido para difundir nuestras actividades y posicionamientos.

Todas estas actividades del capítulo Puebla se han financiado básicamente con las cuotas de sus miembros y con la generosidad y apoyo desinteresado de organizaciones, medios de comunicación y la Ibero Puebla.

3)      La demanda de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad informativa.

Nuestras actividades en este rubro han estado vinculadas a la exigencia de garantías para que periodistas y medios puedan difundir libremente noticias y opiniones y a criticar la tendencia a la criminalización de la protesta.

Hemos dicho y lo sostenemos que el actual gobierno estatal ha puesto en marcha mecanismos diversos de censura directa e indirecta entre los que destacan el uso de los contratos publicitarios para incidir en los contenidos informativos, así como las amenazas contra periodistas. En ese sentido nos hemos pronunciado sobre el acoso que han sufrido varios informadores en el actual sexenio y hemos denunciado estas prácticas ante organizaciones como Artículo 19 que las ha documentado.

Amigas y amigos, hace cuatro años al asumir la presidencia del capítulo Puebla sostuve que: “la existencia de condiciones jurídicas, políticas y sociales para el ejercicio pleno de las libertades informativas es esencial para la consolidación de un régimen democrático, o dicho de otra forma, sin  información y deliberación sobre los asuntos públicos  no hay democracia posible. Vemos, sin embargo, con enorme preocupación que en muchos de los puntos claves para avanzar en este camino se presentan retrocesos graves: prácticas y medidas jurídicas y políticas para obstaculizar el acceso a información pública, opacidad gubernamental, intentos claros de limitar la libertad de expresión, amenazas y ataques contra medios y periodistas, políticas que fomentan y fortalecen los monopolios mediáticos, son sólo algunos de los que  hoy aquí podemos citar.”

En ese entonces, un gobierno de alternancia estaba iniciando en Puebla y había expectativas de que impulsara un proceso de profunda transformación democrática como lo había prometido en campaña su candidato Rafael Moreno Valle. Cuatro años después podemos constatar que no ha habido tal y que en la actual administración panista el control de la opinión y el espacio públicos ha sido práctica cotidiana.

A lo anterior se ha sumado una política de opacidad que lo mismo ha impedido el acceso a los millonarios contratos publicitarios, que a las obras y proyectos o a los cuestionados Proyectos de Prestación de Servicios.

Asimismo, en julio de 2014, el Congreso estatal aprobó la iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, conocida popularmente como Ley Bala, que había sido enviada por el gobernador Moreno Valle. Pese a las críticas y protestas contra ese marco jurídico, a las que AMEDI-Puebla se sumó, apenas unos días después, su aplicación provocó la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y lesiones en varios pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. Hasta la fecha, el gobierno del estado no ha cumplido con la recomendación de la CNDH sobre el caso, según ha informado el propio organismo.

En ese escenario crítico al ejercicio de los derechos humanos fundamentales en México y en Puebla, la presencia y el trabajo de la sociedad civil organizada es esperanzador, aunque de modo alguno es fácil.  Los incentivos son mínimos y los obstáculos económicos, humanos y materiales son enormes.

La sociedad civil no es un ente homogéneo ni tampoco es poseedor de todos los atributos positivos frente a un Estado que encarna todos los negativos. En el mejor de los casos, la sociedad civil es, como dijo Walzer (1997), una arena de arenas que está atravesada por intereses y miradas distintas cuando no contradictorias sobre lo público y lo político; no obstante, es este espacio autónomo y autogestivo desde el que se pueden promover transformaciones sociales de fondo.

Sabemos que hay muchos retos y oportunidades para fortalecer el trabajo que hacemos en AMEDI. Reconozco que quedaron muchos pendientes que atender y estoy segura que el nuevo Comité Directivo encabezará los esfuerzos para continuar con el trabajo y mejorarlo.

Antes de concluir quisiera agradecer el apoyo permanente y desinteresado de la Universidad Iberoamericana y de su rector, el Dr. Fernando Fernández Font, SJ a las actividades de AMEDI.

A mis colegas del capítulo Puebla por la confianza y el apoyo depositados en mi persona en estos cuatro años. Y muy especialmente a mis colegas del Comité Directivo: Roberto Alonso Muñoz, Rafael Hernández García Cano y Jorge Calles Santillana.

A los medios de comunicación que nos han apoyado con la cobertura de los posicionamientos y actividades realizados por el Capítulo-Puebla.

También a mis queridos compañeros del Nodo de Transparencia cuya compañía en las distintas batallas me ha hecho recuperar la esperanza en la posibilidad de cambio. En ellos he encontrado amigos verdaderos y compañeros incansables de lucha. Mi cariño, admiración y respeto siempre.

Y, para concluir, le dedico mi esfuerzo a Daniela, a Hugo y a mi familia. Las horas de trabajo para AMEDI se las he robado a ellos.

-¿Para qué?, me pregunta siempre Daniela.

-“Para que tú vivas en un país distinto al que a mí me tocó vivir.”

Que así sea.

Muchas gracias.