Raúl Trejo Delarbre
El martes por la noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró ilegal el servicio HiTV que ofrece Televisión Azteca en contravención a sus títulos de concesión. Esa autoridad le impuso una multa de 4 millones y medio de pesos.
Al día siguiente, miércoles 24 de febrero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral castigó a esa televisora con una multa de 122.4 millones de pesos por negarse a transmitir spots de las campañas locales de los partidos políticos y de la autoridad electoral. Se trata de más de 16 mil anuncios que deberían haber sido difundidos en Chihuahua, Durango, Puebla y Zacatecas.
Hace menos de un mes, el 29 de enero, el IFE había resuelto otras multas, por más de 72 millones de pesos, a las estaciones de TV Azteca en Coahuila, Tabasco y Yucatán, que dejaron de transmitir más de 8200 spots.
En el transcurso de 2009, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego recibió varias sanciones más –también Televisa– por parte de la autoridad electoral.
A todas esas acciones, Televisión Azteca se ha inconformado judicialmente o ha anunciado que lo hará. Durante ya largo tiempo, esa empresa ha acostumbrado transgredir la ley y más tarde defenderse en los tribunales. Esas acciones demoran la aplicación de la justicia, pero paulatinamente Televisión Azteca comienza a recibir sucesivas sentencias desfavorables. Y sobre todo, se confirma la vocación de ilegalidad que una, otra y otra vez define a sus operadores.