Este texto forma parte del libro ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México? José Buendía Hegewisch
La crisis financiera y económica mundial está lejos de inscribirse en un movimiento cíclico más, dado su carácter global y sistémico. Las telecomunicaciones y los medios de comunicación han ocupado un lugar central en la globalización y hoy, por tanto, también son un factor determinante para las posibilidades del futuro de cada país.
La profunda revolución tecnológica altera los patrones y referencias en el mundo laboral, productivo, en la educación y en las telecomunicaciones. Esta transfiguración afecta múltiples dimensiones, que van desde la manera de generar riqueza; los modelos de negocio en la industria mediática; la transmisión de datos, voz e imágenes en multiplicidad de formatos, y la formación de capital humano, hasta la oportunidad de crear sociedades del conocimiento.
En este contexto, la pregunta que sobreviene es si en México el marco regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que data de hace medio siglo, podrá resistir la enorme presión del cambio que se vive en el sector –en la industria de medios–, así como las consecuencias que todo ello tendrá para el desarrollo nacional. La convergencia digital abre nuevas perspectivas que revolucionan, por todos lados, la promoción del conocimiento.
Sin embargo, en nuestro país las reformas al marco regulatorio del sector permanecen congeladas por la desavenencia, la prevalencia de los intereses particulares de los concesionarios y la falta de acuerdos sobre el papel que las telecomunicaciones y los medios de comunicación deben desempeñar en el futuro del país.
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales artículos medulares de la última reforma a la leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, particularmente aquellos que permitían a los concesionarios de radio y televisión ofrecer servicios adicionales (datos, voz e imagen) sin participar en licitación pública y sin tener que pagar necesariamente al Estado por la explotación discrecional del espectro radioeléctrico.
El fallo de la Corte abre una nueva oportunidad para diseñar el futuro del sector, su contribución al crecimiento, la promoción de los derechos ciudadanos y la aproximación del país a la sociedad de la información. Esto, siempre y cuando el nuevo esfuerzo logre construir una amplia coalición política que ubique el tema en la perspectiva de la reforma que el país necesita, más allá de los intereses particulares de los concesionarios de radio y televisión. La condición necesaria es que los partidos y los diputados que votarían una nueva reforma sean capaces de resistir las presiones de la
industria y la amenaza de no contar con su apoyo en periodo electoral. En los últimos años, la falta de autonomía del poder político ha sido causa de errores o de la parálisis legislativa en la materia.
México requiere un sector fuerte en telecomunicaciones y radiodifusión, para lo cual es imprescindible propiciar la inversión y el crecimiento. Pero debe hacerlo a través de fórmulas que superen el viejo modelo del último cuarto de siglo que supuso que había que promover la concentración como condición para tener sectores fuertes que pudieran competir en la aldea global.
De esa lógica, la industria de medios y en general las telecomunicaciones son uno de los mejores ejemplos. Fenómenos como el de la concentración en radio y la televisión han recortado durante muchos años la pluralidad y la diversidad que caracterizan a la sociedad mexicana. Muchas voces, pero pocos espacios, en detrimento de derechos como el de y a la información pública. Los medios se han hecho más plurales, pero mucho menor es la pluralidad que hay de medios.
Además, ahora, y frente a la transformación de la economía global, sus condiciones oligopólicas de funcionamiento se convierten en un obstáculo para la competencia, y de no modificarse terminarán por limitar su desarrollo.
En efecto, si en el Estado en un momento se pensó que la concentración era una necesidad para competir en un mundo globalizado, hoy el paradigma ha cambiado. Las oportunidades de futuro tienen más que ver con la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos servicios, que requieren del libre acceso de muchos participantes. La concentración va en contra del interés público, puesto que hoy recorta no sólo las posibilidades del ejercicio de los derechos de los ciudadanos sino también el crecimiento. Es por ello que la misma Corte, en su fallo, llamó a los legisladores a evitar fenómenos de concentración que operen en contra del interés público y la libre concurrencia en ese segmento del mercado.
La revolución tecnológica que permite la difusión de datos, voz e imagen a través de la multiplicación de formatos, abre posibilidades inéditas para la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Hoy los rezagos en educación son quizá los mayores obstáculos para el crecimiento económico y la creación de riqueza en el país. De ahí la importancia de que la puesta al día del marco legal de las telecomunicaciones parta de la necesidad de abrir el acceso universal al mayor número posible de mexicanos a las nuevas tecnologías. Se trata de la vía privilegiada para promover el conocimiento, elevar las capacidades y mejorar la formación de capital humano en el país.
Ésta es la dimensión que hoy tiene la reforma del marco regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Servir para que el país, en medio de sus profundas desigualdades, pueda remontar inequidades y construir un proyecto que lo lleve hacia una auténtica sociedad del conocimiento.
José Buendía Hegewisch es director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia
