Miguel Ángel Granados Chapa. El gobierno federal alega que actúa con equidad: que persigue por igual a todas las bandas de narcotraficantes; y que en radiodifusión y telecomunicaciones decide sin preferencias por alguno de los participantes. Conviene revisar el modo en que se entiende y practica la equidad en la administración panista, pues apenas se ahonda en los datos aparecen rasgos de inequidad y de parcialidad.
Como si no hubiera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que impide al secretario de Comunicaciones y Transportes tomar decisiones relativas a prórrogas y refrendos de concesiones, esta semana se anunciaron medidas que implican una infracción a ese fallo judicial. El martes pasado fue negada la prórroga para la vigencia de las concesiones relativas a los canales 46 y 52 de televisión, pertenecientes respectivamente a Televisa, de la familia Azcárraga, y a MVS, de la familia Vargas. Al mismo tiempo se sancionó a dos canales operados por TV Azteca, de la familia Salinas Pliego. Dictar medidas que afectan intereses de tres núcleos importantes de la comunicación fue presentado como una muestra de equidad.
Sin embargo, es imposible no reconocer en esas decisiones la reiteración de la preferencia gubernamental por Televisa. En efecto, no es lo mismo silenciar al canal 46 que al 52. En rigor estricto, el 46 no fue acallado, porque nunca se utilizó la concesión otorgada a Cablevisión (filial de Televisa) en la banda UHF , por 10 años. El 29 de abril pasado, Cablevisión solicitó la prórroga de su concesión. Era extemporáneo. Cablevisión debió iniciar el trámite antes del 16 de noviembre de 2008. La autorización debió ser cancelada, pero la SCT prefirió alegar la extemporaneidad para equiparar su negativa con la respuesta en el mismo sentido a MVS. Televisa nunca pretendió usar el 46: su nuevo canal de información y opinión no pasa por el canal silencioso, reservado sólo para impedir que la competencia entrara en ese terreno.
Cablevisión no obtuvo en 2000 sólo la concesión del 46 sino también la del 52. Cuatro años más tarde, Cablevisión cedió su licencia a MVS, con autorización gubernamental. En febrero de 2008, MVS preguntó formalmente a la SCT qué pasaba con su solicitud de prórroga presentada dos años atrás, en febrero de 2006 y al mismo tiempo reiteró tal solicitud de prórroga. La secretaría y la Comisión federal de telecomunicaciones no hallaron la solicitud original. Eso no obstante, la Cofetel “determinó que se trata de un documento apócrifo” y por ello “actualmente se desarrolla un proceso judicial para determinar la presunta falsedad de los documentos”, según dice un documento de la SCT. Pero, ¿cómo se declara apócrifo un documento inexistente? La solicitud de prórroga del 52 se hizo en febrero de 2008, pero la SCT la negó, a pesar de que esa decisión según la sentencia de la Corte de noviembre pasado corresponde a la Cofetel. A diferencia del 46, el 52 ha estado en operación. Desde hace unos meses forma parte de la oferta de la empresa Dish. Con la clausura del 52 disminuye la posibilidad para competir con Sky, que pertenece a Televisa.
Por otro lado, la SCT sancionó a TV Azteca, que opera los canales 7, 13 y 40, con nueve millones de pesos por utilizar sin autorización once canales digitales, mediante el sistema HITV, además de tres canales digitales autorizados para reproducir la programación de los canales analógicos. En este punto lo que asombra es la naturalidad con que se tolera implícitamente la usurpación del canal 40 por TV Azteca. La SCT enuncia dentro del Grupo Salinas a la Televisora del Valle, titular de la concesión del 40, todavía propiedad de Javier Moreno Valle.
Frente al narcotráfico un funcionario y una secretaría cuya competencia formal no incluye a la seguridad pública se esfuerzan por probar que el combate a la delincuencia dedicada a ese ruin negocio es equitativo y proporcional. Primero en la carta en que el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont reprendió al diputado Manuel Clou- thier Carrillo y después en una comunicado para responder “a versiones de diversos medios de comunicación que señalan que el gobierno federal mantiene una lucha desigual contra los carteles del narcotráfico y las organizaciones del crimen organizado”, se ofrecieron cifras que avalan la imparcialidad gubernamental. Es confortante la precisión de los porcentajes. Me pregunto cómo los construye la autoridad que los proveyó a Gobernación puesto que, como se sabe, esa secretaría dejó de ser competente en seguridad pública en diciembre de 2000. La delincuencia organizada ha de estarlo muy bien y acaso identifica a sus miembros con credenciales que señalen su adscripción, de suerte que la autoridad sepa a la hora de detenerlos cuál es el grado de su avance. Para conocer con mayor precisión si realmente se ataca por igual a todos los grupos haría falta conocer los porcentajes de los procesados y sentenciados cuyo número es muchísimo menor que el de los detenidos. Sea lo que fuere, la inseguridad bulle por doquier.
Publicado en Reforma el 28 de febrero de 2010.
