Francisco Báez Rodríguez
Publicado en La Crónica, martes 17 de noviembre de 2009
Mientras los diputados se enfrascaban en el debate sobre el presupuesto —a sabiendas, todos, de que ganará la búsqueda de clientelas políticas y el compromiso con las corporaciones y con los corporativos—, me puse a leer un libro muy interesante, que deberían revisar todos los miembros del Congreso. El título es: ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México? Está editado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Fundación Konrad Adenauer. Los autores, con textos breves, son 72, y provienen del mundo académico, del político y de los propios medios de comunicación, tanto privados como públicos y comunitarios.
Con tantos autores, es evidente que las opiniones no son unánimes. Sin embargo, hay gran cantidad de coincidencias, empezando por la urgencia de descongelar las reformas a la Ley de Radio y Televisión, pendientes desde que la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad de la llamada “ley Televisa”. A todo mundo le queda claro que la normatividad actual no corresponde a la realidad que vive el país ni en lo político ni en la evolución de los mercados ni —mucho menos— en lo tecnológico.
También hay coincidencias, con pequeños matices, en que actualmente los distintos participantes en los medios de comunicación, y particularmente los de radio y TV, se desenvuelven en un ambiente desigual. De ahí que sea necesario pensar, y gestionar, una sola ley integral. Una ley parcial no resuelve la desigualdad de condiciones. El desarrollo tecnológico exige incluir a las telecomunicaciones en la misma ley, para no generar lagunas.
Se dice que ha habido una evolución porque hemos dejado una situación en la que la televisión comercial era, prácticamente, un monopolio. Pero —señalan muchos de los autores— duopolio no es sinónimo de competencia, pensando en la TV. Tampoco lo es el oligopolio, pensando en la radio.
Esta circunstancia de mercado se convierte en una circunstancia de poder. Quienes controlan, en los hechos, grandes tramos del espectro, se han demostrado capaces, también, de controlar actores políticos —temerosos del chantaje ante la opinión pública o deseosos de ser tratados bien a los ojos de ésta— y, como vimos en las elecciones recientes, incluso de tener su propia bancada.
En ese sentido, avanzar hacia una competencia auténtica, significa también avanzar no sólo hacia la pluralidad y hacia la existencia de mayores opciones de consumo. Significa avanzar hacia una distribución menos inequitativa del poder.
¿Cómo puede lograrse esto? No basta con decir, en abstracto, “legislemos para la pluralidad y la competencia”.
Algunos de los autores del libro dan guías al respecto. Una muy clara es que la regulación debe revisar los términos de las concesiones y licencias. El espectro radioeléctrico es un bien público, tan estratégico como los más importantes recursos naturales.
Hay empresas dominantes, que —si son definidas como tales— deberían sujetarse a un marco regulatorio para la inversión. Al mismo tiempo, desde hace años hay espacios disponibles en la radio y en la televisión, tanto abierta como restringida, que no han sido utilizados. La convergencia digital genera, además, anchos de banda que pueden ser otorgados a nuevos concesionarios.
Igualmente, debe evitarse la discrecionalidad en dos ámbitos fundamentales: el costo de cada concesión y el acceso de distintos canales a los sistemas de paga.
Evidentemente, si queremos competencia será necesario cambiar el régimen de los medios públicos, y quitarles las sucesivas camisas de fuerza que se les han impuesto, para que puedan competir en mejores condiciones con los comerciales.
Finalmente, está el derecho de réplica, que no es otro que el más básico derecho de los ciudadanos ante los medios: tener voz para defenderse de ellos.
Ahora bien, tomando en cuenta el papel estratégico de la comunicación, un punto central es la transparencia de los medios electrónicos. Dice Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI: “Los medios electrónicos... deben convertirse en sujetos obligados de transparencia, justamente porque, si bien los concesionarios son organismos privados, por el hecho de gozar de una concesión adquieren la calidad de organismos de interés público”. Por eso mismo, las determinaciones sobre las concesiones deben estar en manos de un organismo técnico con autonomía y estar abiertas al escrutinio público.
Yo iría más allá: los ratings no son sólo un instrumento de mercado y de mercadeo. Al ser una imagen del consumo cultural de la población, son también un instrumento de autoconocimiento social. Deberían ser del conocimiento público.
Hace años se propuso una comisión independiente de expertos que revisara contenidos de los medios. Nunca logró consensos más allá de la academia. Lo que cada vez parece más necesario es la creación de una comisión que regule las telecomunicaciones y, en particular, los mercados: acotar la concentración es la manera más confiable de garantizar pluralidad sin coartar libertad alguna. Junto con ella, es necesario avanzar en la regulación de la publicidad, porque vivimos una situación de total libertinaje, donde se pasan las normas de RTC por el arco del triunfo, tanto en la cantidad (cada vez hay más publicidad disfrazada de contenido) como en la falta de veracidad en la promoción de bienes y servicios.
Termino la revisión del libro con dos citas que me parecen relevantes. Una es de Ciro Gómez Leyva: “La redefinición estratégica pasa por la televisión de paga, internet y la alta definición. Ahí se dará la diversificación, la “democratización” y el negocio”. Si la nueva legislación no va un paso adelante, la tecnología la rebasará en el corto plazo.
La segunda es de José Carreño Carlón, y parte del realismo necesario: “La legislación que hace falta sólo podrá surgir de un acuerdo de principio entre los actores relevantes del sistema político y los actores relevantes del sistema mediático”. Imaginar que se puede hacer una legislación a modo para los gigantes del espectro o que se puede hacer una legislación contra ellos es caer en el onanismo. Lo importante es que en ese acuerdo se tomen en cuenta no sólo los intereses de los dos “sistemas”, sino también los de la ciudadanía, que no es un mero consumidor, sino un sujeto con derechos educativos, informativos y culturales.
