El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los lineamientos de derechos de las audiencias.
Luego de que el Presidente de la República interpuso el recurso ante la SCJN, el IFT expresó en un comunicado que la ley y los lineamientos conforman un nuevo marco jurídico para los derechos de audiencias, lo que ha generado señalamientos relacionados con su constitucionalidad.
“Ante estos señalamientos, algunos que incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, es de celebrar la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia”, precisó el instituto.
Preocupa a la CIRT. Ante la decisión del Ejecutivo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó que el procedimiento ordenado por el Presidente de la República ofrece la oportunidad de preservar la libertad de expresión en el país.
Agregó que para la CIRT y su presidente, Édgar Pereda Gómez, “es fundamental el respeto irrestricto a la libertad de expresión”.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL, la CIRT envió una carta al IFT dirigida a su presidente, Gabriel Contreras, el pasado 24 de enero, solicitando la discusión de los lineamientos de los derechos de las audiencias por considerar que dejan a la industria en indefensión.
“La CIRT se ha pronunciado porque se escuchen sus puntos de vista y las opiniones de los comunicadores y concesionarios mexicanos sobre la aplicación de diversas disposiciones de los lineamientos de defensoría de la audiencia”, destacó ayer la cámara en un comunicado.
Abel Híbert, ex comisionado de la extinta Cofetel, consideró que el IFT se excedió en cuanto a los alcances de la ley y de la Constitución, y están creando una sobrerregulacion a la labor de los medios, “que va a inhibir la libertad de expresión”.
Dijo que existen argumentos jurídicos para que se revierta la resolución del IFT sobre este tema.
“Los comisionados de IFT tienen que resolver pendientes más urgentes del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, mas que andar desperdiciando el tiempo en jugar al censor de la KGB”, destacó el ex comisionado.
Ven peligrar autonomía. Gabriel Sosa Plata, analista en radiodifusión, explicó que la decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo sienta un precedente grave que va en contra de la autonomía del IFT y de la propia ley que elaboró el Ejecutivo.
Dijo que si el Ejecutivo realmente velara por los derechos de las audiencias, “apoyaríamos esta controversia, ¡pero eso está muy alejado! Presidencia cede a las presiones e intereses de un sector de la industria”. Sin embargo, confió en que, como sucedió con la “ley Televisa”, los ministros privilegiarán el interés general.
Jorge Fernando Negrete, presidente de la Amedi, calificó las acciones de la Presidencia y del Legislativo como lamentables ataques a un órgano que ha demostrado una extraordinaria gestión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.