• Miércoles, noviembre 22, 2017

Exigimos a candidatos a gubernaturas compromiso con una agenda de derecho a la información

Amedi
Amedi
mayo04/ 2016

El domingo 3 de abril iniciaron las campañas electorales en doce entidades de la República donde se elegirá a un nuevo gobernador(a): Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La elección será el 5 de junio.

A un mes de que arrancaron las disputas por el voto ciudadano, ninguno de los candidatos a la gubernatura en esos estados, provenientes tanto de las filas de los partidos políticos como los candidatos independientes, han presentado una agenda en defensa del derecho a la información, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La omisión de las candidatas y candidatos partidistas e independientes es grave porque es precisamente en el espacio local donde ocurren más atentados, violaciones y omisiones al derecho a la información. También es en las entidades del país donde se ejerce más control político sobre la prensa y los medios electrónicos locales, incluidos televisoras, radiodifusoras y portales de Internet.

En cada uno de los estados mencionados existen inequidad y desequilibrios informativos, coberturas a favor de ciertos candidatos en detrimento de otros y sesgos noticiosos que afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz. Asimismo, los institutos electorales y de transparencia locales suelen fallar en sus atribuciones de ser garantes de la equidad en la contienda electoral o el derecho de acceso a la información pública, respectivamente.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hace un enérgico llamado para que los candidatos(as) a las distintas gubernaturas presenten y se comprometan con una agenda ciudadana de derecho a la información que contemple, por lo menos, los siguientes temas:

  • Transparencia. Respeto a los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia local; respeto a la autonomía y decisiones del órgano garante de la trasparencia y el acceso a la información de la entidad; no politización ni partidización en la elección de los comisionados.
  • Libertad de expresión. Respeto irrestricto a la libertad de expresión y protección a los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En los últimos años se han incrementado las agresiones y los atentados contra la integridad física de los periodistas por parte de autoridades locales, elementos de la fuerza pública y el crimen organizado. Todo gobierno está obligado a garantizar la integridad de los informadores, iniciar averiguaciones para esclarecer las agresiones y sancionar a los responsables, de manera rápida y expedita. Crímenes recientes contra periodistas en entidades como Veracruz han activado alarmas internacionales porque existe la percepción de que en México no hay garantías suficientes y efectivas a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
  • Medios públicos. Cobertura informativa del actual proceso electoral como parte de su razón de ser y función social de informar a la ciudadanía. Compromiso con la independencia editorial de los medios públicos locales (radio y televisión) para que no respondan a los intereses y agenda del mandatario en turno. Que el director(a) sea nombrado por el Congreso local para garantizar una mayor independencia informativa, a partir de un perfil profesional con experiencia y conocimiento en materia de medios públicos, sin vinculaciones políticas, partidistas o amiguismos. Nombramiento de un defensor de audiencia con reconocido prestigio y experiencia profesional en los medios públicos. Convocatoria democrática y transparente para la instalación de un consejo ciudadano plural, conocedor e independiente que vigile la pertinencia de los contenidos y el desempeño del medio público. Recursos públicos suficientes para la modernización y digitalización de sus instalaciones e infraestructura, así como para la capacitación y profesionalización de su personal. Actualización al nuevo régimen legal de concesión única.
  • Gasto en comunicación social. Asignación neutral, clara y transparente de recursos a los medios impresos, electrónicos y digitales locales sin distinción de opinión o postura ideológica. El gasto para propaganda gubernamental no debe utilizarse para premiar la lealtad política o para castigar el disenso informativo, sino para informar oportunamente a la población de los temas de interés general. El presupuesto de comunicación social debe emplearse para subvencionar la pluralidad y la democracia, no para limitar indirectamente la libertad de expresión con asignaciones discrecionales.
  • Radios comunitarias. Respeto y promoción de las expresiones comunitarias, indígenas, étnicas y culturales a través de los medios de comunicación. Dejar de criminalizar y de perseguir a los comunicadores comunitarios. Evitar la confiscación de sus equipos transmisores o daños a su propiedad. Apoyo económico para el crecimiento de los proyectos sociales y comunitarios a través de asignaciones equitativas de partidas de comunicación social de dependencias públicas estatales promotoras de programas sociales, educativos y culturales.
  • Inclusión digital. Acciones tendientes a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre todo de banda ancha, para cerrar la brecha y la exclusión digitales. Diseño de políticas públicas y de una Agenda Digital estatal para incrementar la conectividad, las oportunidades de empleo, la alfabetización digital y el acceso a servicios públicos en línea en la entidad. Coordinación con el programa México Conectado para que más espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas proporcionen acceso gratuito a Internet. Planeación estratégica para que la futura Red Compartida conecte las comunidades más alejadas y pobres del estado.

Tradicionalmente, los gobiernos estatales han ignorado los temas del derecho a la información y la libertad de expresión, por lo que el actual proceso electoral es un buen momento para que los candidatos(as) partidistas e independientes se comprometan con la ciudadanía a atender algunas de las ausencias más notables en materia de transparencia, impulso a los medios públicos y comunitarios, salvaguarda de los periodistas, rendición de cuentas en el gasto de comunicación social y reducción de la brecha digital.

La Amedi cuenta con asociados en varios de los estados donde se celebrarán elecciones, quienes estarán pendientes de que los candidatos(as) y los futuros mandatarios estatales respeten los derechos fundamentales de información consagrados en la Carta Magna.

 

Lic. Jorge Fernando Negrete P.

Presidente del Consejo Directivo de la Amedi

 

Dr. Raúl Trejo Delarbre

Presidente del Consejo Consultivo

Mtra. Beatriz Solís Leree

Asesoría especializada

 

Presidencias de los capítulos de la Amedi

Amedi Jalisco

Dr. Bernardo Masini

Amedi Oaxaca

Lic. Claudia Guichard

Amedi Puebla

Mtro. Rafael Hernández García Cano

 

Consejo Directivo

Mtro. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Dra. Patricia Ortega, Mtro. Efrén Páez, Mariana Torres, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Dr. Jorge Bravo. Ismene Flores Guadarrama, Secretaria Técnica.