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El nuevo derecho a la información es posible

Jorge Fernando Negrete
Jorge Fernando Negrete
enero14/ 2016

Los nuevos y viejos temas del derecho a la información se transforman, se actualizan y se proyectan. El derecho a la información necesita una nueva generación de política pública; el debate regulatorio y constitucional ha caminado de manera saludable en unos casos y ha sido lento en otros, pero en lo esencial debemos evidenciar una carencia absoluta de visión en la nueva política del siglo 21, la de la comunicación.

Tan antiguo como Lascaux y la imprenta, el derecho a la información evoluciona; también lo hacen la protección institucional de derechos, la administración pública, las cadenas productivas y de consumo, el desarrollo tecnológico. Somos una sociedad de nuevos paradigmas: digitalización, movilidad, conectividad de banda ancha, convergencia, computo en la nube, análisis de los grandes datos, Internet de las cosas.

Para darnos cuenta de la vertiginosa velocidad del derecho a la información, la revolución agrícola llevó 300 años, la industrial 100 años, pero la digital sólo 30 años. Al mundo le llevó más de 100 años conectar con teléfono fijo a mil millones de hogares. Conectar con teléfono móvil a 7 mil millones de personas requirió 35 años. Pero lo relevante es que en sólo 11 años Facebook (2004) sumó mil 300 millones de individuos; a WhatsApp (2009) le llevó 6 años conectar 700 millones de personas; Twitter (2006), 8 años para conectar 284 millones de usuarios; YouTube (2005), 10 años para conectar mil millones.

En cambio, México tiene 53 millones de usuarios de Internet y 85 celulares por cada 100 habitantes. Es lamentable si pensamos que países como Brasil o Chile cuentan con una penetración de 136 y 146 móviles por cada cien habitantes, respectivamente. México se quedó muy atrás en conectar a los más desprotegidos.

Si a esto agregamos el reto de incorporar radios comunitarias, indigenistas y medios públicos al mundo digital, con presiones a su cadena de valor y procesos productivos, debemos repensar las históricas soluciones y argumentos que defendíamos. Con la nueva realidad en el sector de telecomunicaciones, podríamos transformar una entidad de radiodifusión en un operador móvil virtual y ofrecer más y mejores servicios de comunicación local.

A una emisora comunitaria y/o indigenistas hay que respaldarlas para que obtengan su concesión de uso social. Pero imaginemos que a esa misma comunidad o pueblo se le lleva infraestructura de banda ancha. No sólo tendrán posibilidad de sintonizar su radio local, sino que podrán conectarse al mundo, descargar aplicaciones y contenidos, compartir y expandir su cultura y costumbres.

Este es el nuevo derecho a la información, potencializado por el uso de las TIC y la conectividad. Nunca más una comunidad aislada por condiciones geográficas o discriminación sino conectada, partícipe y dueña de su propio devenir porque tiene las herramientas para su desarrollo social, económico y político. Insertar de lleno a la Sociedad de la Información y al ecosistema digital a algunos de sus excluidos: indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. No hay pretexto. Es tecnológicamente posible e históricamente imperativo.

La comunicación en todas sus formas y accesos es un derecho fundamental y, como tal, indivisible, universal y programático, interconectado con otros derechos fundamentales como educación, salud, seguridad y acceso a la cultura. Hablamos de una herramienta que protege los intereses y bienes relevantes de los ciudadanos, les permite desarrollar su vida plena y con dignidad.

No existe herramienta más poderosa de transformación social y del derecho a la información que la Internet. Las TIC transforman la manera como producimos, distribuimos y consumimos servicios y bienes materiales y culturales.

Por cada 10% de incremento en penetración de banda ancha, el PIB crece 1.38% (Banco Mundial). Duplicar la velocidad de banda ancha hace crecer el PIB 0.3% (Ericsson).El 10% de incremento en penetración de banda ancha móvil impacta 0.5% del PIB. Mil conexiones de banda ancha generan 80 nuevos empleos (Arthur D. Little). Internet crea 5 puestos de trabajo por cada dos perdidos. Pero pronto 90 por ciento de los empleos requerirá habilidades digitales.

El derecho a la información es un derecho fundamental pero también una poderosa herramienta de cambio social; fortalece instituciones democráticas, promueve el cambio, la innovación y socializa la información; incrementa la capacidad para tomar decisiones, empodera al ciudadano.

Un ejercicio de violación fragante al derecho a la información y sus beneficios ha sido el atraso al “apagón analógico”. El regulado ha pasado sobre la autonomía constitucional del IFT, la política pública y se brinca a negociar con el Congreso. Lo lograron, estamos ante uno de los escándalos regulatorios más lamentables en América Latina. El espectro en radiodifusión informa y entretiene; el espectro en telecom informa, difunde cultura, genera empleos, educación, habilita políticas de seguridad, incluye a los marginados, incrementa la productividad y competitividad.

El “apagón analógico” surgió para utilizar la banda de 700 MHz en las áreas más pobres del país, pero el Congreso quiere que sigan viendo TV y no salgan de su pobreza. Necesitamos un IFT con todas sus facultades, poderoso, competente, con liderazgo. Esas facultades han sido secuestradas por el Congreso y, con ello, el nuevo derecho a la información de los ciudadanos.

Publicado en Reforma el 26 de octubre de 2015.