Construir duda pública, generar miedo institucional, atribuir intereses ocultos y responsabilidad de mandatos constitucionales (Red Compartida) a servidores públicos e instituciones. Descalificación como recurso y bombardeo al prestigio profesional. Lo que no pudieron cabildear a su favor en la reforma constitucional y la secundaria telecom lo atacan con admirable estrategia. En mi entrega anterior señalé su primera descarga contra medios públicos y radios comunitarias. Habiendo ganado todo piden más, y si se puede, lo absoluto:
1. Red Compartida. ¿Estoy de acuerdo con ella? No, y dejé constancia en varias colaboraciones previas argumentando mi posición en el Senado de la República. Ahora el proyecto ya está en la Constitución y su instalación es un mandato inevitable que el servidor público competente debe acatar con eficiencia. No creo en el proyecto pero confió en los servidores públicos habilitados en este formidable reto asignado por el Congreso (responsable solidario de su éxito o fracaso); no confío en la propuesta constitucional, pero admiro la solvencia moral de sus ejecutores: el IFT como institución y todos sus comisionados como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, encabezada por Mónica Aspe.
La presión a la que están sujetos ellos y el Gobierno es extrema. Serán (ya lo son) criticados, vigilados con lupa y atacados con hercúlea fuerza; lo saben y reconozco su estoicismo, lucidez emocional y ejemplar institucionalidad. Les deseo el mejor de los éxitos a ellos por el bien del sector telecom, el desarrollo del País y la inclusión digital universal de los mexicanos.
2. El tamaño ¿importa? Como tesis freudiana, el valor del tamaño para algunos es vital, los seduce. Su obsesión por la volumetría sobre la eficiencia vuelve transparente su incapacidad por comprender el poder del regulador y el impacto social de sus decisiones. El referente al tamaño y beneficio social aparece asumido, curiosamente, por los países líderes en indicadores TIC de Iberoamérica: Uruguay (Antel), Costa Rica (ICE) y España (Telefónica) tienen empresas con más de 50 por ciento de participación de mercado. Todos ellos lideran los indicadores en la región. ¿Existe ausencia de autoridad? ¿Se dejó de regular el mercado? ¿Se abandonó al operador más grandote y a sus competidores? No. Pero sí se reguló con estrategia y, sobre todo, se diseñaron políticas públicas que hoy los ubica, junto con Chile, entre los países de Iberoamérica mejor conectados.
3. Regulación asimétrica. Citar por citar, convocar un relato jurídico foráneo sin concluir la verdad, es una narrativa opaca. Para ello analizan las resoluciones de países como Colombia en su dimensión asimétrica. ¿Esas resoluciones redujeron tarifas? No. ¿Incrementaron la inversión? No. ¿Aumentaron el ancho de banda? Tampoco. En este instante el nuevo entrante al mercado colombiano está vendiendo su operación, aún y cuando ha sido beneficiado por esa regulación.
4. Separación estructural. ¿Se pondera el abandono regulatorio y se substituye por el populismo? El resultado empírico de experiencias semejantes está documentado: baja de inversión, retraso tecnológico, colapso en la calidad del servicio, pérdida de competitividad convergente. En Reino Unido, donde se implantó la separación funcional, el PIB per cápita y el ARPU de los operadores son superior a los de México y, aun así, generó efectos negativos para la inversión y despliegue de nuevas redes de banda ancha, además de que existe un déficit de cobertura. No quiero imaginar su impacto en la economía de México. ¿Es un recurso? Sin duda, pero quienes lo proponen documentan su ignorancia, furia y pereza regulatoria.
5. Menos presupuesto. Entre 2016 y 2017 el programa México Conectado acumulará un recorte presupuestal de 88 por ciento. Este castigo atenta contra un derecho fundamental recién reconocido como el derecho de acceso a las TIC y sus beneficios en salud, educación y productividad. El problema es que la reforma telecom inhibió la cobertura social entre los operadores privados.
Quienes ya ganaron, pero quieren todo (incluso lo que no les pertenece), desean que las autoridades sean incapaces de reconocer sus propios éxitos, de mirarse al espejo y no ver su propia imagen; que la duda sea la madre de la regulación y la incertidumbre gobierne las políticas públicas; que la culpa secuestre la virtud regulatoria. El miedo y la culpa como método. Lo único que se me ocurre para convertir en victoria la derrota es seguir documentando mi optimismo y fortalecer mi confianza en las instituciones.
Especialista en telecomunicaciones
@fernegretep