Excelsior María Marván Laborde
La corrupción y la posibilidad de combatirla seguramente vendrá acompañada de promesas de encarcelamiento a los corruptos y el discurso antisistema de los candidatos independientes y liderazgos carismáticos se centrarán en criticar a los partidos y a los gobiernos por corruptos e ineficientes.
La corrupción en nuestro país no es nueva, pero sí el hartazgo manifiesto de la sociedad y su consecuente crispación. Por un lado, hemos visto a los empresarios manifestándose en el Ángel para protestar por lo que les pareció un sabotaje a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), más allá del exabrupto, no podemos olvidar que sus organizaciones, el CCE y Coparmex, llevan poco más de un año reconociendo que la corrupción no es un problema exclusivo de los funcionarios públicos, han aceptado que ellos son parte de una perversa ecuación.
Por otro lado, cada vez es mayor el número y la eficacia de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este tema; las tenemos con larga historia, como Transparencia Mexicana o Fundar, y otras recién nacidas como Impunidad Cero o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Literalmente, decenas de ellas han participado, junto con la academia, en la discusión del SNA. Son el motor de estas reformas.
En 2016 se aprobaron o reformaron siete leyes fundamentales para dicho sistema, si bien es cierto que faltan muchas más, de aquí a 2017 hemos de poner especial atención en los nombramientos de quienes habrán de conducir los trabajos de este muy complejo sistema. En particular habrá que vigilar al secretario de la Función Pública, el fiscal anticorrupción y los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
La presión social para combatir la corrupción ha llevado al PAN y al PRI a generar instancias internas para lidiar con los corruptos de sus respectivos partidos. Con sinceridad, no sé si le toca a Luis Felipe Bravo Mena mandar a la cárcel a Padrés, o a Enrique Ochoa hacer lo propio con Duarte o Borges; es cierto que les toca no protegerlos, expulsarlos puede servir de algo y hasta pueden favorecer las investigaciones de las autoridades.
Sin embargo, su tarea primordial es, desde ahora, revisar a detalle las posibles candidaturas de 2018. Al momento de la selección interna, ningún partido debería dar oportunidad a aquellos cuya honestidad esté en duda. Lo que está sucediendo en Quintana Roo debería alarmarnos. Carlos Joaquín González ganó por el hartazgo a la corrupción de Borges y su gobierno; ahora ha nombrado en su equipo de transición a Eduardo Ortiz Jasso, acusado de corrupción, el personaje inclusive ya fue inhabilitado en el pasado.
Contra viento y marea el gobernador electo defiende a su colaborador y pide a los ciudadanos que prueben fehacientemente que es corrupto; ¿acaso los ciudadanos son ministerios públicos o fiscales? Mientras el PAN y PRD, que le dieron cobijo, permanecen impávidos.
En los escenarios de gobernabilidad de GEA-ISA, recién presentados ayer, se identifica como el mayor error de Peña haber invitado a Trump (15%), pero esto viene seguido por no haber combatido la inseguridad ni la corrupción (13%). Los datos sobre la identificación de los partidos con la corrupción son muy reveladores. Treinta y seis por ciento PRI, 17% PRD, 14% PAN y 6% Morena. (http://www.structura.com.mx/articulos_structura/docs/EscenariosSeptiembr…).
Cada partido político, o coalición, deberá ofrecernos más de dos mil candidatos, ni el candidato(a) a la Presidencia, ni la más humilde presidencia municipal, podrán estar cuestionados. De cara a las próximas elecciones presidenciales, los candidatos independientes aparecerán como impolutos, especialmente si no tienen experiencia previa en partidos y puestos de elección popular. Cada candidato sobre el que haya dudas de su honestidad, valiente o no, servirá de gasolina al fuego del discurso antisistema.