La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla dio cuenta de la opacidad y control de información que ha prevalecido durante el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle.
La saliente presidenta de la Amedi-Puebla, Lilia Vélez, recordó en su informe que al inicio del gobierno de Moreno Valle –el primero de alternancia que llegó al poder en la entidad, postulado por una coalición formada por PAN, PRD, Convergencia y Panal– había expectativas de que iniciara un proceso de transformación democrática, tal como lo había ofrecido en su campaña.
“Podemos constatar que no ha habido tal, y que para la actual administración el control de la opinión y del espacio público han sido una práctica cotidiana, y a lo anterior se ha sumado una política de opacidad que lo mismo impide el acceso a los millonarios contratos publicitarios, que a las obras y proyectos o a los cuestionados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, acusó.
Como parte de ello, refirió que en los ejercicios que ha llevado a cabo esta organización, han podido encontrar que entre 2014 y 2015 el gobierno estatal ha emitido 98 acuerdos de reserva sobre información que pretenden mantener fuera del escrutinio público.
Así, indicó que en esta entidad no puede ser transparentada toda la información relativa a las auditorías al gasto corriente, los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial y el expediente de las obras de remodelación de Casa Puebla.
Tampoco, agregó, pueden ser consultados por la ciudadanía, por estar clasificados como “reservados”, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que custodian al mandatario, todos los PPS y los trámites de escrituración a favor del gobierno estatal.
“Este ejercicio nos permitió documentar fehacientemente que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha puesto en marcha una serie de estrategias para obstaculizar el acceso a la información pública”, denunció Vélez.
También dijo que una de las principales estrategias que ha instrumentado el gobierno poblano es el cambio de modalidad de entrega de la información solicitada, que tendría que hacerse por internet, pero se pone a disposición “in situ”, acción que calificó como una violación al derecho establecido en el artículo sexto constitucional.
Además, Vélez hizo referencia a la participación que tuvo la Amedi, junto con otras organizaciones, en el proceso de designación de integrantes de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), pese a lo cual los diputados decidieron el nombramiento de Federico González Magaña como consejero.
“Un personaje con nula experiencia en el derecho a la información y con una enorme cercanía al gobernador Rafael Moreno Valle”, acusó.
De igual forma, Vélez criticó que el Congreso local se vuelva “cómplice” del Ejecutivo estatal al mantener congelada la iniciativa para homologar la Ley General de Transparencia con la legislación local.
“No hay información en la página del Congreso del estado, ni se ha dicho que están trabajando. No se nos ha convocado y creo que es importante porque ya estamos en el vencimiento del plazo, que es el 4 de mayo. Pedimos que el Congreso publique esta iniciativa y que no haya opacidad en esta ley de transparencia”, emplazó.
En cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la saliente presidenta de la Amedi señaló que el gobierno de Moreno Valle ha recurrido a la censura directa e indirecta.
“Hemos dicho y lo sostenemos que el actual gobierno estatal ha puesto en marcha mecanismos de censura directa e indirecta, entre los que destacan el uso de los contratos publicitarios para incidir en los contenidos informativos, así como las amenazas directas contra periodistas”, manifestó.
También hizo mención a la aprobación en 2014 de la llamada “ley bala”, que al ser aplicada provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Vélez recordó que hasta la fecha el gobernador Moreno Valle no ha cumplido con la recomendación que emitió sobre este caso la CNDH.
Luego del informe de Vélez, rindió protesta el nuevo Comité de la Amedi capítulo Puebla formado por Rafael Hernández García Cano, como presidente; Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario; Jorge Machuca Luna, coordinador académico, y Jorge Calles Santillana, como tesorero.