La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) condenó la demanda por daño moral que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, interpuso en contra del periodista Sergio Aguayo Quesada.
La institución califica la acción como “un acto de intimidación y venganza política”
El comunicado está firmado por Jorge Fernando Negrete, presidente del Consejo Directivo de la Amedi; el Dr. Raúl Trejo Delarbre, presidente del Consejo Consultivo; el Consejo Directivo de la Amedi; Dr. Bernardo Masini, presidente del capítulo de la Amedi en Jalisco; Claudia Guichard, quien preside el capítulo de Oaxaca. y Rafael Hernández, titular del capítulo de Puebla.
El documento íntegro es el siguiente:
“Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó por daño moral al periodista y académico Sergio Aguayo Quezada (integrante del Consejo Consultivo de esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amedi), por referirse en un artículo de opinión a la detención del político coahuilense en España como un asunto que involucra corrupción e impunidad.
En diferentes medios nacionales e internacionales Moreira Valdés ha sido señalado porhacer crecer la deuda pública de su entidad a 36 mil millones de pesos, estado que tiene una población menor a tres millones de habitantes.
Asimismo, la prensa lo ha relacionado con operaciones de lavado de dinero y su detención por las autoridades españolas –el 15 de enero de 2016– bajo el cargo de blanqueo de dinero y malversación de fondos, fue profusamente comentada.
El doctor Sergio Aguayo Quezada es un analista político, defensor de los derechos humanos, articulista y académico reconocido nacional e internacionalmente. Desde 1977 es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y miembro Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), debido a su vasta producción académica.
Actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución, desde el cual encabeza una investigación en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre los hechos ocurridos en Allende, Coahuila (2011), en donde un grupo delictivo desapareció a un número indeterminado de personas (incluidas niñas, niños y personas ancianas), y en San Fernando, Tamaulipas (2010), donde fueron ejecutados 72 migrantes.
Las opiniones que consuetudinariamente expresa Sergio Aguayo en sus artículos periodísticos y trabajos de investigación académica son resultado de su plena e irrestricta libertad de expresión.
La Amedi reitera que Aguayo Quezada, igual que todo analista y cualquier ciudadano, tiene derecho a formular opiniones acerca de los personajes públicos y ejercer la crítica en los medios de comunicación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado ese derecho en varias sentencias. Incluso ha considerado que los personajes públicos están en condiciones que los hacen especialmente atractivos a los juicios críticos; su fama pública e incluso su privacía están más expuestas que las de cualquier otro ciudadano.
La demanda de Moreira Valdés es una estrategia típica de quien desea silenciar y atentar contra la libertad de expresión no sólo de Aguayo Quezada (por los descubrimientos que pudiera revelar), sino de los coahuilenses y el país en su conjunto. La acción judicial del ex gobernador es un acto de intimidación y venganza política.
Es importante destacar que pasó mucho tiempo entre el artículo “Hay que esperar”, publicado por Sergio Aguayo en Reforma (20 de enero) y la fecha de presentación de la demanda (28 de junio), lo cual confirma la sospecha de que la demanda tiene que ver con la investigación que actualmente dirige Sergio Aguayo.
Moreira Valdés tasa la afectación a su “fama pública” en 10 millones de pesos, exigencia económica clásica de quien busca atemorizar, desgastar en tribunales y causar un daño patrimonial a quienes con honestidad se ganan el sustento informando a la sociedad.
La Amedi se solidariza con Sergio Aguayo Quezada y exige el respeto a su derecho de libre expresión. Los hechos sobre la masacre de Allende, Coahuila, y muchos otros que atentan contra los derechos fundamentales y la vida de las personas, deben esclarecerse.
Un juez del Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aceptó la demanda de Moreira Valdés. La Amedi enfatiza la obligación del juzgador de evitar cualquier tipo de presión política y reitera que una demanda de este tipo es claramente improcedente.”