Reforma.
El Congreso desaprovechó el año que se dio para para legislar el paquete de normas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y dejó todo para el último momento, ya con el plazo encima.
La discusión y, en su caso, aprobación de algunas de las leyes que deben ser creadas o modificadas para que el SNA sea una realidad, la realizará los legisladores después de las vacaciones de Semana Santa, cuando sólo le reste un mes al actual periodo ordinario de sesiones.
En esas cuatro semanas, el Congreso tendrá que crear tres leyes nuevas, dos de ellas de carácter general, es decir, aplicables para los tres órdenes de Gobierno; así como modificaciones a otros ordenamientos.
Hasta el momento, sólo hay en el Senado un documento de trabajo elaborado por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, sobre Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual ha sido desacreditado por el PRD y el PAN, pues consideran que “descafeína” la reforma constitucional.
Las leyes del SNA tienen que ser creadas en una de las cámaras y, una vez que sean aprobadas, enviadas a la colegisladora para que a su vez las apruebe, pero si le realiza cambios, la norma observada tiene que volver a la cámara de origen.
La reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, estableció como plazo máximo un año para que el Congreso emitiera el paquete de leyes reglamentarias y modificara aquellas que deben adecuarse al nuevo marco legal.
Las normas que deben ser creadas o modificadas son, entre otras, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una propuesta de esta última fue presentada el 17 de marzo como iniciativa ciudadana, con el respaldo de casi 300 mil firmas, y por mandato constitucional el Congreso está obligado a analizarla y dictaminarla.
Además, los legisladores tendrán que hacer modificaciones a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debido a las nuevas atribuciones que les fueron conferidas a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública.
En el caso de las leyes generales, una vez que inicie su vigencia, marcan el inicio de un periodo de 180 días para que los estados y la Ciudad de México adecuen sus legislaciones.
Ante la exigencia ciudadana expresada en las firmas con las que fue respaldada la iniciativa conocida como ley 3de3, el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar en este periodo de sesiones las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró Jesús Zambrano, Presidente de la Cámara de Diputados.
En un comunicado, el legislador perredista hizo un llamado a diputados y senadores para que asuman esa responsabilidad y doten al país de los instrumentos normativos que requiere para combatir con mayor eficacia la corrupción.
“El Congreso de la Unión tiene ante sí la responsabilidad terminante de impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilícita. La exigencia de la sociedad hacia quienes la representamos, es trabajar, entregarle los instrumentos legales suficientes para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo.