• Domingo, mayo 28, 2017

De libertades y derechos de audiencias

Amedi
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abril19/ 2017

Artículo de Francisco Búrquez en Reforma

La democracia venezolana no murió en 1999 con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, sino mediante un proceso de degeneración que culminó en 2007. En ese año, el Estado venezolano perpetró un golpe a Radio Caracas Televisión y un ataque frontal en contra de la única televisora crítica del régimen, Globovisión.

Desde la llegada de Chávez al poder, Globovisión había mantenido una posición crítica respecto de las medidas autoritarias del régimen chavista. Por ello, su Gobierno la acusó de atentar contra los llamados “derechos de las audiencias” e inició el constante uso de la fuerza por parte del aparato estatal para controlar sus contenidos, para intimidarla, para exigir apagones a sus emisiones y, finalmente, para cancelar su concesión. Así, la caída de los medios privados supuso el fin de la libre expresión en la República Bolivariana de Venezuela.

A cinco mil kilómetros de Venezuela, y siete años después de estos sucesos, en nuestro país estaba siendo aprobada la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR, 2014). En ese momento voté en contra de esta Ley por varios motivos. Uno de ellos se debía a la vaga definición de preponderancia que beneficiaba a los oligopolios tanto en televisión como en telecomunicaciones y las dificultades que se establecieron para introducir mayor competencia en televisión. Otro, el que aquí nos ocupa, por la amenaza a la libre expresión que se escondía detrás de los llamados “derechos de las audiencias”.

Como audiencias, los ciudadanos debemos contar con la máxima libertad para elegir lo que queremos ver en televisión y escuchar en la radio. Eso es lo que entiendo como “derechos de las audiencias.” Para ello, necesitamos que haya la máxima libertad, diversidad y competencia por parte de las empresas de radio y televisión. Por este motivo, vi como el papel primordial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el de facilitar que haya muchos participantes en radio y televisión.

Desafortunadamente, en la LFTR prevaleció una concepción autoritaria y paternalista donde se dio al IFT la facultad de regular contenidos. A través de este Instituto, el Estado pretende imponernos qué contenidos son adecuados y cuáles no lo son.

Así, en su artículo 256 fracción III, la LFTR prohíbe emitir programas donde no se distinga información de opinión. Algo prácticamente imposible de cumplir y que prohibiría un sin número de programas hoy al aire. Por ejemplo: los programas de radio de Pascal Beltrán, Sergio Sarmiento o Javier Risco, que tanto disfruto por las mañanas, serían ilegales. También lo serían, en caso de ser emitidos en TV abierta, formatos innovadores como el programa de Chumel Torres y otros tantos que hoy triunfan en las nuevas plataformas tecnológicas.

Pero aquí no acaba la gravedad de la situación: la LFTR permite que el Instituto castigue a estos programas decretando un apagón que ni siquiera requiera de intervención de la autoridad judicial. Es decir, una mera orden del IFT bastaría para apagar y censurar la emisión de un programa o de todo un canal. Esto no sólo es una amenaza al derecho humano a la libre expresión, sino un absurdo que no tiene cabida en un Estado de Derecho con pesos y contrapesos.

Por ello, saludo que hoy en la Cámara de Diputados se encuentre a discusión una reforma que revierte en parte lo aprobado. Esta reforma, aunque imperfecta, va en el sentido correcto ya que elimina la facultad del IFT para decretar apagones y elimina la prohibición de emitir programas que mezclen información y opinión. La idea es que los comunicadores tengan la libertad para desarrollar diversos formatos y no estén sometidos a amenazas autoritarias.

De la experiencia venezolana podemos tomar muchas enseñanzas sobre cómo evitar que nuestra democracia se vaya por el desagüe. La más importante es la de mantener al Estado lejos del control de lo que se puede decir o no decir en los medios de comunicación, incluso en los bien intencionados casos de la “protección” del derecho de las audiencias.

Reitero: el derecho más importante que podemos tener como audiencia es el de elegir libremente lo que queremos ver y escuchar en cualquier medio de información. Atacan nuestros derechos como audienciaaquellos que pretenden usar la fuerza del Estado para impedirnos ver programas que mezclen información con opinión, aquellos que consideren de mal gusto e incluso aquellos que “no fomenten los valores y la identidad nacional”.

La libertad es eso, poder elegir y poder decir incluso aquellas cosas que a otros no gusten, siempre que no se trasgredan sus derechos. Lo otro es paternalismo autoritario.

 

Senador de Sonora por el Partido Acción Nacional