Este discurso fue leído durante el Seminario sobre violencia y paz. Demandas contra periodistas, organizado por Sergio Aguayo en El Colegio de México el 1 de septiembre de 2016.
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Muy querido y admirado Sergio. Tu causa, que no es tuya sino nuestra, nos convoca no sólo a encontrarnos, sino a repensar y revisar el ejercicio del derecho a la información y sus distintas asignaturas, algunas de ellas la libertad de expresión, la libertad de prensa y la de pensamiento.
También a encontrarnos con caras conocidas, respetadas y con las que se comparten pedazos de vida y complicidades íntimas que vuelven la vida un espacio mejor, una de ellas es Carmen Aristegui. Ustedes dos son miembros distinguidos del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Amedi, institución señera de la defensa colectiva del derecho a la información en todas sus formas y ejercicios.
Fueron convocados a ese Consejo Consultivo como reconocimiento a su capacidad de ejercer la investigación y el periodismo con los más altos estándares de honorabilidad, seriedad, método y pudor científico. Le agregan a su trabajo no sólo la virtud de su inteligencia, sino el optimismo que obsequia la búsqueda de la verdad.
Los distintos presidentes de esta institución estamos agradecidos por eso, pero también por ello nos toca no sólo la solidaridad sino acaso más, la búsqueda colectiva de los consensos y de la construcción pública de la opinión, que garantice la visibilidad más amplia a este intento de daño, no sólo a ustedes como personas, sino a la moral colectiva de este país.
Si la censura en el ejercicio libre de la creación artística tiene como resultado la dominación cultural, la censura contra la libertad de expresión en materia política tiene como fin el control político. La dominación de un humano sobre otro, el ejercicio de privilegios patrimoniales, el ejercicio impune del servicio público, el privilegio de la intolerancia sobre los argumentos y el dialogo.
La búsqueda obsesiva de la sumisión usando la ley y sus legítimos procesos para reivindicar el ejercicio de la inmoralidad propia, de la vergüenza íntima, genera una pena solitaria. Me refiero a la terrible metáfora del “espejo enterrado” de Carlos Fuentes, donde Tezcatlipoca logró que Quetzalcóatl se reflejara en el espejo reconociéndose con horror como no se concebía. La amenaza y la búsqueda de la censura por la vía judicial son el efecto de políticos y poderosos de negar su imagen frente al espejo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “la dimensión individual de la libertad de expresión se proyecta en la posibilidad de expresar el pensamiento usando los medios que elija el emisor, y también en la facultad de difundirlo a través de ellos, para que sea conocido por sus naturales destinatarios. Obstruir o vulnerar cualquiera de esas dos proyecciones limita y afecta el ejercicio del derecho en su conjunto. La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles. Una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, límite al derecho de expresarse libremente”.
La palabra “censura” proviene de “censor”, aquel profesional romano que supervisaba el comportamiento público y la moral de la civita, por lo tanto, censuraban la forma de actuar. De manera más clara la censura, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es la “intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas”. De suyo, la palabra censurar se aloja en el territorio más obscuro de la interpretación subjetiva, se vuelve deliberadamente seductora para las democracias enfermas, es objeto de devoción por el político o ciudadano obseso de su imagen, prisionero de su ego e intolerante a la reflexión. En suma, la censura nos dice más de quienes la ejercen al evidenciar sus carencias intelectuales y pánicos internos.
Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras. La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión.
Existe una responsabilidad colectiva en la defensa de este derecho. En un Estado democrático, la defensa colectiva y pública de estos derechos es vital para garantizar la institucionalidad de los derechos fundamentales, para señalar las instituciones y las leyes que no funcionan y para generar procesos de cambio y evolución legislativa, para amplificar la comunicación de un discurso reflexivo, contestatario, provocador, pero también conciliador, en suma, sanador.
El control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones de interés público.
Manifestar nuestra coincidencia a su causa nos permite refrendar nuestro compromiso con el derecho a la información, pero sobre todo expresar públicamente y de manera contundente que el ataque a la libertad de expresión por la vía judicial podrá ser legal, pero no justo. Como diría Ferrajoli, pueden darse normas positivas injustas y sin embargo existentes, y normas justas, pero no positivas y por eso inexistentes. Podemos contar con ordenamientos jurídicos producto de procesos legislativos perfectamente cumplidos, legales, pero con inconsistencia en la defensa y reconocimiento de derechos fundamentales.
Si en un principio la política fue el origen del derecho, hoy la política debe quedar constreñida al imperio y limitaciones de la ley. Todo estaría perdido, como dice Montesquieu, si el Poder Legislativo quedara unido al Poder Ejecutivo. La independencia de lo jurisdiccional, frente a lo político, es la garantía de la neutralidad moral de los poderes de la sociedad. De ese tamaño es la causa que ya no es suya, sino irremediablemente es nuestra. Hoy, como ayer, la defensa del derecho a la información es el antídoto, como diría José María Pérez Gay, al veneno lento de la realidad.