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Concesiones indígenas a cuentagotas

Aleida Calleja
Aleida Calleja
julio19/ 2016

La Silla Rota

El pasado 15 de julio el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó las dos primeras concesiones de uso social indígena en México para radio en FM. La primera de ellas es para una emisora que era permisionada desde el 2004 que opera en Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca llamada Jën Pöj (vientos de fuego) y la segunda es para las comunidades indígenas nahuátls de San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Zacatepec, en Puebla.

En su comunicado el IFT afirmó: “El Instituto reconoce que la existencia de estaciones sociales indígenas representa un reflejo de la pluriculturalidad sustentada originalmente en los pueblos indígenas de nuestro país y su fomento o promoción, permite conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Es una buena noticia que el IFT finalmente este destrabando los procesos administrativos para que comunidades y pueblos indígenas accedan al derecho que les confiere el artículo 2º de la constitución para operar y administrar sus propios medios de comunicación; sin embargo, lo está haciendo a cuenta gotas. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que los Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones a la letra facilitan el acceso a las frecuencias partiendo del reconocimiento del principio de autoadscripción como comunidad indígena, en la práctica este principio esta siendo vulnerado por el regulador al imponerle a estos grupos demasiados requisitos para demostrar que pertenecen a un grupo étnico, lo que de antemano les obstaculiza el goce del legítimo derecho que se les reconoce por ley.

Ejemplo de ello son precisamente estas emisoras, a las que se les dio la concesión solamente después de pasar por tortuosos procesos jurídicos y administrativos. En el caso de Tlaxcalalcingo inicialmente el IFT les negó la autorización aduciendo que no demostraban ser indígenas y  que no había espectro disponible sin presentar en ningún momento las pruebas que avalaran dicha negativa, por lo que las comunidades se ampararon ante el Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializado en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica que sobreseyó su amparo antes de celebrarse la audiencia constitucional y la prueba pericial para demostrar que sí eran indígenas y que sí había disponibilidad de frecuencias.

En el amparo en revisión tuvieron que presentar peritajes antropológicos, históricos y técnicos con lo cual se demostró su calidad de comunidades indígenas y la disponibilidad de espectro. En los hechos el IFT contradijo no solamente la constitución y la ley sino también sus propios Lineamientos que supuestamente facilitan el acceso a las frecuencias a este sector.

Similar proceso tuvo que pasar la emisora Jën Pöj, a la cual desde 2004 se le reconoció su carácter indígena en su título de permiso, pero por el marco jurídico en aquel tiempo se le obligó a la comunidad a conformar una asociación civil para acceder a la frecuencia. Pues resulta que el IFT puso trabas para hacer la transición de permiso a concesión porque supuestamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) no permite pasar de una asociación civil a una comunidad indígena, todo esto a pesar de que en el expediente estaban las actas de Asamblea comunitaria y todos los demás requerimientos que demostraban su carácter indígena. Un detalle interesante es que los peticionarios de esta concesión se enteraron de su autorización por el comunicado del IFT y no por vía directa, raro ¿no?

Sería deseable que el regulador cambie su práctica administrativa para que el acceso a las frecuencias por parte de comunidades y pueblos indígenas materialice los derechos que el marco jurídico les reconoce, como por ejemplo cumplir lo que a la letra dice el artículo 87 de la LFTR que le mandata promover y facilitar el otorgamiento de concesiones indígenas especialmente en aquellos lugares donde no existan concesiones, como era el caso de Puebla.

También sería deseable que los juzgados especializados en la materia atendieran a los principios legales antes mencionados. Pues no es la primera vez que desechan casos como estos, argumentando la falta de pruebas para comprobar el origen indígena de personas o comunidades, tal es el caso del amparo que interpuso Mardonio Carballo contra el artículo 230 (que iba contra la las lenguas indígenas) al que le contestaron que simplemente no acreditaba ¡ser indígena!

En otros temas

 La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión no resigna a la apertura de la radio a raíz de la licitación de frecuencias en AM y FM que llevará a cabo el IFT por mandato legal. En su boletín de prensa del 16 de junio establece en su punto seis que: “El hecho de que en más de 20 años no se hayan entregado concesiones comerciales, obedeció a políticas de consolidación y desarrollo de la Radio, y respeto a políticas de mercado y una adecuada administración del espectro.” O sea que la política discrecional de entrega de frecuencias y la cerrazón del mercado para la entrada de nuevos jugadores es para ellos una adecuada administración del espectro. Vaya visión tan patrimonialista para un Bien del Dominio de la Nación, ¿hasta cuando entenderán que el espectro no les pertenece sino sólo se les concesiona?

Tan acostumbrados están a esa lógica que el día de ayer emitieron un desplegado en donde afirman lo siguiente: “Existe una forma legal de dar solución a la problemática en cada una de las instancias, que debe ser de manera particular, bajo criterios flexibles y transparentes, analizando la mejor solución  para  la operación eficiente y responsable de las estaciones”. En pocas palabras piden el retorno de las negociaciones bilaterales, discrecionales, en lugar de licitaciones abiertas y competitivas.

Red Compartida. De nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes retrasa el proceso licitatorio de la Red Compartida y será hasta enero de 2017  que se concrete la entrega de la concesión a la empresa que resulte ganadora. Este proyecto que es uno de los más importantes de la reforma de telecomunicaciones tiene más de dos años de retraso en su ejecución, no es buena señal un retraso más.