No existe herramienta más poderosa de transformación social que la Internet y las telecom; son un servicio público y un derecho fundamental. Nadie debe quedar marginado de una conexión, ni de la comunicación enriquecida que ofrece la tecnología. La universalidad de estos derechos supone ofrecerlos en igualdad de condiciones para todos, no debe existir comunicación de primera o de segunda.
Independencia de regulador. Los órganos autónomos constitucionales son creados para tutelar un derecho fundamental como el acceso a las TIC y garantizar la prestación del servicio público de telecom.
La autonomía del IFT supone la capacidad de darse a sí mismo normas sin presiones externas o internas (auto y nomos). Su marco normativo, independencia política, carácter técnico y asepsia en la designación de comisionados lo legitiman.
La actuación de un regulador en un entorno metamórfico por la innovación y nuevas formas de negocio lo obliga a ser epistemológicamente sólido, por eso el análisis regulatorio del IFT no debe ser sólo en competencia. La deliberación debe ser multidisciplinaria porque la materia regulada lo es. Componentes de economía, derechos fundamentales, tecnología, política pública y diversidad cultural permiten una mejor comprensión de un objeto de estudio complejo y dinámico como las TIC.
En suma, la regulación es progresiva: se le llama modulación regulatoria. La autonomía del regulador es para que sus resoluciones sean técnicas, para no dejarse amenazar por la escasa racionalidad de analistas y elementales líderes de opinión.
Influencia y cosas peores. Para generar influencia sobre el regulador diversos analistas se excusan en su materia: economía, derecho u ocurrentes datos sueltos. Algunos amagan con expresiones como “captura regulatoria”.
Vamos a decirlo claramente: la suplencia de argumentos por amenazas o citas a documentos superados reflejan escasa capacidad de análisis. El estudio de la OCDE, por ejemplo, es la referencia a la gloria y el infierno.
La propia OCDE anotó precisiones a la ley secundaria: “prescribir detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente”. Los legisladores no atendieron la recomendación.
También indica la OCDE: “las medidas que el IFT puede imponer a los agentes preponderantes y a aquéllos con poder sustancial de mercado (PSM) deben estar alineadas, y la legislación secundaria debería procurar reducir al mínimo las incongruencias entre estos dos procedimientos. En la iniciativa actual, esos dos conjuntos de obligaciones no son perfectamente congruentes entre sí. La ley contempla algunas obligaciones que pueden imponerse a los agentes con PSM, mientras que la misma ley contiene una lista mucho mayor de medidas para los agentes preponderantes. Puesto que estos dos procedimientos son las dos caras de la misma moneda, ambos conjuntos de medidas deberían ser idénticos”.
Afirma la OCDE: “resulta difícil justificar tarifas asimétricas de operadores que llevan en el mercado muchos años”. Es decir, los cargos asimétricos son para favorecer a entrantes por tiempo limitado. Lo anterior no se plasmó en la ley. También se ignoró el acceso universal y a los desconectados. El documento de la OCDE es omiso en el tema. Refugiarse en él para evaluar el presente es falta de rigor, pereza intelectual.
Conectar a los desconectados, enriquecer su comunicación, diálogo multidisciplinario para regulación técnica y aséptica, esos son los desafíos.
¿No regular? Nadie puede proponer la eliminación del ejercicio regulatorio; debe continuar bajo los principios de modulación y progresión. El statu quomantiene privilegios, los incrementa, lesiona derechos. ¿Alguien puede pensar en abandonar la herramienta más poderosa para detonar la economía del conocimiento? Mucho menos cuando tenemos a 50 millones de desconectados y un entorno en TV de paga que incrementa tarifas, inhibe pluralidad y segrega canales competidores como los de TV Azteca, Canal 54 y PCTV. La oferta de contenidos del incumbente en TV de paga es un cuasi monopsonio.
Estos mismos analistas atacan la red compartida y evitan inversiones rurales. El espectáculo de la ignorancia que exhiben se manifiesta cuando la diatriba suple la inteligencia y la descalificación al argumento. Abierta confesión de desesperación y de sus históricas formas de actuar ante quien piensa diferente a ellos.
Sus señalamientos a la Amedi dan confianza y confirman la capacidad de influencia de nuestra asociación de presentar argumentos sólidos y serios. Algo dañamos en su estrategia y por ello responden amenazantes, chantajistas y sofistas. Algo les dolió. Me encanta que nos sigan mencionando, porque se confiesan asustados, inseguros.
Faltan varios meses para la resolución de preponderancia y ya han cometido errores, como creer que la Amedi ya se pronunció. Se equivocaron o alguien los asesoró mal. Eso habla de su nerviosismo. Ese es el poder de la Amedi: provocar cambios en la política de comunicación y temor a quienes viven delestablisment. Estamos acostumbrados, ya los conocemos, sabemos quiénes son y cómo se comportan. Ahora conocemos sus miedos.