• Lunes, abril 24, 2017

Audiencias: ignorancia y falta de liderazgo

Jorge Fernando Negrete
Jorge Fernando Negrete
abril17/ 2017

Artículo publicado en Reforma

Los diputados Lía Limón, Federico Döring y el senador Francisco Búrquez no exhiben sólo su ignorancia, sino una nauseabunda conducta pocas veces vista contra un sector vital del derecho a la información como son las audiencias.

Su deliberada actuación se explica por la inconcebible ignorancia jurídica y pericia legislativa de varios legisladores, entre ellos el senador Búrquez, y por una impúdica pretensión orquestada por Lía Limón del Partido Verde y de Federico Döring del PAN.

El movimiento en la Cámara de Diputados fue tan fétido que los diputados de Movimiento Ciudadano se retiraron, reculando su actuación, acercándose a la sociedad civil y haciendo propios los reclamos. ¿Es una contrarreforma? Aparentemente sí, y el efecto jurídico es mayúsculo. Hablamos de anular los derechos de las audiencias reconocidos por la ley en toda su extensión.

Lo que inocentemente comenzó con un debate legítimo para distinguir entre información y opinión en noticieros, se transformó en una estrategia para, como dice Raúl Trejo Delarbre, “favorecer la publicidad encubierta”. El tema era tan debatible que en la misma Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) surgió una reflexión pública sobre el tema, pero nadie sostuvo que la consecuencia debería ser la amputación de las facultades del IFT, el desmantelamiento del régimen jurídico de las audiencias, la transformación de los defensores de audiencias en empleados de las radiodifusoras y la eliminación de las facultades sancionadoras de la autoridad autónoma.

El régimen de protección de las audiencias pasaría de una acción regulada por un órgano autónomo constitucional y técnico, a una acción de supervisión administrativa del gobierno federal, con inevitables negociaciones políticas en periodo electoral y un abandono de la figura del defensor de las audiencias y sus códigos deontológicos.

Pero el tema que más me apena es la destrucción del concepto de servicio público. El artículo 256 de la LFTR dice que “El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones, brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución”.

Por primera vez, una figura jurídica, instituida por casi la totalidad de las leyes en América Latina y reconocida como aporte de México, se ataca de raíz, buscando eliminarla y desnaturalizar la institución del servicio público.

Es el servicio público, prestado en condiciones de competencia y calidad, el que da satisfacción a los derechos de las audiencias. ¿Cómo? No sólo garantizando el servicio tecnológico en las condiciones técnicas establecidas por la autoridad, sino habilitando el derecho de acceso a la cultura establecido en el artículo 4to. constitucional y preservando la pluralidad y veracidad de la información.

Es decir, el servicio público actúa como una institución jurídica que habilita el ejercicio de la acción económica, tecnológica, cultural e informativa de manera simultánea, para garantizar el acceso a la información en las condiciones más objetivas posibles.

Es el concepto de servicio público el que se busca desnaturalizar, porque haciéndolo se desarma una institución jurídica primigenia del Estado mexicano, regresando a la definición de la antigua Ley Federal de Radio y Televisión sólo de interés público, misma que sirvió de apoyo para los negocios con el gobierno y los partidos.

He sostenido que el IFT tiene un problema de identidad. Trabajando bien, se siente mal; desahogando la agenda regulatoria más extensa de América Latina se siente vulnerable. Contando con el reconocimiento internacional por su liderazgo, termina ejerciendo regulación de hace 20 años; pudiendo demostrar, se esconde.

El presidente Peña Nieto y los partidos buscan la legitimidad de la sociedad y el IFT, teniéndola, grita en un cuarto trasero. Cuanto más defendemos esa institución, sentimos que le apenan los apoyos. Cuando la necesitamos fuerte y como líder, señala respeto a las instituciones que le reclaman sus facultades. El ataque a las atribuciones del IFT y al sistema jurídico de defensa de las audiencias es de la mayor importancia para el sistema democrático de México. No hay batalla más importante en este momento del derecho a la información que la defensa de los derechos fundamentales reconocidos por la ley que buscan desaparecer este clan de pillos legislativos.

Twitter: @fernegretep